Incertidumbre por destino del Bus Sonora

Por Gerardo Moreno/

Las reiteradas problemáticas del transporte público podrían resolverse a partir de un Consejo Ciudadano, aunque se desconoce quiénes lo integrarán; concesionarios de Sictuhsa advierten que es una medida populista que lesiona sus derechos

Con más de dos años de espera del sistema de transporte urbano de calidad, moderno y que atienda las demandas de los usuarios, el Gobierno del Estado pretende a través de varias reformas constitucionales, dejarle a los mismos ciudadanos la tarea de lograrlo creando un Consejo Ciudadano encargado de regular el servicio y aunque genera expectativa también deja dudas e incluso inconformidades.

Cabe recordar que el mencionado organismo ciudadano era uno de los puntos iniciales del programa Bus Sonora, pero por distintas razones nunca se había logrado concertar. El pasado miércoles, en un evento protocolario, las autoridades estatales a través del Secretario de Gobierno, Roberto Romero, presentaron una serie de iniciativas y reformas para ciudadanizar el transporte urbano.

El responsable de la política al interior del estado indicó que el nuevo modelo pone al ciudadano en el centro y principio de todas las decisiones en materia de transporte. Esto a través de la creación de una figura conformada por: usuarios, representantes de los ingenieros, industriales, empresarios, académicos, entre otros.

“El gobierno le transfiere funciones al Consejo ciudadano, prácticamente todas las facultades de más interés para los ciudadanos se les transfiere. Como son la determinación de la propia tarifa, el diseño de las rutas, a propuesta de los municipios, de las paradas y también la calidad deseada a la tarifa que se desea pagar”.

Romero López expresó que se establecen las figuras de dos empresas independientes, una encargada del recaudo y otra de la operación del transporte. Indicó que estas “pueden o no estas compañías, ser integradas por los mismos concesionarios, la ley no tiene limitantes al respecto, sin embargo deberán seguir las reglas planteadas por el Consejo ciudadano”.

Con esto, aseguró, darán transparencia al manejo de los recursos, pues además plantean crear un fideicomiso para permitir que los ingresos por el servicio sean utilizados donde se requieren; primero, pagando las deudas adquiridas, después el servicio de movilidad y de recaudo, las utilidades de los concesionarios y por último un fondo de contingencia.

En esta propuesta también se establece el pago al concesionario por kilómetro recorrido. La iniciativa en su conjunto, da al concesionario transparencia en el costo de operación con la figura del operador y el propio fideicomiso y tiene la ventaja de que asegura la sustentabilidad de su patrimonio que es la concesión.

Expresó que el Gobierno del Estado se concentrará y especializará en la vigilancia de que todos los autores cumplan con la Ley y con los mandatos de los ciudadanos prevén a través del Consejo.

Empoderamiento de los ciudadanos

Por otro lado el Gobernador del Estado, Guillermo Padrés, expresó que esta iniciativa viene darle un empoderamiento al ciudadano, siendo esa la visión de su gobierno creando Consejos ciudadanos de seguridad, en educación, de transparencia, que ha logrado tener a Sonora en los primero lugares.

“El día de hoy les proponemos a los señores diputados, en el marco de una modificación constitucional, le den ese poder del transporte a la gente, porque solo la gente, el ciudadano, van a cuidar el interés colectivo y que exista un buen servicio”.

Explicó que sería lo mejor porque cuando las autoridades encargadas tienen un poder político siempre hay intereses y costos que evitan se tomen las decisiones, así pasó cuando el Congreso del Estado tenía las facultades del transporte urbano, al igual que estos dos años que el Gobierno del Estado la ha tenido.

Comentó que mandan esta iniciativa al Congreso del Estado para que los diputados la analicen y discutan, pero los llamó a que dejen el eje rector de la propuesta que es el interés social y colectivo, se ponga al ciudadano en medio de las decisiones y los conminó a que no se impongan los intereses partidistas.

Lo ven con buenos ojos

El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, comentó que siempre ha sido una demanda de antaño que se le tome en cuenta al usuario y se empodere al ciudadano, por ser el actor principal en la sociedad y más en el tema del transporte.

Dijo que de parte de ellos ven bien la propuesta pues viene a darle transparencia al manejo de los recursos que entran al transporte y que hoy no se tiene. Agregó que es evidente la crisis dentro del transporte público, por lo que los diputados deben darle rapidez en sacar esta iniciativa e indicó que ellos estarán en la mejor disposición para participar en las discusiones que se den dentro del Congreso y de ser necesario presentarán propuestas para que usuarios integren dicho Consejo.

Por su parte el director de Transporte en el Estado, Francisco García Gámez comentó que es acertada la propuesta que presentó el Ejecutivo ya que viene a darle más rapidez a la modernización. Indicó que con ella “le daría más soporte a la dirección de transporte y sobre todo más confiabilidad a los ciudadanos, porque aquí no se está mezclando la cuestión política”.

Por otro lado el presidente de los concesionarios de la empresa Sociedad Integradora del Transporte Eficiente (SIENTE), Víctor Manuel Ibarra, puntualizó que es lo que estaban esperando, transparencia en el manejo de los recursos y con la creación del organismo recaudador  y la figura del fideicomiso se logra esto, con reglas claras en la forma de pago a los concesionarios por kilómetro y así ellos se dedicarían solo a trabajar.

Puede llevar tiempo en el Congreso

En tanto, el diputado José Serrato Castells, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, externó que la propuesta del Gobierno del Estado representa un cambio importante al sistema ya que crea un órgano autónomo al poder público y que tendrá fuerza pues estará fundamentado en la Ley.

Comentó que ahora al Congreso del Estado le toca abrir el tema a la sociedad, a los usuarios, concesionarios, especialistas, académicos, universidades, y todos los implicados para que se discuta, poder ver opiniones y si hay otras propuestas, incluso de los mismos diputados, que se pueden incluir.

Dijo que la aprobación de las reformas puede llevar tiempo y es posible que no se logre en este periodo de sesiones ―concluye en 30 de junio―, pero seguirán trabajando en comisiones y si se dictamina pueden llamar a sesión extraordinario o esperarían hasta septiembre, cuando inicia el siguiente ciclo de trabajo legislativo.

Incertidumbre ante Consejo Ciudadano

El legislador Serrato Castells, explicó que aún faltaría ver bien quiénes conformarían el Consejo Ciudadano, pero de entrada planean propuestas por ejes, es decir: primero el apartado económico a través de las cámaras y organizaciones civiles; segundo en lo social a través de los usuarios; y el eje sustentable con especialistas y académicos.

Por su parte el grupo de Vigilantes del Transporte ―que aglutina la voz de usuarios en Hermosillo― opinó a través de sus distintas redes sociales, que no deja bien claro quiénes formarían el órgano de vigilancia, y eso les genera dudas, pues un empresario, un industrial, no son ciudadanos que utilizan el transporte urbano y que por lo tanto no conocen sus necesidades.

Una medida populista, sin fondo

José Luis Gerardo Moreno, presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte en Hermosillo (Sictuhsa) ―quienes no fueron invitados a la presentación de la iniciativa―, consideró a la propuesta del Gobierno del Estado como populista, que lesiona los derechos de los concesionarios y que los hacen a un lado.

Indicó que no están en contra que se tomen decisiones que mejoren el servicio del transporte urbano, ya que ellos también ganan al lograr que más personas utilicen los camiones, pero agregó que están en desacuerdo con esta propuesta en varios puntos y que ellos ya les habían presentado esas observaciones al Gobierno del Estado:

Primero aclaró, están de acuerdo con la creación de un Consejo pero que este fuera técnico. Ya que el transporte es un tema completamente de análisis de números, financieros, de operatividad, infraestructura y costos. Por lo tanto “ciudadanizar al transporte en realidad es, con todo respeto lo digo, populismo”.

Segundo indicó que la propuesta viene a engrosar la estructura del transporte, pues al tener que contratar y pagarle a una empresa que recaude y a otra que se encargue de lo operativo, también se elevan los costos.

Agregó que no se sabe dónde quedará el concesionario, pues si por un lado ponen una empresa que opere, otra que recaude y el recurso se va a un fideicomiso, se hace a un lado completamente al concesionario. Y agregó que la preocupación es peor pues si una de estas empresas incumple a quien le cargarían la mano y a quien sancionarían es al concesionario.

“Entonces estamos en nuestro derecho en manifestar que no estamos de acuerdo que nos hagan a un lado, en lo cual generacionalmente se ha trabajado, porque aquí hay varias generaciones, el transporte público en Sonora tiene 60 años y hay gente que desde que inició ha sido transportista”.

El problema es de cumplimiento

Gerardo Moreno comentó que existen puntos en la propuesta que ya están en la actual ley del Transporte como la actualización de la tarifa, la agrupación de concesionarios y el pasaje gratuito a estudiantes. Y que todo está muy claro en ella pero ha sido el Gobierno del Estado quien ha incumplido la Ley, primeramente con el pasaje gratuito que recordó él lo prometió y pero no lo cumple.

Aseguró que el problema del transporte no es de leyes, es porque el gobierno ha incumplido con los recursos y no ha sido transparente. Recordó que el gobernador dijo que han invertido mil millones de pesos, aunque no sabe dónde, al transporte nunca llegó. Sin embargo reveló que FEMOT solicitó un crédito de 600 millones de pesos y no saben dónde se utilizó, y lo deben esclarecer.

Expresó que ellos esperaran prudentemente revisar la iniciativa y tratar de trabajar con los diputados del Congreso para presentarles sus observaciones a la propuesta enviada por el Ejecutivo y también insistirán en su añeja demanda del pago de subsidios que, actualmente asciende a 60 millones de pesos. Remató que ahí está el verdadero problema, responsable del mal servicio.