Sigue sin atender remediación ambiental del Río Sonora

Por Gerardo Moreno Valenzuela

A seis días de que se cumpla un nuevo aniversario del derrame de tóxicos más grande del país, donde la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, vertió más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre sobre los ríos Sonora y Banacuchi, los Comités de Cuenca lanzaron un comunicado donde aseguran que no se ha cumplido con una con una verdadera remediación del daño causado.

El 24 de mayo la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un nuevo resolutivo sobre la remediación en el Río Sonora, derivado de los juicios de amparo presentados por los Comités.

El documento corrobora, que nunca ocurrió la remediación ni las sanciones hacia la mina de Cananea, y echa abajo la conclusión de los programas en diciembre del 2016 y extinción del Fideicomiso en 2017.

Entre los hallazgos detectados en el documento, es que solamente en la Zona 1, aledaña a la empresa, fue donde se ordenaron acciones de remediación consistentes en excavación, retiro y transporte de suelo contaminado y su confinamiento final. Sin embargo, no hay evidencia que el material haya sido enviado a un relleno, por lo cual concluyen que nunca existió.

Además, los vehículos utilizados por las empresas encargadas de la remediación no contaban con autorización para transportar residuos peligrosos. Y hay una variación de 28.7 toneladas entre el suelo a remediar y lo reportado por las empresas, a lo que ellas argumentaban problemas con las básculas.

Por otro lado, de las zonas 2 a la 5, se hicieron cálculos en lugares donde no hay población y no se dictaron medidas de remediación, siendo que hay más de 23 mil habitantes en toda la cuenca del Río Sonora.

También Conagua debía analizar y monitorear los sedimentos de la cuenca del Río Sonora por un periodo de cinco años, es decir terminar en 2019, y emitir un pronunciamiento, pero hasta estos momentos no lo ha hecho.

El Comunicado asegura que las actitudes adoptadas por Conagua, Cofepris y Profepa, a lo largo de estos nueve años son inaceptables, pues no hicieron bien su trabajo desprotegiendo a los habitantes afectados y ahora hay un documento oficial que lo prueba.

Por eso el llamado es enderezar el rumbo, dejar de proteger a las empresas o ser omisos ante los reclamos ciudadanos y garantizar una verdadera reparación del daño causado en agosto del 2014 y remediación del medio ambiente afectado.