Los costos de una opinión: el mecanismo desviado

Institutos y tribunales electorales han distorsionado la violencia política de género para imponer censura en horas, intimidar y mantener bajo amenaza institucional a periodistas, medios, ciudadanos y a empresas

Por Mónica Calles Miramontes 

¡Más de medio millón de pesos derrocha el Estado mexicano por perseguir un meme! Decenas de autoridades se activan contra una empresa simplemente por lo que un colaborador publicó en sus redes sociales. ¡Esto debería ser una broma o una exageración!, pero no, está ocurriendo en México desde las instituciones electorales.

Hace seis años las mujeres reconocíamos la entrada en vigor de una reforma histórica que dotó de un marco legal al combate de la violencia política contra las mujeres (VPG) y sin duda alguna representó un avance democrático que se había tardado en llegar. Sin embargo, hoy debemos señalar con la misma fuerza que estas herramientas legales se han desviado y son utilizadas para censurar, perseguir y castigar arbitrariamente. 

Esto está ocurriendo porque los institutos y tribunales electorales han distorsionado la violencia política de género para imponer censura en horas, intimidar y mantener bajo amenaza institucional a periodistas, medios, ciudadanos y a empresas. 

Para dimensionar la gravedad de este fenómeno en Defensa Electoral realizamos una auditoría independiente de todos los casos que fueron sancionados de 2020 a junio 2026. Esta auditoría se enfocó en el análisis sustancial de las sanciones hacia perfiles no políticos: ciudadanos, periodistas, empresas y medios de comunicación.

Los datos revelan una transformación alarmante en las prioridades del Estado. Tras un escrutinio sustancial hemos podido documentar que las sanciones contra perfiles civiles han tenido un incremento desmedido. 

En 2020 el 75% de las sanciones se enfocaron a la clase política y el 25% restante fueron dirigidas a ciudadanos por casos extremos que justificadamente ameritaron la intervención estatal. 

En la actualidad estos números no solo se han invertido, sino que evidencian un claro desvío de este mecanismo estatal. 

Tan solo en la primera mitad de 2026 el 92% de las sanciones recayeron sobre ciudadanos, empresas de comunicación y periodistas; mientras que apenas el 8% de las sanciones electorales fueron para perfiles políticos.

La gravedad no solo se mide en los números, sino en lo que hay detrás de cada expediente. Las instituciones electorales no están investigando y sancionando por campañas basadas en estereotipos de género, ni desigualdades al interior de los partidos, tampoco las amenazas que reciben políticas y candidatas en un país con altísimos índices de inseguridad. 

El Estado está invirtiendo cientos de millones de pesos nada menos que en perseguir memes, emojis, estados de Instagram, comentarios de ciudadanos o fantasmas digitales. Se está sancionando al periodismo de investigación, a las empresas por las opiniones de sus colaboradores y a medios de comunicación por sus archivos históricos. Todo ello sin el más mínimo rigor probatorio y alejándose del margen de la ley. 

A partir de este análisis también se documentó si en los casos sancionados realmente se configuró la violencia política de género en términos legales y el resultado fue abrumador: solo el 27% se trató de violencia política de género que afectó derechos político-electorales y justificó la intervención de las autoridades electorales; el 73% restante fue un desvío del aparato estatal. 

La cadena institucional por una denuncia de violencia política de género comienza en las autoridades electorales (desde los institutos electorales hasta la Sala Superior del TEPJF), pero esto solo es el inicio de la activación de decenas de instituciones que incluye a la Guardia Nacional, la Policía Cibernética, la FISEL, la Unidad de Inteligencia Financiera, la CNBV y el SAT. 

Asimismo, se obliga a empresas transnacionales Meta o Google y a compañías telefónicas a entregar datos para rastrear cuentas, teléfonos, direcciones e IP. De esta forma, rastrean perfiles privados y corporativos generando afectaciones operativas, económicas, legales y en su reputación; mientras que las autoridades electorales vulneran gravemente datos personales y “desanonimizan” de ciudadanos que tienen el derecho a no revelar su identidad y a cuestionar a sus gobernantes.

La ciudadanía esperamos que nuestros impuestos se traduzcan en seguridad, estabilidad y condiciones para la inversión. No obstante, el uso desviado de los mecanismos contra la violencia política de género ha derivado en un derroche institucional injustificable. El Estado llega a destinar, conservadoramente, 500 mil pesos en la persecución de una opinión ciudadana o una nota periodística. Si multiplicamos este derroche económico por cada expediente abierto sin sustento —desviando la VPG—, la cifra acumulada es estratosférica. 

No solo estamos en presencia de la grave violación a la libertad de expresión, sino frente a un desvío de la función estatal y un presupuesto millonario que estamos financiando todos. 

La lucha contra la VPG exige política pública de altura, no persecución de opiniones en redes sociales. El Estado mexicano hoy prefiere destinar una fortuna a censurar un meme, la investigación de un periodista o descubrir el anonimato de un troll digital que a implementar mecanismos eficaces de protección real. 

Esta desnaturalización de la función del Estado demuestra que hemos perdido al árbitro electoral, porque hoy está enfocado en intentar controlar la conversación social y hasta el pensamiento. 

La ciudadanía tenemos que exigir que los recursos se enfoquen en el combate de las violencias estructurales, la auténtica violencia de género y protejan a la ciudadanía de abusos. La justicia electoral tiene que ser un escudo de protección, nunca más un arma.

*Abogada electoral y constitucional. Columnista. Análisis político.

Web: defensaelectoral.com.mx LupaReforma2026.mx 

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