Minería en Sonora: hipotecar el futuro

Por Imanol Caneyada/

Tanto el gobierno federal como el estatal sostienen la política de atraer indiscriminadamente inversión minera al estado, sin detenerse en el impacto ambiental, el despojo de las tierras comunales y ejidales y las pobres condiciones laborales de la mano de obra, producto de la tercerización del sector

Hay ciertas mentiras que de tanto repetirse, se convierten en verdades. En Sonora, una de ellas podría ser que la industria minera es puntal del desarrollo de la región.

El estado es líder nacional en la extracción de cobre, plata y oro, de los que aporta cerca del 50% de la producción anual en todo el país.

Únicamente en Sonora se extraen minerales como grafito, wollastonia, carbón, antracítico y molibdeno.

En la actualidad existen alrededor de 2,500 concesiones a empresas mineras que explotan 20% del territorio sonorense. Pero las entrañas del estado aún tiene mucho que ofrecer y las compañías canadienses, estadounidenses y nacionales quieren seguir creciendo.

Tanto el gobierno federal como el estatal sostienen la política de atraer indiscriminadamente inversión minera al estado, sin detenerse en el impacto ambiental, el despojo de las tierras comunales y ejidales y las pobres condiciones laborales de la mano de obra, producto de la tercerización del sector.

El discurso oficial, soportado por las propias compañías mineras y el Banco Mundial de Comercio, es que la minería general empleo y propicia el crecimiento económico.

Poco se dice sobre los impactos negativos de una industria considerada como una de la más contaminante junto con las cementeras.

Sí a la vida, no a la minería

A finales del mes de enero de este año se llevó a cabo en Oaxaca el Encuentro Mesoamericano contra la Minería “Sí a la vida, no a la minería”, en el que participaron 400 panelistas de Centro y Norteamérica y Europa.

Los expertos que acudieron a la cita, a grosso modo, concluyeron que el modelo extractivista (el que se aplica en Sonora) como base económica y supuesto desarrollo de México y los países de Mesoamérica es, en realidad, una forma de despojo a agricultores y campesinos. En México, apuntaron, en 12 años se han otorgado 12 mil concesiones mineras.

Uno de los principales participantes del encuentro, Gustavo Castro Soto, integrante del movimiento Amigos de la Tierra, definió la industria minera de la siguiente forma:

“Es una industria en la que se eliminan costos y se aumentan las ganancias a costa de extraer materias primas y explotar a los trabajadores”.

Según el activista, el 80% de la industria minera en México es a cielo abierto, lo que significa que se destruyen bosques enteros, no se regenera la naturaleza y se produce drenaje ácido que se filtra a los mantos freáticos; además del desplazamiento de población.

Otro aspecto que señaló Castro Soto es la represión que el gobierno federal y los gobiernos estatales ejercen contra aquellos que se oponen a los intereses de las compañías mineras, por la colusión existente entre ambas partes.

En Sonora recientemente vivimos lo anterior con los ejidatarios de Soyopa, quienes se oponen a la minera canadiense Red Tiger Mining Inc.; la reacción del gobierno de Padrés fue fulminante y los ejidatarios terminaron en la cárcel.

Daños contra la salud

En el Noroeste de México comienzan a surgir cada vez más voces discordantes con el discurso oficialista de que la industria minera se traduce en desarrollo y progreso.

Es el caso de Medio Ambiente y Sociedad A.C (MAS), una asociación nacida en Baja California Sur que ha iniciado una campaña llamada “Libre de Mega Minería Tóxica”.

En esta campaña, difundida principalmente en las redes, la organización denuncia los impactos en el medio de la mega minería.

“Es importante señalar que no estamos en contra del desarrollo ni somos opositores de la minería per se. Solo nos oponemos a los proyectos de mega minería que además de usar y desechar sustancias tóxicas, se pretenden establecer sobre nuestras áreas naturales protegidas, sobre las áreas de recarga de los acuíferos y/o en sitios donde pueden causar un gran daño ambiental que a mediano y largo plazo tendría un costo demasiado elevado, no solo en el área geobiofísica, sino también en el área socioeconómica, debido a que sus impactos negativos sobre flora, fauna, aire, suelo y agua, entre otros, afectarían a las demás actividades productivas (turismo, agricultura, pesca, etc.), que son fuentes de miles de empleos y, finalmente, a la salud de la población y por ende, a nuestra calidad de vida, además de hipotecar la calidad de vida de las futuras generaciones”.

MAS pretende educar y concientizar sobre los impactos de esta actividad proporcionando información sobre, por ejemplo, los daños a la salud de quienes viven cerca de una mina explotada a cielo abierto (el modelo sonorense).

Y enumeran así los efectos:

1. Además de producir cáncer de piel, pulmón, vejiga, riñón e hígado, se ha observado que el arsénico puede causar enfermedades cardiovasculares y vasculares periféricas, así como trastornos neurológicos. También se ha observado  una fuerte correlación entre el arsénico y la diabetes mellitus. Ostrosky, P. 2009. Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM.
2. El arsénico en el agua aumenta el riesgo de enfermedad y muerte más que cualquier otro elemento ambiental conocido. Nadie debería beber agua contaminada con arsénico. Allan Smith. 2010. University of California, Berkeley, USA.
3. Tanto el arsénico como el plomo producen un daño irreversible en la salud de las personas. Andrei Tchernitchin. 2011. Pediatra y Toxicólogo Ambiental. Universidad de Chile.

4. Estudios realizados en cordones umbilicales demuestran que el arsénico produce alteraciones en el genoma humano y se han identificado hasta 450 genes con diferencias muy significativas. Lo que implica que en estos bebés, el arsénico favorecerá la aparición de cáncer y otras lesiones, al cabo de unos años. Rebecca Fry et al. 2007.  Center for Environmental Health Sciences, Massachusetts Institute of Technology, USA.

MAS también denuncia el contubernio de las autoridades federales y estatales con las empresas mineras y los efectos socioeconómicos negativos que produce la concesión indiscriminada de permisos en todo el territorio nacional.

“El primer impacto se presenta con las concesiones que el gobierno federal otorga, ya que la ley minera declara «de interés público» la minería privada, algo totalmente irracional e inconstitucional ―si nos vamos a la esencia de la Constitución―, pues le da preponderancia sobre cualquier otra actividad, lo que permite el abuso de las mineras, en contubernio con autoridades venales, para despojar «legalmente» a los verdaderos dueños del terreno, usando la figura de «ocupación temporal», cuando estos no quieren vender o rentar. Eso también causa problemas sociales y divisionismo entre las comunidades; lo que conviene a las mineras pues debilitan la oposición. Finalmente, con el apoyo de las autoridades y líderes corruptos, se adueñan temporalmente de los terrenos; pues su único interés es extraer la riqueza del subsuelo y, obviamente, una vez depauperado y contaminado el suelo, el terreno ya no les interesa, pues ya no tendrán ningún valor para la agricultura o ganadería, ni para vivienda o cualquier otro tipo de actividad, debido a las enormes cantidades de contaminantes que se quedan desperdigados y almacenados a perpetuidad».

Hace dos años, “Primera Plana” presentó a sus lectores un reportaje en el que reflejaba la situación extrema de los ejidatarios de Nacozari frente a Grupo México.

La minera había terminado por expulsar a los ejidatarios hacia las laderas de los cerros reduciendo su capacidad de producir forraje para el ganado, el cual moría atrapado en la pasta que los desechos de la mina forman en los lugares de abrevadero.

Hace unos días, la historia se repetía en Soyopa.

De momento, tanto el gobierno federal como el estatal siguen sin modificar el discurso ni las políticas respecto a la minería; desoyendo las advertencias de los grupos ambientalistas, de los médicos, de los ejidatarios.