Presa “ALR”, ligada a un servicio público; Municipio tiene “mano”

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

SOBRE EL ANUNCIO del gobernador Alfonso Durazo de efectuar estudios para establecer la viabilidad de comercializar el área de la presa “Abelardo L. Rodríguez”, han opinado expertos como José Luis Jardines y César Lagarda, entre otros, llegando a la conclusión de que tal iniciativa no es una buena idea.

Pero además, el aspecto jurídico alrededor del tema es esencial y quien más tiene conocimientos sobre ello es el licenciado Juan Jaime Sánchez Meza, actual asesor en la materia de varios gobiernos estatales, exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua y quien incluso pasó por Agua de Hermosillo.

En conversación que llevamos a cabo en TVD PRIMERA PLANA, Sánchez Meza dejó en claro varios puntos, vitales en las observaciones para determinar el destino de la presa construida en los años cuarenta por el entonces gobernador, general Abelardo L. Rodríguez.

Primero: Deberá llevarse a cabo un proceso de desincorporación de un bien del servicio público, a un bien del servicio privado. Esto podría tardar meses y varias dependencias gubernamentales entrarían en dicho proceso, encabezadas por la CONAGUA, la Semarnat y la Sedatu.

Segundo: Si se quiere comercializar esa área para obtener recursos y construir tres presas más, el procedimiento se estaría llevando a cabo en sentido contrario, ya que primero habría qué construir las presas y después, lo que continuaría sería la determinación de la inutilidad de la presa “ALR”, para otorgar el servicio público al que se le destinó, porque el agua acumulada en su vaso alimenta los mantos freáticos que finalmente proporcionan el vital líquido contenido en la batería de pozos conectados a la red de agua potable de la ciudad capital del Estado.

Tercero: El artículo 115 constitucional establece con claridad la facultad exclusiva que tienen los municipios para otorgar el servicio de agua potable a la población. Luego entonces, el municipio de Hermosillo sería el principal asignatario y no el Gobierno del Estado, para recibir la desincorporación del gobierno federal y determinar el destino del área de la presa “ALR”.

Aparte de otros procedimientos jurídicos que deberían llevarse a cabo, están los estudios técnicos del subsuelo y de la superficie de ese “vaso” donde históricamente se han juntado los ríos San Miguel y Sonora.
Se tiene la certeza de que dichos ríos seguirían escurriendo por las lluvias normales durante el año y, según estudios recientes de la Semarnat dados a conocer por el presidente de la república, la contaminación derivada de los derrames de ácido sulfúrico sobre el Río Bacanuchi en 2014 (alimentador del Río Sonora) no ha logrado remediarse completamente.

¿Cómo seguir utilizando agua contaminada, para hacerla llegar a la población en estado potable? Existen potabilizadoras para llevar a cabo esa función, pero de entrada es un cuestionamiento que no debería echarse en saco roto.

El licenciado Sánchez Meza estimó, que en caso de declararse viable el proyecto anunciado por el Gobernador del Estado, las obras para hacerlo realidad no se verían en la presente administración estatal, a la que le restan menos de cuatro años.

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