Reforma a las telecomunicaciones ¿Política de altos vuelos o reestructuración de monopolios?

Por Imanol Caneyada/

Nunca en la historia reciente del país, una iniciativa de reforma de ley había contado con el consenso, el respaldo y el beneplácito de todos los sectores sociales como la de telecomunicaciones.

Nunca en la historia reciente de México, líderes de izquierda, derecha y centro, unidos a los grandes emporios de la telecomunicación, habían desfilado ante los medios de comunicación para alabar las bondades de una reforma a un sector que había permanecido durante décadas intocable, impune y privilegiado, por el poder que tenía y tiene.

La trascendencia de la reforma al sector de telecomunicaciones es comparable e incluso supera a las reformas a la ley electoral a principios de los noventa y la creación del IFE.

Es probable, como coinciden casi todos los expertos que han abordado el tema, que sea la primera vez en muchas décadas que este país experimente los beneficios reales de un diseño de política pública en un área estratégica y fundamental para el desarrollo y futuro de los mexicanos.

Después de doce años de reformas fallidas, a medias, parchadas o truculentas, después de dos sexenios de esperar reformas estructurales de alto alcance producto de la famosa transición, el sector más poderoso de México, incluso por encima del propio Estado, podría sufrir una serie de transformaciones inéditas e históricas.

El consenso existe y el camino parece allanado desde el principio.

¿Pero estamos realmente ante una reforma de alto calado, como las que los sectores energético, fiscal, educativo y político debían haber tenido, o ante una estrategia para que los consorcios de la telecomunicación sean más ricos y poderosos? ¿Es esta la reforma que permitirá la democratización de las telecomunicaciones?

Fin a los monopolios

El escenario en que se da la propuesta del Ejecutivo para reformar el sector es kafkiano.

En México, actualmente, Carlos Slim controla el 80% de la telefonía fija y 70% de la telefonía celular. Mientras que Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego acaparan el 94% de las frecuencias para televisión comercial.

Estos tres señores feudales de la telecomunicación han acumulado tanto poder que, como en los tiempos feudales, han puesto y pueden poder en jaque la estabilidad del Estado mexicano.

Llama la atención que sea el actual Presidente, a quien se le acusó durante toda la campaña electoral de ser un títere del duopolio televisivo, quien haya lanzado una iniciativa que, entre otras muchas cosas, romperá con los monopolios del sector.

Una vez que se dé la reforma, ninguna empresa podrá acumular más del 50% del mercado de la televisión abierta; por ello, la iniciativa contempla la licitación de dos canales nacionales más, con la prohibición expresa de que Televisa y TV Azteca participen, con lo que automáticamente, ambas cadenas verán reducido su alcance a menos de la mitad.

A lo anterior hay que añadir que cuando se termine con la conversión digital de forma definitiva, programada para el 2015, ni el consorcio de los Azcárraga ni el de los Salinas Pliego podrán utilizar los espacios extras resultantes de esta conversión (la tecnología analógica ocupa mucho más espacio del espectro nacional que la digital).

En cuanto a la televisión de paga, que hoy en día llega al 40% de los hogares mexicanos, podrá transmitir los canales de televisión abierta sin que estos puedan regatearles su emisión, aunque las compañías de cable estarán obligadas a pagar por el servicio.

En el caso de la telefonía fija y celular, la reforma obligará a las empresas que acaparen más del 50% de los usuarios, como es el caso de Telmex y Telcel, a vender sus activos hasta cumplir con el porcentaje establecido.

Estado rector y conectividad

Uno de los aspectos de la reforma que más han alabado los expertos en el área, los partidos políticos y los líderes de opinión es la creación del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Con ello, coinciden en general, el Estado asume su papel rector en un sector tan estratégico y poderoso en estos tiempos, se garantiza la autonomía de la institución respecto de las decisiones, adjudicaciones y pleitos entre actores del área, y las políticas públicas que se desarrollen supuestamente no estarán sujetas a los intereses de los particulares, sino que beneficiarán a la ciudadanía.

La iniciativa propone que el Instituto sea dirigido por seis ciudadanos independientes y con el perfil adecuado, propuestos por el Ejecutivo pero elegidos por el Senado de la República.

Junto con la creación de este organismo, se contempla la apertura de tribunales especializados que diriman con celeridad los pleitos derivados de la competencia en el sector; de esta forma, pretenden acabar con conflictos jurídicos que han durado más de una década.

De todos los objetivos que se plantea la reforma, el de mayor impacto ciudadano es el de acabar con la famosa brecha digital, que en el caso de México es un verdadero abismo.

En la actualidad es sabido que aquellos individuos, grupos o pequeñas empresas que carecen de conectividad, están en franca desventaja de desarrollo y bienestar frente a quienes cuentan con ella.

La reforma incluye un ambicioso plan de llevar internet gratuito y de alta velocidad a los sectores rurales de todo el país, a las áreas urbanas marginales y a las pequeñas y medianas empresas, de forma que cuenten con las herramientas digitales para competir en el mundo actual.

De concretarse lo anterior, México se incorporaría plenamente al siglo XXI, coinciden los expertos, y las oportunidades de crecimiento y desarrollo serían más parejas.

Los peligros

Si bien es cierto que en términos generales la iniciativa de reforma ha sido acogida con entusiasmo y beneplácito, hay dos cuestiones que amenazan con ensombrecer la reforma.

Una, el enorme poder que acumularía el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que sería juez y parte del entramado, y podría convertirse en un instrumento de manipulación, intimidación y coerción todopoderoso; las disputas partidistas por su control podrían acabar con su autonomía, como le ha pasado al IFE en los últimos años.

La otra, la incursión de la inversión extranjera al cien por ciento en el sector satelital y de telecomunicaciones y al 40% en el mediático.

Grupos como Morena consideran esto una amenaza a la soberanía nacional; y no les falta razón, el sector es tan estratégico en la estabilidad de un país como el energético y el militar.

Tal vez, la reforma no implique más que poner fin a un pleito que tiene ya muchos años entre América Móvil (Slim) y el duopolio televisivo.

El primero acapara el sector de la telefonía y el segundo el de la televisora. Con la reforma, podrían terminar repartiéndose el pastel entre los tres, de forma que Televisa y TV Azteca tengan más acceso a la telefonía y América Móvil a la televisión.

Por ello, la reforma amerita una extrema vigilancia más allá del canto de las sirenas.