La Universidad de Sonora no puede seguir secuestrada

Sonora no puede aspirar a ser un estado moderno y a recuperar su grandeza mientras su máxima casa de estudios siga siendo rehén de conflictos recurrentes

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Soy orgullosamente egresado de la Universidad de Sonora. Lo digo no como frase de ocasión, sino como una convicción profunda. Nuestra Universidad me formó, me abrió caminos y me permitió entender que una institución pública de educación superior puede cambiar la vida de miles de jóvenes cuando cumple con su verdadera misión: enseñar, investigar, formar profesionistas y servir a la sociedad.

Precisamente por ese cariño y por esa gratitud, duele verla otra vez paralizada.

Al momento de escribir estas líneas, nuestra alma mater enfrenta nuevamente el fantasma de la huelga. Algunos discutirán si es ilegal, si es ilegítima, si las demandas sindicales tienen razón o no, si la autoridad universitaria actuó bien o mal, si el gobierno estatal operó o dejó de operar politicamente. Todo eso puede ser importante. Pero para los estudiantes y sus familias hay una realidad más simple y más dura: la Universidad está detenida. Y cuando la Universidad de Sonora se detiene, Sonora se devalúa.

No hay peor imagen para nuestro estado que ver cerrada su máxima casa de estudios. No hay peor mensaje para los jóvenes que decirles, año tras año, que su calendario, su formación y su futuro pueden suspenderse por conflictos que la política debió resolver antes.

Conozco esa historia de cerca. Egresé de la Universidad de Sonora en 1989, en una época marcada por huelga tras huelga, paro tras paro y un ambiente de enorme desorden institucional. Eran tiempos en los que muchos jóvenes egresados de bachillerato, si sus familias tenían recursos económicos suficientes, preferían estudiar fuera de Sonora. La Universidad, que debía ser motivo de orgullo, era vista por muchos como un espacio incierto, inestable y capturado por grupos que confundían la autonomía universitaria con la apropiación política del campus.

Después vino el cambio de 1991. Y quienes vivimos esa etapa pudimos apreciar una transformación radical y positiva. La Universidad comenzó a recuperar el orden. Los estudiantes se concentraron en estudiar; los maestros, en enseñar; los trabajadores, en cumplir con sus responsabilidades. Se desactivaron viejos grupos de presión, algunos de ellos vinculados a expresiones de izquierda radical de aquella época, que habían convertido a la Universidad en una especie de trinchera política permanente. También desapareció ese ambiente de “fósiles” enquistados, incluso con personas viviendo dentro del campus, invocando una autonomía mal entendida.

El cambio no fue solamente legal y administrativo. Fue también físico, visible, material. La Universidad cambió de rostro. Donde antes se encontraba el viejo, deteriorado e indigno gimnasio Hernández Carrera, se construyó el Centro de las Artes. A su vez, se edificó un gimnasio moderno y funcional en Reforma y Navarrete. Y como esas obras, muchas más. El campus universitario adquirió otra fisonomía. La Universidad recuperó prestigio, presencia y grandeza.

En esa etapa tuvo un papel fundamental Jorge Luis Ibarra Mendívil, rector de gran nivel, quien entendió que la Universidad no podía estar sometida a chantajes ni a inercias destructivas. Durante esos años se logró algo que hoy parecería casi extraordinario: estabilidad. Y con estabilidad llegó la posibilidad de crecer.

Lamentablemente, con el paso del tiempo, particularmente a partir del gobierno de Armando López Nogales, el fantasma de las huelgas regresó. Y regresó para quedarse como un mal periódico, pernicioso, casi normalizado. Cada cierto tiempo, nuestra alma mater vuelve a ser cerrada, como si paralizar la educación superior fuera una forma aceptable de negociación. No lo es.

Sé que algunos me dirán que ignoro el derecho laboral constitucional. No lo ignoro. Sé perfectamente que existen derechos sindicales, derechos colectivos y procedimientos reconocidos por la Constitución y por las leyes. Pero también creo que ha llegado el momento de plantear una discusión seria, valiente y de fondo: ¿debe estar por encima el derecho de paralizar una universidad pública o el derecho de miles de jóvenes a recibir educación continua, oportuna y de calidad?

Mi respuesta es clara: debe prevalecer la educación de los estudiantes.

No hablo de desaparecer derechos laborales ni de imponer autoritarismos. Hablo de construir un régimen jurídico especial para una institución estratégica para Sonora. Así como existen áreas del servicio público donde, por su propia naturaleza, no se permite la suspensión de funciones esenciales —como ocurre en seguridad pública—, debería explorarse una reforma constitucional y legal que impida que la Universidad de Sonora vuelva a ser paralizada. Los conflictos laborales deben resolverse mediante mecanismos eficaces, obligatorios, transparentes y oportunos, pero no a costa de sacrificar a los estudiantes.

Hace años, al inicio del gobierno de Claudia Pavlovich, le propuse una idea que sigo considerando vigente: que su gran legado como gobernadora fuera una profunda renovación de la Universidad de Sonora. Ella también es egresada de nuestra alma mater, y precisamente por eso le planteé que había que pensar en grande. Le dije que el esfuerzo transformador iniciado en 1991 ya había agotado su ciclo; que el campus estaba rebasado; que no era posible seguir administrando limitaciones; y que Sonora merecía edificar una nueva ciudad universitaria que fuera moderna, amplia, funcional y de primer nivel.

La propuesta era ambiciosa, sí. Pero las grandes obras que cambian a una comunidad siempre lo son.

Imaginaba una nueva ciudad universitaria con edificios suficientes para todas las carreras y posgrados, estacionamientos dignos, áreas deportivas, espacios de investigación, zonas culturales, centros de extensión universitaria y, de manera muy especial, una Escuela de Medicina de vanguardia con un hospital universitario que contara con equipamiento de vanguardia en el que se capacitara a los estudiantes y se prestara un servicio social a nuestra comunidad. Nunca he entendido por qué tantos jóvenes sonorenses con vocación médica deben quedarse fuera por falta de espacio. 

Para lograrlo, propuse convocar a los egresados de la Universidad de Sonora. Muchos universitarios formados en sus aulas han logrado trayectorias exitosas, patrimonios sólidos y reconocimiento social. La Universidad les dio mucho. Era justo invitarlos a devolver algo. Mi idea era encabezar un esfuerzo ciudadano y universitario para reunir recursos, gestionar apoyos nacionales e internacionales y garantizar transparencia absoluta en el manejo de cada peso. También era indispensable blindar jurídicamente a la institución para que intereses particulares no pudieran volver a secuestrar su operación.

Pero para eso se necesitaba visión. Se necesitaba decisión política. Se necesitaba un rector y un gobierno estatal con la mirada puesta más allá de la coyuntura.

No ocurrió. Intereses internos del gabinete del gobierno estatal y grupos que pretendían conservar espacios de poder dentro de la propia Universidad terminaron frenando esa posibilidad. La entonces gobernadora me pidió expresamente que me hiciera a un lado de ese proyecto. Yo tenía claro que mi responsabilidad principal era la procuración de justicia, pero también tenía claro que contribuir a rescatar y proyectar a la Universidad de Sonora era una forma superior de servirle al estado.

El resultado está a la vista: la Universidad quedó prácticamente en lo mismo. Y después de mi salida de la Fiscalía General de Justicia, volvieron las huelgas, los conflictos y la falta de operación política. Lo que pudo haber sido un legado histórico terminó diluido entre cálculos enanos, resistencias internas y prioridades equivocadas.

Hoy, ante una nueva paralización, el tema vuelve a imponerse. No podemos seguir tratando a la Universidad de Sonora como un botín, como una arena de intereses gremiales, o como una institución condenada a sobrevivir entre sorteos, parches presupuestales y negociaciones de última hora.

Y hablando de sorteos: precisamente en estos días me ofrecieron un boleto del famoso Sorteo Unison. Pregunté el precio por simple curiosidad: quinientos pesos. Siempre he pensado que este tipo de rifas son indignas como mecanismo permanente de financiamiento para una institución tan prioritaria. No porque esté mal apoyar a la Universidad, sino porque una universidad pública de esa importancia no debe depender simbólicamente de vender boletos como si su futuro pudiera resolverse con tómbolas.

Además, si permanentemente hay sorteos y permanentemente hay ingresos, la ciudadanía merece saber con toda claridad cuánto se recauda, cuánto cuesta operar esos sorteos, quiénes los administran, cuánto reciben quienes participan en esa estructura y en qué se aplica exactamente cada peso. La transparencia no debe pedirse como favor. Debe exigirse como obligación. Sobre todo cuando se invoca el nombre de la Universidad de Sonora.

Nuestra alma mater no necesita discursos complacientes. Necesita una sacudida institucional. Necesita visión de largo plazo. Necesita infraestructura, orden, transparencia, liderazgo académico y blindaje jurídico frente a quienes creen que cerrar sus puertas es una herramienta legítima de presión.

La Universidad de Sonora debe volver a ser motivo de orgullo, no de incertidumbre.

Y cierro con lo que para mí es la idea central: Sonora no puede aspirar a ser un estado moderno y a recuperar su grandeza mientras su máxima casa de estudios siga siendo rehén de conflictos recurrentes. Una universidad cerrada no forma médicos, ingenieros, abogados, científicos ni ciudadanos bien preparados y críticos. Una universidad cerrada sólo produce frustración.

Por eso, quienes viven políticamente de las crisis de la Universidad de Sonora deberían recordar que nuestra alma mater no es una mina, ni una agencia de colocaciones, ni una tómbola permanente: es la casa donde debería construirse el futuro de Sonora. De lo contrario, difícilmente podrá honrar su lema: “El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza”. Porque si el saber de sus hijos se interrumpe, se posterga o se sacrifica por intereses de grupo, entonces también se interrumpe, se posterga y se sacrifica la grandeza de Sonora. Y si además recordamos aquel verso inicial de su Himno Universitario —‘Unidos vencerán los aguiluchos del valor’—, resulta todavía más doloroso advertir que esos aguiluchos no pueden levantar el vuelo cuando la Universidad permanece cerrada. Ante semejante contradicción, estoy seguro de que José Vasconcelos, creador del citado lema y primer organizador técnico de la institución, pudiera estarse retorciendo en su tumba.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.