“Si no les gusta, apáguenle” ¿El gobierno como Tribunal de la Verdad?

Tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos  

Por Mónica Calles Miramontes

México vive un complejo contexto de erosión democrática. Tras la elección de 2024, con una ilegítima mayoría calificada en el Congreso, el poder político ha ido desmantelando uno a uno los contrapesos del Estado. Importantes órganos autónomos fueron eliminados, el árbitro electoral fue colonizado y la reforma judicial nos dejó sin un Poder Judicial independiente.

Ante la pérdida de tribunales capaces de actuar como un escudo para proteger a la sociedad de los abusos del poder, la libertad de expresión queda como la posibilidad real de retornar al camino de reconstrucción de la República.

No se trata solo de un derecho individual; es la última trinchera que le queda a la sociedad para señalar la injusticia cuando las vías institucionales dejan de funcionar, es la forma de denunciar la corrupción, es la voz que evidencia los datos y confronta la mentira oficial.

Por eso, dentro de este patrón de captura institucional, el paso siguiente es el control de los medios de comunicación, restringiendo nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del gobierno federal, ha anunciado la próxima emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos fueron presentados por el Ejecutivo como un “noble esfuerzo” por proteger al espectador de la información que recibe de los distintos medios de comunicación. La realidad es que estamos frente a la fiscalización de la información y un grave intento de censura.

Es importante destacar que, los derechos de las audiencias que se pretenden regular hoy no son un tema nuevo en México. Al menos en la última década, en varios momentos se han suscitado controversias por su regulación. Muchos de los temas que hoy se presentan como una novedad —tanto por voces a favor como en contra— son aspectos que ya habían sido analizados por la Suprema Corte (Amparo en Revisión 499/2020), el Poder Legislativo, o incluso regulados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2025. 

Sin embargo, todas estas controversias y análisis surgieron en un contexto muy distinto, porque existía el IFT —un órgano autónomo, técnico y especializado— que era el encargado de reglamentar (y vigilar respetando la autorregulación editorial) el cumplimiento del derecho de las audiencias. Todo ello, dentro de un sistema que aún contaba con un Poder Judicial independiente, que podría proteger a la sociedad y a los medios de comunicación de un posible abuso.   

Hoy, en cambio, la regulación se pretende ejercer desde el propio gobierno federal (la CRT). Hay una paradoja reveladora en esto: mientras la propaganda oficial nos presenta los Lineamientos como la protección de las audiencias para recibir información veraz, se le miente a la audiencia para promoverlos; porque detrás del discurso paternalista y protector, se pretenden ocultar los verdaderos riesgos, sin agotarlos, nos centraremos en los siguientes:

•El gobierno como el “Tribunal de la Verdad”. El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios de comunicación porque son los defensores de las audiencias nombrados por ellos mismos quienes decidirán cuándo se incumplen los Lineamientos, por lo que “nada hay que temer”. 

Sin embargo, no existe ni “auto vigilancia” ni “autorregulación” y todo se vuelve un espejismo, porque se omite decir que la CRT —que depende del Ejecutivo— es quien puede revisar las decisiones de las Defensorías de las Audiencias y en 72 horas decidir qué es falso, inexacto o violenta alguna disposición de los Lineamientos.  

•Amenaza económica: El artículo 54 establece multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias. Esto genera un efecto inhibidor. No necesitan retirar una concesión, porque la amenaza financiera bastará para lograr la autocensura. ¿Ante quién impugnarán estas multas? ¿Ante los tribunales que hoy no responden a la Constitución sino al poder político?

La amenaza no termina ahí, pues tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos. 

La defensa de la democracia hoy está en la libertad de expresión. Quienes hemos dado la batalla en las aulas, en los foros y en las calles por la independencia del Poder Judicial debemos entender que esta no es una discusión ajena sobre empresas de televisión. Si permitimos que el gobierno federal se vuelva el censor de la verdad y decida qué se informa, habremos perdido el último dique de resistencia.

Sin tribunales independientes, la prensa y la opinión pública son nuestras únicas vías para denunciar la injusticia, la arbitrariedad y la mentira; si nos arrebatan eso, no solo habrán capturado las instituciones, habrán logrado el silencio de la sociedad.

* Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político