EN EFECTO, en el pasado reciente existía la obligación constitucional, en Sonora, de que a la propuesta del titular del Ejecutivo para designar a la nueva o al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se añadía un diagnóstico con el aval de los integrantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública.
LOS DIRIGENTES y voceros de partidos políticos opositores a MORENA están en sueños, a pesar de que abundan argumentos para dejar asentado en la historia sus posiciones.
¿CÓMO puede mitigarse el profundo dolor de una madre que busca a su hijo desaparecido y no lo encuentra, a pesar de sus esfuerzos con pico y pala y ante una autoridad que se conforma con verlas actuar y sumar cifras?
SE REPORTÓ la tarde del lunes un incendio en Lomas de Guamúchil, en terreno yaqui. Debió suspenderse el tránsito vehicular ante lo intenso de las llamas que alcanzaban la cinta asfáltica. Hay cuando menos un par de testimonios de quienes alcanzaron a circular por el lugar y horas más tarde “les cayó un veinte”: “El humo y la lumbre alcanzaron mi auto; ¿cómo pudo ser posible que haya salido de ese infierno?”
MORENA sabe perfectamente que el “Plan B” electoral de López Obrador, contiene inconsistencias constitucionales, pero es tal su actitud sumisa al Presidente, que sólo vive esa realidad alterna, donde pueden hacer y deshacer pasando por encima de nuestra Carta Magna.
FRANCISCO Vázquez, secretario del Trabajo del Gobierno del Estado y “mediador” en el conflicto entre las partes en conflicto en la Universidad de Sonora, declaró ayer que era una “responsabilidad de Rectoría y sindicatos, resolver sus problemas”.
CON LA explicación que nos ofreció sobre su estado de salud un “fresco y alechugado” Presidente López Obrador, ayer por la tarde, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
LO MÁS seguro es que la actitud asumida por el Gobernador Alfonso Durazo y su nuevo secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo, haya sido de solidaridad a la “línea” lanzada por el Presidente López Obrador, de atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
NINGÚN gobierno lo ha admitido, pero las corporaciones de inteligencia y policiacas de los Estados Unidos han intervenido en México, aparentemente, sin pedir permiso.
NO SOLO cien asociaciones mineras del país, sino también colegios de profesionistas especializados en sus materias, se han manifestado en contra de la reforma a la Ley Minera promovida por el Presidente de la República.
