Naufraga por SAT turismo de yates

Para los yatistas extranjeros, la Secretaría de Hacienda se ha convertido en el pirata más temido.

Después de un megaoperativo del SAT en varios puertos en noviembre pasado, decenas de dueños de yates están huyendo del País con sus embarcaciones.

Esto, ante la amenaza de ser embargados por presuntos fallos en un trámite de sólo 50 dólares.

María Teresa Celis de Grossman, presidenta de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, consideró excesiva la medida ejecutada por la Administración General de Auditoría al Comercio Exterior (AGACE).

«La noticia ha causado gran alarma entre los yatistas, quienes ya se han ido de varias marinas; se han cancelado reservaciones, regatas, etcétera», lamentó.

El 26 de noviembre del año pasado, al inicio de la temporada alta, que concluye en febrero, el SAT desató operativos en al menos 11 marinas del País para corroborar la estancia legal de yates y lanchas.

Las embarcaciones turísticas están libres de impuestos, pero el Gobierno federal cobra 50 dólares por un Permiso de Importación Temporal por 10 años.

El formato de este permiso es el mismo que se usa para registrar automóviles, aunque los datos que tiene un yate son diferentes, lo que habría generado confusiones burocráticas y confiscaciones sin motivo real.

En los operativos de noviembre se embargaron 338 embarcaciones, algunas con un valor superior a los 4 millones de dólares, pero la mayoría pertenecientes a estadounidenses jubilados.

Los inspectores realizaron las revisiones en puertos como San Carlos, Guaymas, Los Cabos, Vallarta, Cancún y Acapulco.

Hasta la semana pasada, sólo habían sido liberadas 26 embarcaciones: 16 en Vallarta y 10 en Los Cabos.

De acuerdo con información reciente de AP, fuentes de Hacienda señalaron que ésta podría tardar hasta cuatro meses en decidir si libera los yates o los vende en subasta.

«Esperamos que nada más los multen y no decomisen las embarcaciones, pues, si la AGACE confisca, aun cuando sea un yate de millones de dólares, por no tener un permiso que cuesta 50 dólares, le va a dar miedo a los yatistas venir a México», dijo Celis.

La propietaria de Marina San Carlos, donde el SAT incautó 92 embarcaciones, lamentó que fueran errores burocráticos en los formatos de importación, o desconocimiento de los mismos por parte de los inspectores, lo que pusiera en jaque al turismo extranjero.

«Llegan los inspectores acostumbrados a revisar vehículos, ven permisos viejos y no los reconocen, por eso embargaron».

El comisionado de Turismo en Sonora, Javier Tapia Camou, consideró que el operativo de decomiso no tenía bases.

«Es más el problema que se causó que los beneficios».

‘Estamos diciendo ‘no vengan»

Tras el aparatoso operativo del SAT, que inmovilizó 338 embarcaciones, empresarios de Los Cabos dijeron fue un acto de «terrorismo fiscal» mal planeado y que el daño a México es incuantificable en imagen.

«El daño a México y Los Cabos es de imagen, porque se han perdido clientes. Hay miedo a México. No está cuantificado aún, pero estoy seguro de que va a tener un efecto de millones de dólares», dijo un miembro de la Asociación de Marinas en Los Cabos que pidió omitir su nombre.

«Les estamos diciendo que no vengan. Aquel que iba a comprar una casa, un terreno, no va a comprar nada», sentenció.

Criticó que, no conformes, las autoridades tributarias se fueron de vacaciones en diciembre y tal parece que esperan a que pasen los tiempos legales y algún extranjero no reclame su yate para quedarse con él.

«El escándalo en Estados Unidos es mayúsculo. Esto equivale a que una persona le quiten su casa por un error de dígitos», dijo.

«En plena temporada alta, el mensaje es; ‘no vengas a México porque te puede quitar, la autoridad, tu embarcación».

En Los Cabos se aseguraron 19 de 300 yates revisados, y después de 50 días, apenas han regresado 10 a quienes, en el momento del operativo, no tuvieron a la mano o tenían vencido el permiso de Importación Temporal que se paga vía internet o en Banjército.

‘Es absurdo, viajamos por todo el mundo’

En Ensenada, Sam Robinson, de 57 años, originario de Australia, comentó que, después del operativo realizado por el SAT para revisar los pedimentos de importación de las embarcaciones, algunas obligaciones son difíciles de cumplir.

«Tenemos veleros que provienen de todo el mundo, los del Gobierno vinieron y básicamente pidieron dos cosas: una, que el nombre del pedimento de importación de la embarcación coincida con tu identificación», platicó.

«Y dos, que absolutamente todos los números de las partes del motor y el motor mismo coincida con el número del pedimento de importación.

«Pero es absurdo. Somos personas que viajamos por todo el mundo, y es muy posible que hayamos hecho cambios sustanciales (en el motor) en botes o veleros después de muchos años de navegar».

Robinson informó que muchos dueños de embarcaciones ya ni siquiera recuerdan dónde hicieron el cambio de partes de las embarcaciones.

«Somos personas que no necesitamos facturas o notas de compra, por eso no las tenemos», indicó.

Dijo que él regresará a Australia pronto, pero que sabe de al menos 30 propietarios cuyas embarcaciones fueron incautadas debido a que no pudieron comprobar el origen de las partes de sus botes o veleros.

«Yo no sé cómo le van a hacer algunos amigos porque no son de México, vienen de Francia o de Inglaterra, y sus embarcaciones fueron incautadas por el Gobierno», señaló.

REFORMA