Reviran con documentos a Gándara

Por Rigo Gutiérrez E./

En réplica a lo expuesto por la administración de Javier Gándara, la regidora Natalia Rivera, muestra sus expedientes y sostienen señalamientos de irregularidades

Ante las respuestas de la pasada administración de Javier Gándara, por acusaciones directas de presuntas irregularidades ―publicada la semana pasada― los regidores priistas esgrimen nuevos argumentos y sostienen sus señalamientos.

Son tres los asuntos en medio del debate: la venta del rastro municipal TIF, la regularización de un predio en el Vado del Río a un sobrino de Juan Valencia, actual dirigente estatal del PAN; y la compra e instalación de 100 mil “medidores fantasmas”.

Los ediles priistas insisten que cada caso está salpicado de irregularidades, de ahí la sugerencia a diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso, para instruir al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado (ISAF), una investigación especial.

Es la regidora Natalia Rivera, quien expone la réplica y con expedientes en mano va desglosando y añadiendo elementos determinantes, apuntando a trámites opacos gestados desde el interior del Cabildo de Hermosillo, con un interés particular.

TIF: Una venta sin valor

Son tres vertientes por las cuales, Rivera Grijalva considera la venta de la Planta TIF, como una lesión a los bienes de los hermosillenses.

En principio porque el argumento del exalcalde Gándara Magaña, de sostener un inmueble que representaba un gasto para el Ayuntamiento, no tiene lugar. Y es que según la contabilidad del rastro municipal, en el lapso 2006-2009 el déficit en la operación iba de los 4.8 millones a los 3.8 millones de pesos, pero en 2010 se disparó a 7 millones de pesos. De esta forman, deducen los regidores, pretendían llevar a la quiebra para justificar la venta.

Pero apenas se abría camino a la subasta del rastro. Aún tenía que pasar por Cabildo y fue ahí donde quedaron los elementos más evidentes.

Rivera Grijalva explica que a pesar de la aprobación por parte de los regidores de la Comisión de Transparencia ―a quien se les encomendó la discusión y venta del inmueble― no contaban con esa atribución, según se observa en el artículo 68 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Hermosillo.

Pero la también secretaria general del PRI en Sonora va más allá y apunta que el Cabildo ignoró la Ley General de Contabilidad Gubernamental ―obligatoria para ayuntamientos― de la cual se desprende: “en caso de bienes inmuebles no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda”.

Y es que la mencionada Comisión aprobó establecer un mínimo de venta por 27 millones de pesos, cuando los avalúos del predio llegaban hasta 47.2 millones de pesos.

“Entregan” predio de Vado del Río

Sobre el proceso de regularización de un predio de 30 mil metros cuadrados en el Vado del Río, adquiridos por Trinidad Ayala Valencia, sobrino de Juan Valencia, dirigente estatal de Acción Nacional, la regidora priista vuelve a la carga y aclara que de origen el proceso fue elaborado a conveniencia.

Más allá de ser un terreno de alta plusvalía vendido a precio de ‘ganga’, fueron violadas algunas leyes para tal efecto. Así lo explica:

La resolución judicial otorgada en junio de 2004 a Trinidad Ayala no cuenta con peso necesario para obligar a la regularización, la razón: la resolución anota que “salvo prueba en contrario que rindiera parte legítima de los hechos consistentes en: que es poseedor desde el mes de febrero del año 2004 del terreno ubicado…”.

Así, la juez Jesús Laborín Gálvez, sólo reconocía la posesión, sin embargo para obtener la propiedad se requería que no existieran pruebas en contrario. De ahí que el Ayuntamiento, a través de su área de Sindicatura debió reclamar que ese predio.

Pero también, la autoridad municipal faltó a la Ley de Gobierno y Administración Pública para Sonora, donde en referencia a los Bienes de dominio público y privado de los municipios, dedica dos artículos para estos casos.

El 189: “Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y sólo podrán enajenarse previa su desincorporación por parte del propio Ayuntamiento”.

Además el artículo195, en relación a la desincorporación indica: “se requerirá el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del mismo, cuando por algún motivo dejen de ser útiles para fines de servicio público…”.

Ante esto, la regidora Grijalva concluye que la autoridad municipal prácticamente entregó un bien dejando de lado reglamentos y su obligación. La reducción a la mitad del valor catastral del terreno y la posterior aprobación en Cabildo para regularización fueron consecuencia de una serie de actos ya viciados de origen que, terminan con la venta casi total de los predios al dirigente albiazul en Sonora en 2010.

¿Dónde quedaron los medidores?

El caso de los “medidores fantasmas” parece un rompecabezas. La pasada administración detectó un déficit de casi 100 mil medidores en la ciudad. A través del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) de la Comisión Nacional del Agua, el Ayuntamiento obtuvo recursos para adquirir de dos proveedores estos artefactos, con un valor de 27.3 millones de pesos. Posteriormente diez contratistas se encargaron de instalar poco más de 60 mil medidores, con un costo de 18.1 millones de pesos. En total ―compra e instalación― Aguah pagó 45.4 millones de pesos.

Hasta ahí, según cifras de la administración gandarista, quedaron alrededor de 40 mil dispositivos que, conforme caminó el trienio instalaron la mitad. El resto quedó en almacén.

Pero la regidora Natalia Rivera presenta otros números.

De entrada, califica como un “absurdo” la posibilidad de que en Hermosillo cada año se deterioren alrededor de 30 mil medidores ―cifra revelada por el ex tesorero municipal Sergio Salido―, en contraste recuerda una declaración de Rogelio Larrinaga, subdirector comercial de Aguah, quien dijo que cada año se descomponen alrededor de 12 mil medidores.

En medio de los miles de potenciales medidores robados o descompuestos del 2010 a la fecha, la regidora priista considera increíble que nuevamente el ayuntamiento con Alejandro López Caballero al frente, se disponga a comprar otros 100 mil medidores.

“Quién miente, el que dice que los dejó instalados o el que dice que los necesita, no digo que mienta Javier Gándara”, cuestiona Rivera.

Y es que recuerda que fue en la sesión del 17 de junio de este año, cuando el Cabildo autorizó a Aguah contratar un crédito con instituciones financieras por un monto de 150 millones de pesos. De esta cantidad se estima 67 millones de pesos serán destinados a la compra de medidores. La licitación fue publicada el 18 de septiembre.

En este tenor, adelanta Rivera, solicitarán a Aguah de Hermosillo un padrón de los domicilios con nuevos medidores en el periodo 2010-2011, para verificar si fueron instalados.

Presión al ISAF

“Nosotros vamos a presionar al ISAF, mi expectativa con Eugenio Pablos ―auditor mayor― no es mucha, pero lo vamos a presionar de tal suerte que haga la investigación y si procede inicie el procedimiento legal”, advierte la regidora Rivera.

Y es que añade, el ISAF cuenta con las facultades legales como para actuar, aunque por otra parte, ya están tocando puertas en otras dependencias como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, a estas dos dependencias entregaron sendos expedientes debido a que tanto la compra como instalación de los 100 mil medidores, fueron con recursos federales de Prodder.