Esta resolución representa mucho más que un tecnicismo jurídico... representa la posibilidad de que el reloj deje de jugar a favor de la impunidad.(Getty Images)
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«La justicia nunca estuvo cerrada»: revive la esperanza para las familias de la Guardería ABC

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Por Redacción

Han pasado 17 años desde aquella tarde del 5 de junio de 2009, cuando un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo arrebató la vida de 49 niñas y niños y dejó más de un centenar con lesiones permanentes. Diecisiete años de marchas, expedientes, promesas incumplidas y un dolor que nunca encontró justicia plena.

Pero este lunes, por primera vez en mucho tiempo, las familias escucharon palabras que volvieron a abrir una puerta.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación y aseguró que el IMSS deberá entregar toda la información disponible para que el caso llegue «a las últimas consecuencias».

Las declaraciones encontraron eco en Hermosillo.

En entrevista para el noticiario De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín, el abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, aclaró un punto que considera fundamental: el caso de la Guardería ABC nunca estuvo cerrado.

«Jamás y nunca hasta este momento ha estado suspendido», afirmó.

Explicó que la reciente resolución de la Suprema Corte no significa una reapertura del expediente, sino la confirmación de que los delitos cometidos contra niñas y niños no prescriben, rechazando el intento de dos exfuncionarios del IMSS de quedar fuera del proceso alegando el paso del tiempo.

Se trata del exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar Salazar, y de quien fuera directora nacional de Guarderías, Carla Rochín Nieto, cuyas defensas solicitaron que la acción penal se declarara prescrita.

La Suprema Corte respondió lo contrario.

Y para las familias, esa resolución representa mucho más que un tecnicismo jurídico…representa la posibilidad de que el reloj deje de jugar a favor de la impunidad.

Sin embargo, Gabriel Alvarado fue claro al señalar que la resolución por sí sola no garantiza justicia.

«La posibilidad de llamar a juicio a cualquier servidor o exservidor público siempre ha existido. Lo que ha faltado es voluntad y disposición política», sostuvo.

Por eso, las palabras pronunciadas horas antes desde Palacio Nacional fueron recibidas con cautela, pero también con esperanza.

«Entiendo por lo que dijo la señora Presidenta que esa voluntad sí existe. Ahora lo que sirve esta resolución es como una plataforma para decir: lo que ya tienes investigado, resuélvelo», expresó.

Después de más de 17 años de lucha, el abogado asegura que las familias no buscan venganza.

Buscan respuestas.

Buscan responsabilidades.

Y, sobre todo, buscan que ninguna madre vuelva a despedir a su hijo por culpa de la corrupción, la negligencia o la impunidad.

«Las familias llevan poco más de 17 años esperando este momento», recordó.

Mientras tanto, el litigio continúa.

«Esto no cesa», advirtió.

Porque para las madres y padres de la Guardería ABC, el tiempo nunca ha borrado los nombres de sus hijos.

Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, la justicia parece volver a tocar la puerta.