LAS Y LOS ciudadanos de este país, México, somos propensos a ser víctimas de la violencia. ¿Cuántas muertes de inocentes en ataques armados con objetivos directos? Son miles.
Se le está diciendo adiós al nombre de “Estadio Sonora”, como se bautizó por quien lo construyó, -el gobierno de Guillermo Padrés- y se lee ahora “Estadio F. Valenzuela”.
LOS EFECTOS de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de suspender indefinidamente el célebre “Plan B” electoral del Presidente de la República, se sintieron de inmediato el fin de semana.
EN ESTE mismo espacio escribimos horas después de que la Fiscalía de Justicia anunciara haber descubierto el automóvil con el que se atropelló a una mujer adulta y dos niños en Hermosillo el pasado 5 de marzo, que tarde o temprano se descubriría al autor, -que se mantenía oculto-, si es que no había alguna “razón de Estado” o influyente que desviara las investigaciones.
NO DEJÓ de sorprendernos, por fortuna, la reacción masiva que se dio este lunes por la agresión fijada en una imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, incinerada por los manifestantes convocados por el Presidente de la República para conmemorar la expropiación petrolera de 1938.
EN SU MÁS reciente edición, este domingo, la revista “Proceso” editorializa en su portada el tema de moda en nuestro Estado: el “Plan Sonora de Energías Sostenibles, está al servicio del Grupo Vidanta”.
EL PRESIDENTE debe estar viviendo sus días más complicados desde que arribó a palacio nacional en el 2018. Son dos amplísimos frentes en su contra: Estados Unidos y sus opositores dentro del país, que han decidido tomar las calles y no sólo en la capital, sino a todo lo largo y ancho de la república mexicana.
PARA RESPONDER esta pregunta, podría intervenir el titular de la Contraloría Estatal, Guillermo Noriega Esparza y ayudar a su Jefe, el Gobernador, para que no quede la más mínima sospecha de que en la “cuatroté” sonorense de nuestros días, existen empresas constructoras “privilegiadas”, como ocurría en el pasado y así afianzar las palabras de Alfonso Durazo, cuando asegura: “No somos iguales”.
