FGJE gana juicio oral al comprobar “megafraude” a empresa

Ciudad Obregón, Sonora, marzo 28 de 2019.- La destreza y el profesionalismo del Personal de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)  logró una sentencia de 18 años de prisión contra un hombre en el Sur del Estado, así como la  reparación del daño por una suma superior a los 118 millones de pesos por el delito de fraude específico, en perjuicio de dos empresas dedicada al ramo agropecuario.

Después de las investigaciones y las pruebas presentadas en las audiencias, el Juez Oral Penal dictó el fallo condenatorio contra el sentenciado, el pasado 13 de marzo.

Es en agravio de una empresa relacionada al sector agropecuario, con sede en ciudad del Sur del Estado, de quien se omite el nombre, al igual que del involucrado.

La pena de es de 18 años, un mes 15 días de Prisión, así como multa de 42 mil 840 pesos, más el pago de reparación del daño material a favor de las ofendidas por 118 millones 978 mil 633 pesos.

Además, se condenó al decomiso de los bienes adquiridos por el responsable con el producto del dinero del fraude y se decomisaron tres cuentas bancarias.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) recibió la denuncia correspondiente, por los hechos cometidos entre noviembre de 2005 a noviembre de 2009.

El hoy sentenciado emitió varios cheques al valerse de cargos estratégicos dentro de la empresa, en diferentes áreas administrativas y de finanzas, incluso era el hombre de confianza del director general.

MODUS OPERANDI

El inculpado ordenó al Departamento de Contabilidad y Pagos, áreas subordinadas a su dirección, la emisión de once cheques a nombre de una empresa del cual era accionista mayoritario y administrador único.

Eran por conceptos de servicios diversos, los cuales nunca se prestaron, y que se cargaron a la empresa para la que laboró por más de 20 años, dando un monto de 18 millones 16 mil 50 pesos.

Para lograr la emisión de los cheques, el acusado se aprovechaba de su superioridad jerárquica al ordenar su emisión sin posibilidad de cuestionar sus órdenes.

Además, también se aprovechó de que la empresa ofendida tenía registrado como proveedores a una empresa de nombre similar corporativo con la cual era accionista.

De la misma forma, en el tiempo comprendido del 26 de marzo de 2010 al 6 de octubre de 2017, ordenó la emisión de 47 cheques con un monto global de 98 millones 4 mil 583 pesos con cargo a otra empresa afectada.

Adicional, ordenó al personal a su cargo el pago de siete facturas durante el tiempo de 26 de febrero de 2016 al 7 de junio de 2016 a favor de otro negocio de la que también era propietario y administrador único, por el pago de servicios no prestados, por un monto de 2 millones 958 mil pesos.

Las actividades anteriores las realizó el acusado engañando al personal a su cargo y aprovechándose del puesto de alta jerarquía que desempeñaba.

Hacía creer al Departamento de Contabilidad y Pagos que los cheques y el pago de facturas eran para proveedores que ya prestaban sus servicios a las ofendidas, sin embargo, la realidad es que eran para empresas que él mismo había constituido.

Agentes del Ministerio Público Especializados solicitaron una orden de aprehensión, que otorgó el Juez de Control contra el hombre, el cual se cumplió el 30 de noviembre de 2017.

De inmediato fue puesto a disposición del Juez, quien lo vinculó a proceso el 6 de diciembre de 2017, también decretó la prisión preventiva como medida cautelar.

El 27 de junio de 2018, representantes de la Fiscalía General formalizaron la acusación en su contra, solicitando el pago de la reparación del daño por la cantidad 118 millones 978 mil 633 pesos.

Así como el decomiso de los bienes inmuebles adquiridos por el acusado con el producto del dinero que obtuvo de manera ilícita y el decomiso de sus cuentas bancarias.

Dado el número de testigos de la FGJE y defensa y lo extenso de sus declaraciones, la audiencia se prolongó por varios días de febrero que se extendió a inicios de marzo.

Entre los testigos declarados por personal de la Fiscalía General estuvieron empleados de las empresas ofendidas, quienes narraron al Juez la forma de operar del acusado al ordenarles la emisión de cheques y transferencias bancarias.

Los auditores, tanto internos como externos, determinaron la cuantía del fraude y el destino del dinero a cuentas del acusado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos que realizaron las pesquisas en las propiedades del acusado fueron fundamentales

Por su parte, la defensa ofertó la declaración del propio acusado y los accionistas de las empresas ofendidas quienes narraron no tener conocimiento de los hechos.

El trabajo del personal especializado en litigación consistió, en exponerle al Juez, las pruebas con las que se demostrarían el delito y la responsabilidad del caso, en los alegatos de apertura.

Se interrogaron a cada uno de los testigos para que manifestaran ante el Juez los hechos que le constaban, presentaron a los testigos las pruebas documentales como cheques, estados financieros, facturas y escrituras públicas para efectos de que las reconocieran y pudieran incorporarse al debate.

Objetaron las manifestaciones del defensor del acusado ante lo improcedente de sus argumentos, contrainterrogaron a los testigos de la defensa y expusieron los alegatos de clausura, fue en ese momento en el que mediante argumentos se expuso al Juez por qué debía condenar al acusado.

Todo esto fue realizado por las Agentes del Ministerio Público Especializados en Litigación, aplicando las técnicas, estrategias y destrezas de litigación en observancia a los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales