La justicia en Sonora: lenta, arbitraria, parcial e incapaz

 Por Imanol Caneyada/

Primera Plana tuvo acceso al expediente judicial de los homicidios de dos presos en el Cereso de Agua Prieta en manos de un grupo de custodios; las omisiones y las irregularidades ponen en evidencia al aparato judicial del estado 

Si existían elementos sobrados para desconfiar del aparato judicial en Sonora, con la sentencia que el juez cuarto de lo penal de primera instancia de Hermosillo, Mario Alberto Granados Padilla, dictó a propósito de los asesinatos de dos reos ocurridos en el penal de Agua Prieta a manos de varios custodios el 1 de enero de 2009, la justicia en la entidad raya en lo absurdo y pone en evidencia la falta de autonomía del Poder Judicial.

El único sentenciado por el delito de homicidio calificado con alevosía en número dos es Jaime Ríos Cruz, alias el RBD, que trabajaba de custodio en el Cereso de esa ciudad fronteriza cuando se suscitaron los hechos.

El otro inculpado, el ex custodio Aldo Samaniego Barragán, fue absuelto de los mismos delitos, mientras que el entonces director del Penal, el comandante y otros cuatro custodios ni siquiera fueron consignados por el Ministerio Público, a pesar de que los testigos los ponen en el lugar de los hechos, al igual que a Ríos Cruz y a Samaniego Barragán.

De hecho, de los dos homicidios (uno contra el interno Cruz Mauro Moroyoqui Romero y el otro contra el interno Magdiel Gutiérrez Guzmán), el juez únicamente halló responsable a Jaime Ríos por el segundo; del primero, según se desprende de la sentencia, el responsable sigue libre.

Así las cosas, el expediente penal 279/2011, de 392 páginas, muestra con bastante contundencia la manera tan lenta, arbitraria y parcial con que trabaja la justicia en el estado, al tiempo que el único sentenciado asegura que es un chivo expiatorio al que le han cargado la mano por hablar a la PEI cuando se amotinaron los reos del Cereso de Agua Prieta y sostiene su inocencia.

El sentenciado Ríos Cruz, después de causar baja del centro penitenciario, trabajó en la policía municipal de Hermosillo durante aproximadamente un año, hasta que fue acusado por los delitos de homicidio calificado y lesiones que tardan más de quince días en sanar.

Llama la atención el oficio número 92/2009, de fecha 24 de enero de 2009, en el que jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora en Agua Prieta (no menciona el nombre) informa que el día primero acudieron a la entrada del Cereso, en donde Sergio Villaescusa Pérez, director del penal, les dijo que no había ningún motín, que únicamente se trataba de un pleito interno y que ya se había arreglado.

Para ese momento, siete internos habían sido golpeados salvajemente, dos de ellos morirían horas después en el Hospital General de Nogales.

De las declaraciones de los cinco sobrevivientes a la paliza, se desprende que, en efecto, sí hubo un motín, que fue sofocado, y que posteriormente, en represalia, el director del penal, el comandante y seis custodios más sacaron de sus celdas a las siete víctimas, las llevaron al patio y les propinaron una paliza con bats de beisbol y varillas.

Además de los dos reos fallecidos, resultaron con heridas graves los reos Gerardo Alberto Romo Velázquez, Guadalupe Rascón Reyes, Francisco Ismael de la Cruz Robles, Francisco Humberto Perú Yáñez y José Luis Veliz Ruiz.

Los testimonios de las víctimas consignados en el expediente coinciden que una vez que se controló el motín de los reos, alrededor de 15 internos fueron llevados al área de visitas, los pusieron bocabajo y comenzaron a golpearlos brutalmente; la hora que señalan es cuatro de la tarde.

Ahí los dejaron hasta las once de la noche, hora en que los custodios les ordenaron que se desnudaran para arrojarles cubetas de agua helada y golpearlos de nuevo con los propios cinturones de los presos. A las doce de la noche fueron trasladados al Cereso II de Nogales.

Los dos reos arriba señalados llegaron graves y morirían en la madrugada en el Hospital General de Nogales.

Los testimonios de las víctimas también coinciden en que los empleados penitenciarios que les propinaron la paliza fueron el director del penal Sergio Villaescusa Pérez, el comandante Toño (Juan Antonio Hernández Soto), el subcomandante Encarnación Salazar, y los custodios Álvaro Cuervo, Fernando Jacobi, Manuel Eduardo Medrano Estrada, Feliciano Fernández Navarro, Miguel Hernández Regalado y Jaime Ríos.

Ninguno señala a Aldo Barragán.

Todos los reos que atestiguaron en el caso señalan a Miguel Hernández Regalado como el custodio que más se ensañó en la golpiza, al grado de que sus compañeros tuvieron que detenerlo.

De todos ellos, el ministerio público investigador con sede en Agua Prieta, consignó el veintisiete de octubre de 2010 (es decir, 22 meses después de los hechos) ante el juez de primera instancia de aquella ciudad, únicamente a Jaime Ríos, alias el RBD y a Aldo Barragán.

Ni el director del Cereso ni el comandante ni el subcomandante ni los otros custodios fueron consignados.

Posteriormente, el caso se trasladaría al juzgado cuarto de primera instancia de Hermosillo, el cual emitió la sentencia el 29 de noviembre de 2012, casi cuatro años después de los homicidios y las lesiones infringidos a los reos del Cereso de Agua Prieta.

Por su parte, los empleados penitenciarios, en sus declaraciones, establecen que una vez que sofocaron el motín (aunque el director, de entrada, negara tal), encerraron a los reos en sus celdas; después, localizaron a los quince internos que habían suscitado la reyerta durante la vista de los familiares, y los sacaron de las celdas para trasladarlos al Cereso II de Nogales por su peligrosidad. En ese momento descubrieron que en la enfermería se encontraban Cruz Mauro Moroyoqui y Magdiel Gutiérrez, ambos en estado grave por heridas causadas por ellos mismos.

De todas formas procedieron al traslado de los presos.

En la sentencia, el juez establece la culpabilidad de Jaime Ríos alias el RBD por el homicidio de Magdiel Gutiérrez y lo sentencia a 32 años de cárcel; sin embargo, lo exculpa del de Cruz Mauro Moroyoqui; mientras que absuelve a Aldo Barragán de toda responsabilidad.

Todos los testigos ponen en el lugar de los hechos al entonces director del penal, al comandante, al subcomandante y a seis custodios; todos los testigos señalan que los golpearon brutalmente y que el Miguel (Hernández Regalado) fue el más brutal de todos ellos.

La justicia sonorense sólo pudo hallar a un culpable.