Entre el Rigor Regulatorio y el Desafío de la Resiliencia en Sonora: La Nueva Ley de Aguas

Por Guillermo Moreno Ríos 

​​La entrada en vigor de la Ley General de Aguas marca un cambio decisivo frente al modelo de 1992. En Sonora, una región semiárida con un estrés hídrico estructural y acuíferos en crisis —como el de Hermosillo, sobreexplotado desde 1975—, era urgente un ordenamiento. Sin embargo, desde INCIDE nuestra postura no es un aplauso ideológico ni un rechazo automático; el agua es el sistema circulatorio de la ‘infraestructura madre’ que sostiene la vida, la paz social y la viabilidad económica del estado. 

Por ello, nuestra visión ante esta nueva ley es un ‘Sí’ con reservas técnicas, fundamentado en la corresponsabilidad y en la exigencia de una implementación inteligente.​

El acierto social y el peso de nuestra realidad

Es innegable y plausible que la ley ponga en el centro el derecho humano al agua por encima de la especulación comercial. Medidas como prohibir la transmisión de derechos entre particulares y erradicar el mercado informal de concesiones atacan problemas reales de opacidad. De igual forma, el binomio indivisible entre la propiedad de la tierra y el derecho al agua protege a nuestros productores de la especulación financiera que muchas veces despoja al campo. No obstante, es imperativo señalar que el intento por extinguir la informalidad abre una nueva brecha de riesgo: al dejar la reasignación de volúmenes recuperados, vencidos u ociosos bajo la tutela exclusiva de la autoridad, se abre la puerta al criterio discrecional de los funcionarios, postergando la evaluación técnica de costo-beneficio que debería garantizar el destino óptimo y socialmente más rentable del recurso.  

​Pero las leyes no llenan presas ni recargan acuíferos por decreto. El verdadero desafío de esta reforma radica en las asimetrías de su aplicación, y es ahí donde Sonora levanta la mano. Nuestro estado, junto con Zacatecas y Durango, concentra el 80% de toda el agua concesionada a la minería en el país. Además, contamos con una industria de la construcción y manufacturera que genera miles de empleos. La transición hacia el nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y las facultades sancionadoras del Estado no deben convertirse en una herramienta punitiva que paralice los motores económicos, sino en un catalizador para la innovación.  

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Tres posiciones desde la visión de INCIDE

Para que esta ley se traduzca en verdadera resiliencia y desarrollo para Sonora, desde el sector empresarial, profesional y académico proponemos tres ejes de acción inmediata:

​Certeza jurídica para la inversión responsable: La extinción de concesiones y la centralización de los derechos excedentes en el Estado requieren reglas de operación de una transparencia absoluta. Los procesos de reasignación deben ser ágiles, digitalizados y libres de criterios políticos, asegurando que las empresas hídricamente responsables e industrias limpias cuenten con la certidumbre necesaria para seguir invirtiendo en la región.  

​Financiamiento para la infraestructura de sustitución: Si la ley busca reducir la presión sobre los acuíferos, el Estado debe acompañar la norma con un presupuesto histórico para la tecnificación del riego agrícola, la modernización de los organismos operadores municipales (frenando las brutales fugas en las redes urbanas) y el impulso a plantas tratadoras. La transición debe ser hacia la economía circular del agua: reúso, intercambio y eficiencia.  

​Ciudadanizar y tecnificar la toma de decisiones: El propio marco legislativo reconoce que faltaron análisis económicos detallados sobre los impactos sectoriales de la reforma. Desde la academia y los colegios profesionales, exigimos que la implementación del nuevo Registro Público Nacional del Agua (REPNA) cuente con comités técnicos ciudadanos e independientes. La gestión del agua debe responder a la ciencia hidrológica, no a los tiempos electorales.  

​Hacia un Frente Común por el Agua

​Asumimos esta reforma con el optimismo crítico de quien sabe que los riesgos se gestionan con datos, planeación e infraestructura, no con voluntarismos. Por ello, desde INCIDE convocamos al gobierno, gremios y universidades de Sonora a un Frente Multidisciplinario de Implementación Hídrica que construya un puente técnico basado en la firmeza del Estado, la innovación privada y la guía académica. 

Para que este esfuerzo garantice un Sonora competitivo y resiliente, la respuesta debe integrar también soluciones basadas en la naturaleza, como ejemplo, el impulso que hemos venido promoviendo de uso estratégico del bambú como una esponja natural que acelera la recarga de acuíferos; implementar estos corredores biológicos en zonas de estrés hídrico no solo frenará la erosión, reactivará ciclos hidrológicos y detonará una economía circular de alto valor para la construcción y la industria local.