Crece el negocio privado, mientras se deteriora la salud pública: El “Boom” de farmacias en Hermosillo

Este año se dispararon las solicitudes para este giro comercial; mientras abren más farmacias, el sistema de salud público va en retroceso y las familias gastan cada vez más de su bolsillo 

Por Antonio López Moreno y Rigo Gutiérrez E.

Hermosillo vive un acelerado crecimiento en los trámites para la apertura de farmacias. En los primeros seis meses de 2026, el Ayuntamiento de Hermosillo recibió 56 solicitudes de uso de suelo para este giro comercial, más de cinco veces las registradas durante todo 2025.

De acuerdo con información obtenida vía solicitudes de transparencia a la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Hermosillo, durante 2025 se contabilizaron apenas 11 trámites de uso de suelo para farmacias. La cifra se elevó a 56 entre enero y junio de 2026.

El repunte ocurre después de dos años en los que el número de solicitudes se había mantenido en niveles mayores: fueron 20 en 2023 y 30 en 2024, antes de caer a 11 en 2025.

Entre 2023 y junio de 2026, periodo para el que el Ayuntamiento proporcionó cifras completas, se registraron 117 trámites de uso de suelo para el giro de farmacia. De ellos, 103 fueron aprobados y 14 rechazados.

Los rechazos se concentraron principalmente en 2023 y 2024, con cinco y siete casos, respectivamente. En 2026 se han rechazado dos solicitudes.

El crecimiento municipal todavía no se refleja por completo en el trámite sanitario

El aumento en los trámites municipales contrasta con el comportamiento de las licencias sanitarias estatales.

Según información de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (COESPRISSON), en Hermosillo se aprobaron 13 licencias sanitarias para farmacias durante 2025, mientras que en el primer semestre de 2026 fueron 30.

Aunque también se trata de un incremento importante, el ritmo es menor al observado en los trámites de uso de suelo.

Desde 2020, COESPRISSON ha aprobado en Hermosillo un acumulado de 124 licencias sanitarias y 144 avisos de funcionamiento para farmacias. En ese periodo, la dependencia estatal no reporta rechazos para estos trámites.

Más farmacias, menos salud pública

El artículo 4o de la Constitución Mexicana establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Sin embargo, hay cifras que arrojan luz sobre la actual situación complicada que padecen miles de familias.

De acuerdo con un reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del INEGI, el gasto de bolsillo en salud aumentó un 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024, alcanzando un promedio de 6,421 pesos anuales por hogar. Para el caso de Sonora se estima que el gasto ronda 7,069 pesos.

Este desembolso equivale al 3.4% del gasto corriente monetario de las familias. Aunque la proporción se mantuvo estable en comparación con la medición previa, se ubica por encima de los niveles registrados antes de la pandemia de Covid-19, cuando se destinaba entre el 2.6% y 2.7% del presupuesto familiar.

Primero los pobres… los más afectados

A pesar de que el promedio nacional muestra un incremento moderado, la distribución de la carga financiera revela una acentuada disparidad socioeconómica:

En los hogares de menores ingresos (deciles I al IV), el gasto de bolsillo en salud se disparó entre un 17% y un 23% en comparación con 2022.

En contraste, en los hogares de mayor poder adquisitivo (decil X), el incremento fue de tan solo 1.8%.

En el decil I (el 10% más pobre de la población), las familias que enfrentaron un gasto catastrófico —aquel que supera el 30% del presupuesto del hogar— aumentaron en 9,651 hogares.

En ese mismo sector socioeconómico, 10,459 familias adicionales cayeron en situación de gasto empobrecedor debido a necesidades de salud.

La compra de medicamentos (38.3%), es el principal rubro a nivel nacional. Para las familias de menores ingresos (deciles I al IV), la compra de medicinas absorbe casi el 50% de todo su gasto en salud.

El estudio establece que el alto costo dedicado a medicinas sugiere que los problemas de abastecimiento e insumos en el sector público fuerzan a las familias a costear sus tratamientos en farmacias privadas.

La afiliación no garantiza atención

De acuerdo al informe del Centro de Investigación Económica hay una contradicción en el modelo de salud del país: estar afiliado no equivale a recibir atención efectiva.

El 63.4% de la población reporta estar adscrita a un sistema público (el IMSS registra 53 millones de derechohabientes, el ISSSTE 6.9 millones y el IMSS-Bienestar 4.6 millones). Sin embargo, al momento de enfermarse, 6 de cada 10 personas acuden a establecimientos privados o consultorios de farmacia.

Únicamente el 45.9% de los afiliados al IMSS y el 45.6% del ISSSTE que requirieron atención la recibieron en sus propias instalaciones.

Un sistema bajo observación 

En Sonora, al igual que otras 24 entidades el sistema de salud prácticamente fue entregado en manos del Gobierno Federal a través del sistema IMSS-Bienestar, así tanto hospitales como centros de salud pasaron a ser responsabilidad de la federación. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 de INEGI, los usuarios consideran los medicamentos insuficientes, saturación, gasto privado y satisfacción limitada.

En satisfacción el IMSS registró 43.3%; el ISSSTE 45.9%; y el IMSS-Bienestar 47%. 

En disponibilidad de medicamentos, el IMSS anotó 42.8%; el ISSSTE 42.3%; y el IMSS-Bienestar, 34.1%. 

El 29.3% reportó clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar sin saturación de usuarios. 

De acuerdo al diputado federal Éctor Jaime, después de seis años de López Obrador, y dos de Claudia Sheinbaum, han sido ocho años de fracaso. “Cada ocurrencia sustituyó a la anterior, pero ninguna resolvió la compra, distribución y entrega de medicamentos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Explicó que el resultado sigue siendo el mismo: hospitales sin insumos, recetas incompletas y pacientes obligados a pagar de su bolsillo o interrumpir sus tratamientos.

Y concluye que después de ocho años, sigue sin construir una alternativa que garantice los medicamentos.