Guardería ABC y Casino Royale: la corrupción azul

Por: Ricardo Monreal Ávila

Dos grandes tragedias marcaron el sexenio anterior: el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños, y el ataque criminal al Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas, una de ellas, madre embarazada.

Pues bien, en ambas tragedias hay un común denominador: la corrupción provocada por el tráfico de influencias desde el gobierno federal, y la incapacidad o impunidad para castigar a los auténticos responsables.

El incendio de la fatídica guardería dejó al descubierto el negocio de las subrogaciones o contrataciones por parte del IMSS de guarderías particulares que no reúnen las condiciones de seguridad e idoneidad para la prestación de un servicio elemental a las madres trabajadoras afiliadas a esa institución de seguridad social.

Ante la incapacidad de que el IMSS construya y administre directamente guarderías, acudió a una modalidad de privatización que es la contratación de locales de particulares, donde se improvisan guarderías. Son instalaciones cuyo destino original son bodegas comerciales, talleres mecánicos o naves industriales, pero dados los jugosos contratos que paga el IMSS, se habilitan como guarderías y se asignan de manera discrecional o con una normatividad muy laxa a los beneficiarios.

La mayor parte de esas subrogaciones la detentan políticos, familiares de políticos o socios de estos personajes de la vida pública nacional o local. En el caso de la guardería ABC salió a relucir que los beneficiarios del contrato eran de dos tipos: unos primos de la esposa del entonces Presidente Calderón, y un ex funcionario del gobierno estatal de Sonora. Ninguno de estos beneficiarios del contrato ha sido castigado.

El atentado al Casino Royale puso al descubierto una corrupción más grave: la red de complicidades entre propietarios de casinos y autoridades federales y municipales emanadas de los gobiernos del PAN, para realizar negocios ilegales e irregulares al amparo del poder público.

A raíz de un problema conyugal entre la esposa de un funcionario de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado y el mismo funcionario, de nombre Juan Iván Peña Neder (coordinador de asesores del subsecretario de Gobernación Abraham González, 2006-2008), salió a relucir una auténtica mafia en la asignación, administración y explotación de los permisos que otorgaba el gobierno anterior para operar casino y casas de juego a lo largo y ancho del país.

En su más reciente edición, el semanario Proceso, que fue el primer medio en advertir el manejo irregular en los permisos de casinos, revela en el reportaje “La corrupción casinera, en la médula del PAN”, la integración de esa red de complicidades.

“La última decisión de Felipe Calderón en la Presidencia de la República, el otorgamiento de permisos a dos empresas para operar 94 casinos durante 25 años y que ha generado un escándalo, fue anulada: Un juez suspendió las autorizaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) a las dos firmas, vinculadas con presuntos criminales”.

“El jueves 3 de enero, el juez segundo de distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, otorgó la suspensión definitiva a Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, de cuyo permiso derivaron los otorgados a Producciones Móviles y Exciting Games”.

“Producciones Móviles, a la que Gobernación autorizó la operación de 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números, es propiedad de Juan Iván Peña Neder, según su ex esposa Talía Vázquez Alatorre, quien lo acusa de encabezar una red de traficantes de permisos para operar casinos ilegalmente, aun desde la cárcel, donde espera juicio acusado de violación tumultuaria”.

“Los otros socios de Producciones Móviles, firma que reiteradamente ha sido denunciada por conductas ilegales, son dos funcionarios de la Segob en la primera parte del sexenio de Calderón: Guillermo Santillán Ortega, titular de la Unidad de Enlace Federal, y Roberto Correa Méndez, ex director general de Juegos y Sorteos”.

Se trata del más reciente escándalo en la historia de complicidades y corrupción por el lucrativo negocio de los casinos que proliferan en todo el país –funcionan 349 en 29 estados y hay otros 361 que pueden ser abiertos– y que involucra a prominentes miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en los sexenios de Vicente Fox y Calderón.

“La trama se inició con Fox, cuando Santiago Creel como secretario de Gobernación otorgó permisos para operar 432 casinos –con el argumento de ‘democratizar el juego’ en México– y la rubricó Calderón con los permisos que formalizó dos minutos antes de concluir su sexenio, como lo reveló este semanario el pasado 15 de diciembre (Proceso 1885)”.

“Un tema recurrente de discusión informal en el PAN son los casineros, aquéllos dirigentes que tienen nexos con empresarios como Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, y su hermano Arturo, quienes presuntamente financiaron a Gustavo Madero, presidente del partido, y a legisladores afines a éste como Jorge Villalobos, Rodolfo Dorador, Guillermo Anaya…” (Proceso 1889, páginas 10-12).

Por su parte, el diario Reporte Índigo, el día de ayer reveló que “panistas compran permisos a las mafias. Luis Alberto y Ricardo Villarreal García son militantes panistas y diputados. El hermano del actual líder de la bancada albiazul en la cámara baja fue beneficiario de uno de los permisos que traficaba Juan Iván Peña Neder”. Se refiere a las gestiones que habría realizado el diputado Ricardo Villarreal para abrir el Casino Grand en la ciudad de León, Guanajuato.

Cada día surgen más evidencias de que la proliferación de casinos en los dos gobiernos federales del PAN fue una operación con claros intereses políticos y económicos de color azul, donde la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad fueron el caldo de cultivo.

Los casinos son también la mejor evidencia de por qué no funcionó el combate a la delincuencia organizada en el gobierno anterior: porque la mafia del crimen no sólo se ubicó en las calles y carreteras del país, sino también en las entrañas mismas de los gobiernos del PAN. La Guardería ABC y el Casino Royale son la penitencia que la administración anterior debió pagar por el pecado de la corrupción azul.

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Twitter: @ricardomonreala