San Antonio de la Huerta, contaminado y explotado

Por Rigo Gutiérrez E. y Gerardo Moreno/

Han pasado dos horas de camino serpenteando por la sierra. Grisácea vegetación bordea el trayecto. Una fina capa de polvo queda suspendida en el aire con el rodar del auto. “San Antonio de la Huerta 8”, era el oxidado señalamiento antes de pisar terracería. Pareciera que aquí no ha llovido en años.

Como si se tratara de un volcán, a lo lejos se puede observar un tajo de tierra rojiza que emerge entre los cerros, es la mina “Libertad”. Camino abajo, el paisaje comienza a pintarse arbolado. El ejido, está asentado en la afluente del Río Yaqui.

El sol quema intensamente al medio día y la actividad en el poblado luce normal: un llano campo de beisbol en la entrada, un boulevard con excavaciones, una plaza barrida de palmo a palmo, un papá apresurado llevando a un menor al centro de salud, dos jóvenes clavando una herradura en la pata delantera de un caballo, el despachador de la tienda Conasupo a la espera de clientes.

―¿Gusta un vaso con agua? ―pregunta el ejidatario que aceptó recibirnos en el porche de su hogar―. El agua es fresca, sin sabor, pura, purificada. A pesar de tener el río a menos de cien metros, nadie se atreve a tomar agua de ahí, menos de los pozos. Niños y adultos han padecido enfermedades estomacales y creen saber por qué: está contaminada.

Y es que fue el año pasado cuando los actuales operadores de la mina ―Zaruma Resources Inc. y Minerales Libertad S.A. de C. V.― tuvieron una contingencia ambiental afectando a los más de 300 pobladores de San Antonio.

Mientras se mece en su silla de madera, el ejidatario anfitrión hace memoria y explica:

―El problema salió con las lluvias del año pasado. Se reventó una de las válvulas de la tubería de agua en la mina y todos los desechos fueron arrastrados por el arroyo, cayeron en el represo, pasaron por en medio del Ejido y dieron hasta el río. Esa vez hubo casas inundadas con agua sucia. Nada más dejó una capa verde por encima.

Conocedor del proceso de extracción de oro en la mina, el hombre abunda que la empresa se abastece de agua por un pozo adyacente al río. Desde ahí se bombea. Posteriormente la mezclan con ácidos para separar los metales. Después los líquidos contaminados se almacenan en estanques de desechos, llamados “jales”.

Otro ejidatario se une a la plática. A él lo acompaña un niño que corretea alrededor de las sillas mecedoras. El juego del pequeño lo interrumpe el llamado de una mujer. Entra a la vivienda de paredes anchas y desde la puerta se asoma tímidamente para escuchar los relatos.

―Cada seis años, el Ejido firma contrato con las empresas mineras que vienen a trabajar. Con esta lo hicimos, pero desde septiembre del año pasado se les venció y han pasado situaciones graves como la contaminación.

El joven residente, recuerda que fue entonces cuando los cerca de cien ejidatarios acordaron hacer un plantón en el acceso a la mina. El inicio lo marcó el 15 de marzo. Defiende que la protesta era pacífica. Distribuyeron guardias de día y noche.

La chispa del conflicto se generó el 5 de abril.

A lo lejos vieron cómo una nube de polvo se extendía sobre el camino, era el operativo de la Policía Estatal Investigadora y Policía Estatal de Seguridad Pública. La consigna: subirlos a todos sin mediar preguntas.

―No respetaron nada, a todos parejos nos subieron a las patrullas. Nosotros qué íbamos a hacer con ese operativo, que era como para un ‘narco’. Y cuando íbamos en el camino, hasta los policías estaban sorprendidos porque les habían dicho que estábamos armados y éramos violentos. Si nosotros éramos los afectados.

Sucio expediente

Con indignación, el joven recuerda los sucesos de esa tarde: primero estuvieron detenidos en la base de la Policía Estatal Investigadora, luego les tomaron declaración en la PGJE ―algunos ni sabían qué decir―, después los soltaron; en arraigo por 72 horas estuvieron cinco de los líderes ejidales, pues los nombres de ellos figuraban en la denuncia que hizo la empresa.

Eran acusados por de robo, despojo, violencia física y verbal. Finalmente, el gerente de la empresa retiró los cargos.

Ahora los 40 ejidatarios que fueron detenidos ―víctimas del atropello policial en la ejecución de la orden―, esperan la voluntad del gobierno de Sonora para que limpien su historial delictivo.

Pero ahí no termina el problema, sino que apenas se descorre el velo del desorden ecológico alrededor de esta empresa de capital canadiense.

Una de las principales exigencias de los afectados es la intervención de las autoridades como SEMARNAT y PROFEPA. Solicitan estudios de impacto ambiental a fondo, además revisar los permisos de operación. Y es que dudan de la validez y legalidad de los documentos, fundamentalmente por la relación de parentesco entre el actual jefe de seguridad de la empresa minera, con Germán Daniel González Siqueiros, jefe de la Unidad de gestión ambiental de SEMARNAT en Sonora.

Lejos del progreso

En las calles de San Antonio se respira tranquilidad. Pese al conflicto entre el Ejido y la empresa minera, lo único se escucha quietud y alguna que otra risa de niños jugueteando en los patios con los perros. Nadie trabaja hasta finiquitar el problema.

Aquí casi todos son gambusinos. Generación tras generación ―el pueblo fue fundado en 1749― han escudriñado las entrañas de esta tierra rica en metales preciosos. La búsqueda es el oro.

En las cocheras de las viviendas, además de autos, es común ver estacionada maquinaria pesada como retroexcavadoras o camiones de carga, herramientas esenciales para el trabajo diario.

Los habitantes trabajan en las márgenes del río o en los arroyos. Las profundidades donde encuentran material son de lo más variado, recientemente tiene que ir hasta los seis metros.

Al menos diez personas de este poblado trabajan para la mina La Libertad, los demás empleados son de poblaciones como Tonichi u originarios de otras entidades.

Los mineros tienen sus propios campamentos y comedores. No deja derrama económica a San Antonio, sino que la actividad económica la generan los mismos gambusinos.

La lista de peticiones del Ejido a la empresa minera, es extensa: renovar contrato ―al año cada ejidatario recibe 60 mil pesos―; reubicar el pozo que lleva agua a la mina; realizar obras de pavimentación en el pueblo; e instalar una planta de agua purificadora. Nadie quiere correr riesgos cuando tenga frente a sí un vaso con agua fresca, en un día caluroso.

*Las personas que accedieron platicar con “Primera Plana” en Ejido San Antonio de la Huerta solicitaron anonimato, por temor a represalias.