Para Amnistía Internacional el caso de Alberto Patishtán es una viva muestra de una situación que se vive rutinariamente en México y que es la negación de la justicia para los integrantes de las comunidades indígenas.
En el caso de Patishtán es evidente cómo no se tuvieron en cuenta las pruebas de descargo, las incongruencias e inconsistencias en los testimonios que lo acusaban, ni las deficiencias en la defensa y ninguno de estos elementos que por sí mismos destruían la validez de un proceso penal viciado.
En este sentido, el sistema de procuración de justicia en México no sólo no tuvo en cuenta de origen todo lo anterior, sino que durante 13 años ha preferido no mirar el contenido y las pruebas que realmente existen y no valorar si el proceso fue justo o no.
El representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, señaló que cuando no se ha querido revisar el proceso, valorar las pruebas, tener a un inocente, cuya culpabilidad no se ha podido demostrar, en la cárcel, resulta inaceptable y en este caso es imprescindible que Alberto Patisthán quede en libertad.
Esta liberación no constituye el acceso a la justicia por el cual el profesor seguirá luchando hasta que se reconozca esta falta de justicia en el proceso pero es imprescindible. «Tener a una persona en la cárcel cuya culpabilidad no se ha podido demostrar mediante un proceso judicial justo no le hace ningún bien a la justicia en México».
Dijo que el indulto que se otorgará al profesor es una medida imperfecta porque sigue sin haber una revisión del proceso, sin haber justicia pero al menos puede haber libertad.
En este caso, como en otros que ha revisado la organización existen varias constantes, como la negación al acceso de justicia a integrantes de comunidades indígenas.
Refirió que la aplicación de la justicia en México resulta discriminatoria para las comunidades indígenas y las personas que no tienen recursos económicos que puedan permitir un acceso adecuado a la justicia, y tal parece que se encuentran ante un sistema de justicia distinto al que se enfrentan quienes sí tienen acceso a abogados de calidad.
«Hay una aplicación discriminatoria de la justicia penal en México que afecta principalmente a las personas que integran las comunidades indígenas», señaló.
Dijo que Amnistía Internacional revisa otros casos de indígenas presos y en los últimos años ha acompañado más de 15 casos de personas que finalmente obtuvieron su libertad y que fueron declarados presos de conciencia dado su activismo en pro de sus comunidades.
Sin embargo, estos casos no representan la totalidad de la problemática en México pero son representativos en el sentido de que sabemos que hay muchos más.
Por Estela Juárez Aguilar
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