Propone PRI dar garantía a deudas

Con el aval de Hacienda, el PRI presentará hoy en el Senado su receta para aliviar las deudas de estados y municipios: que el Gobierno federal sea garante de los créditos comprometidos a cambio de que los poderes locales cumplan con requisitos de responsabilidad financiera.

El proyecto, en poder de REFORMA, contempla la creación a un nuevo mecanismo denominado «Deuda Estatal Garantizada» (DEG), a la que sólo tendrán acceso los Gobiernos locales que cuenten con ciertos requisitos, como finanzas sanas y capacidad de pago.

«Se propone facultar al Gobierno federal a respaldar el endeudamiento de dichos órdenes de Gobierno que se contrate bajo la modalidad de Deuda Estatal Garantizada», se establece en el documento.

«La DEG contará con la garantía del Gobierno federal sujeta a la suscripción de un convenio entre el estado y la Secretaría de Hacienda. Su acceso será gradual y dependerá del cumplimiento permanente del convenio».

En el proyecto de los priistas -analizado ayer por la tarde con el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher- se advierte que la reforma no pretende rescatar a los Gobiernos locales que se encuentran en problemas, pero tampoco castigarlos.

«La DEG no es un mecanismo de rescate, ya que las obligaciones de pago siguen siendo de las entidades», señala.

«La iniciativa no constituye una dádiva o una penalización a las entidades, sino que busca fomentar su solidez financiera en beneficio de México».

El plan del PRI prevé reformas constitucionales, a cuatro leyes secundarias y la creación de la llamada «Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios». El objetivo, establece, es moderar el endeudamiento y reducir el costo del financiamiento.

A diferencia de las iniciativas impulsadas por el PAN y el PRD, los estados sólo deberán realizar gestiones ante el Gobierno federal, pero no requerirán de la autorización del Senado y no estarán sujetos a la fiscalización de la Cámara de Diputados.

La propuesta del PRI establece algunos límites para evitar excesos en los niveles de endeudamiento, ya que las entidades no podrán superar el equivalente del 75 por ciento de sus ingresos disponibles.

A su vez, Hacienda no podrá convertirse en garante por deudas estatales que superen el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Los estados no podrán registrar déficit en sus finanzas, salvo en casos excepcionales que tendrán un tiempo límite para regresar al equilibrio.

Las prohibiciones, quedarán establecidas en la nueva Ley de Disciplina Financiera.

Para garantizar el uso prudente de la deuda, sólo podrán afectarse las participaciones federales hasta cierto límite.

«Sólo podrán afectar participaciones par apagar sus créditos incluyendo el gasto de inversión en proyectos de presentación de servicios-cuando sus obligaciones respaldadas con las mismas no rebasen el 75 por ciento de los ingresos disponibles», detalla.

Los estados podrán endeudarse siempre y cuando los recursos no sean destinados al gasto corriente, sino a proyectos de inversión que garanticen la recuperación de los recursos, como la infraestructura, con objetivos cuantificables y proyecciones a corto y mediano plazos.

«Se prevé expresamente la prohibición para los estados y municipios para contraer empréstitos u obligaciones para financiar su gasto corriente (…) incluyendo gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como las transferencias y asignaciones», se lee en la exposición de motivos de la reforma constitucional.

REFORMA