Lo bueno, lo malo y lo feo de la sentencia del Caso Emma: Mis chats son privados

Fue la presión social la que los obligó a respetar la Constitución y a reconocer lo que debería ser obvio: El Estado tiene barreras frente a nuestras comunicaciones privadas

Por Mónica Calles Miramontes

Emma solo platicó con un “amigo” por WhatsApp, fue una conversación entre otros 100 millones que ese día existieron en México. Hablaron de su día, compartieron noticias y criticaron a la diputada morenista Almendra Negrete.

Meses después, por conseguir trabajo con la diputada, ese “amigo” traicionó a Emma y le entregó a la funcionaria capturas de pantalla de las conversaciones.

La diputada la denunció por violencia política de género y, sin entenderlo todavía, Emma tenía solo unas horas para preparar una defensa en contra de las absurdas acusaciones donde esta funcionaria no solo exigía disculpas públicas, ¡quería 300 mil pesos!

El Tribunal Electoral de Sinaloa lo tuvo claro desde un inicio: las conversaciones privadas no son un espacio de vigilancia por parte del Estado.

Sin embargo, el asunto llegó a la maravillosa Sala Regional Guadalajara (TEPJF) integrada por tres magistrados del acordeón (Sergio Guerrero Olvera, Irina Graciela Cervantes y Rebeca Barrera Amador) y empezó la persecución judicial. Los magistrados no solo decidieron que tenía el poder de invadir la vida privada de Emma y revisar sus conversaciones, ordenaron que fuera sancionada por no ser “sorora” y por hablar mal de una política con poder.

Esta historia es tan absurda como real. La conocí cuando leí la sentencia dictada en contra de Emma.

La indignación me llevó a cuestionar este atropello en redes sociales y en una columna de opinión. ¡Era abuso de poder! ¡Las instituciones electorales quebrantaron la frontera de la libertad individual de Emma y de cada ciudadano!

Emma leyó mi crítica en redes sociales y me contactó. Entonces, se acabó el silencio.

Resulta que durante meses había enfrentado una serie de atropellos a sus derechos dirigida por la Sala Regional Guadalajara, quien, además, le ordenó a Emma callar, al imponerle unas absurdas “medidas cautelares” donde le habían prohibido hacer cualquier cosa que afectara la imagen o las emociones de la diputada morenista Almendra Negrete.

La buena noticia fue que me contactó cuando estábamos en el último día para presentar la impugnación ante la Sala Superior y tomé su defensa legal; la mala noticia fue que, el magistrado Felipe de la Mata tardó más en recibir el nuevo expediente, que en presentar un proyecto para desecharlo, porque le parecía irrelevante. Este fue el comienzo de una gran batalla ciudadana.

El resultado de esta batalla nos deja un balance agridulce que podemos dividir en lo bueno, lo malo y lo feo del Caso Emma.

Lo bueno: el fin de la persecución 

El Caso Emma tuvo una amplia difusión en redes sociales, medios digitales, radio y televisión. La indignación ciudadana creció y la exigencia de frenar el abuso de poder fue unánime.

Esto obligó al magistrado Felipe de la Mata a retractarse en su intento por desechar el asunto de Emma y propuso revocar la sentencia absurda.

Finalmente, el miércoles 18 de marzo, por unanimidad, seis magistrados de la

Sala Superior resolvieron que la sanción a Emma tenía como base una prueba ilícita, porque las capturas de pantalla de WhatsApp habían sido aportadas por un tercero (el “amigo” traidor) y no por quienes eran parte en la controversia (Emma y la diputada Almendra).

Con esto, la aberrante sentencia de la Sala Regional Guadalajara se desmoronó y Emma recuperó su tranquilidad al ponerle fin a un expediente judicial que jamás debió existir.

Esto solo se logró gracias a que Emma contó con el mejor equipo de defensa: una ciudadanía unida, organizada, valiente y exigente. Cada tuit, cada artículo, cada voz que denunció el abuso de poder fue un recordatorio para un Tribunal Electoral arrodillado al interés político.

Fue la presión social la que los obligó a respetar la Constitución y a reconocer lo que debería ser obvio: El Estado tiene barreras frente a nuestras comunicaciones privadas.

Lo malo: la evasión del problema constitucional

El debate no debió centrarse en quién entregó las capturas de pantalla de WhatsApp, sino en QUIÉN LES DIO PERMISO PARA LEERLAS.

El gran problema es que, los magistrados electorales y los políticos de piel delgada siguen pensando que tienen el poder de entrar en nuestra vida privada, violar nuestro derecho a la intimidad y revisar qué fue lo que platicamos con un amigo o familiar, siempre que se cumplan “ciertas reglas”. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral tomó la salida fácil y omitió su deber de ser garante de la Constitución. Los magistrados fallaron al no entender que nuestras comunicaciones privadas no son un espacio que el Estado pueda fiscalizar. Las instituciones electorales no fueron creadas para ser inquisidoras de la moral, ni vigilar lo que los ciudadanos debemos o no decir en nuestro espacio privado.

El Caso Emma, no debió centrarse en quién entregó las capturas de pantalla, sino en que las expresiones en el ámbito privado son una esfera protegida donde el Estado no tiene una llave para vigilarnos.

Los derechos humanos establecen un claro límite donde el Estado tiene un espacio cerrado que no puede vulnerar y esto no depende de la “autenticidad” de la prueba.

Al final, la Sala Superior, estableció un criterio que es más restrictivo que la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre la inviolabilidad de las comunicaciones en el ámbito penal. Esto nos muestra el nivel de desconocimiento y descuido del Tribunal Electoral.

Lo feo: lo difícil que es conseguir Justicia

Lo verdaderamente feo es el calvario que una ciudadana común tiene que pasar para defender un derecho humano. Emma no es una política que puede disponer de recursos para defenderse de una persecución judicial, una conversación privada la llevó a enfrentar a todo el aparato estatal.

Lo feo es que la justicia en México dependa de que un caso se vuelva viral o de que alguien por accidente lea una sentencia arbitraria.

Lo verdaderamente feo es tener que reconocer que Emma no recibió justicia porque el Tribunal Electoral haya decidido dejar su pasado de complacencia política y servir a la sociedad. Siguen siendo los mismos magistrados que le entregaron a la coalición oficialista una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Son los mismos que, burlándose de la inteligencia de los mexicanos, se atrevieron a negar la existencia de los millones de “acordeones judiciales” que todos vimos.

Son los mismos personajes que hoy ocupan un cargo gracias a que su convicción democrática fue tan poca que robaron una elección con tal de asegurar su puesto.

Emma no ganó por la integridad de nuestro sistema de justicia, sino porque la ciudadanía los obligó a que, en esta ocasión, dejaran de servir al poder, exigiendo respeto a la Constitución; pero el efecto duró muy poco, porque minutos después de declarar justicia para Emma, los magistrados recordaron para qué fueron puestos en ese sitio y voltearon hacia otro lado para dar paso a la impunidad del partido oficial y de Pío López Obrador.

Porque para la justicia electoral sigue importando más lo que una ciudadana dice en su WhatsApp, que una campaña electoral financiada con sobres amarillos.

*Abogada y consultora especialista en materia electoral Web: defensaelectoral.com.mx

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