Bernardo Campillo será citado a declarar por peculado y enriquecimiento ilícito

EXCÉLSIOR/

La Procuraduría General de la República (PGR) intentó ejecutar una orden de aprensión contra el secretario de Salud en Sonora, Bernardo Campillo García, pero el funcionario tramitó un amparo de la justicia para evitar ser arrestado por malversación de recursos públicos.

Así lo informó Carlos Manuel González Méndez, secretario General del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud en Sonora (SESSS), quien interpuso la denuncia en contra del funcionario de la administración del mandatario panista Guillermo Padrés Elías, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvió de recursos públicos, crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de influencias.

«La semana pasada se apersonaron frente a Bernardo Campillo, varios agentes de la fiscalía de justicia federal para arrestarlo, pero el Secretario de Salud presentó un amparo que traía consigo en la bolsa trasera del pantalón», detalló el doctor González Méndez.

Según la demanda con número de expediente 51/15, interpuesta ante la Delegación Estatal de la PGR, el Secretario de Salud en Sonora desvió más de 250 millones de pesos de fondos federales destinados a la homologación salarial de seis mil trabajadores de hospitales públicos, donde médicos, enfermeras y personal de intendencia han dejado de percibir más de la mitad del sustento familiar.

Desde que inició el sexenio del Gobernador Padrés, el doctor González Méndez comenzó a denunciar que Bernardo Campillo se enriquecía de la noche a la mañana, mientras que el sector salud se venía en picada por la falta de mantenimiento a los hospitales públicos, carencia de materiales de curación y medicamentos del cuadro básico.

«En la Delegación de PGR han sido muy herméticos con la investigación pero es evidente que han avanzado y nos afirman que prevalecerá el Estado de Derecho, incluso ya le entró la División General de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria para auditar al Secretario de Salud», agregó el Secretario General del SESSS.

Según el Código Penal del Estado de Sonora, el delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena de uno a nueve años de prisión; desvío de recursos públicos alcanza de seis a doce años; delincuencia organizada de cuatro a diez años; el tráfico de influencia conlleva una pena de dos a seis años; sin embargo, en caso de ser encontrado culpable, Bernardo Campillo podría ser sentenciado al doble de años por ser funcionario, además de inhabilitación para ocupar cualesquier cargo público.

Por su parte, el área Jurídica de la Secretaría de Salud, negó todas las acusaciones y que la PGR haya intentado detener a Bernardo Campillo, afirma que no han recibido ninguna notificación por la denuncia penal, además recalcan que no han tramitado ningún amparo.