Seguridad Privada en Sonora, un negocio de explotación

Por Rigo Gutiérrez E./

En Sonora operan 400 empresas “patito” de seguridad privada; un sindicato de guardias denuncia la explotación laboral, la evasión fiscal y hasta el posible uso de las empresas para el ‘lavado de dinero’

La seguridad privada en Sonora es una bomba de tiempo que por años han ignorado las autoridades y de un momento a otro podría estallar. Se trata de un negocio bastante lucrativo, de explotación laboral y hasta de posible lavado de dinero de organizaciones delictivas.

Todos nos hemos topado con un vigilante. Junto a la puerta del supermercado, en el banco, en las oficinas de gobierno, en guarderías, en el acceso al fraccionamiento, pero por lo regular nunca reflexionamos: ¿qué hay detrás de los raídos uniformes? O bien ¿trabajará para una empresa “patito”?

Y es que de acuerdo al registro más reciente de empresas autorizadas que publica la Dirección General de Seguridad Privada (órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal), en Sonora operan 51 empresas con autorización vigente. Por su parte un Control y Registro de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ―publicado en 2012― existían 130 prestadores de servicio.

Sin embargo, se estima que sólo en Sonora, poco más de 400 empresas brindan estos servicios. Es decir, un giro laboral donde participan alrededor de 20 mil personas.

Cuidando a quien no los protege

Claudio Huidobro, es dirigente de un sindicato de guardias de seguridad, desde hace años desempeña esta labor y ha vivido todo lo que padecen estos empleados en el día a día, pero denuncia que hoy, la situación es grave ante la falta de garantías laborales, lo cual pone en riesgo a la misma sociedad.

En entrevista para “Primera Plana” y con un expediente en mano bien alimentado por los años, Claudio inicia la charla exponiendo los argumentos legales que indica, obligan al estado a tomar una decisión urgente.

“Hay una explotación a guardias, porque la Ley es clara, dice ocho horas de trabajo, no doce; hay una evasión fiscal; y hay lavado de dinero, que se da muy fuerte, aunque es algo fuerte que nosotros no podemos comprobar ya que no nos podemos meter a las finanzas. Lo pero aquí es que el mayor cliente de la seguridad privada es el gobierno, ya sea estatal o federal”.

Para ilustrar lo que califica como “el colmo de la situación”, habla de lo que ocurre en el corazón de las operaciones gubernamentales de Sonora:

“Ahí en el Centro de Gobierno, cada dependencia tiene su compañía, pero ahí en la cara de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahí trabajan doce horas, ahí están sin seguro, ahí están con salarios de dos mil pesos y la autoridad bien gracias; hay doble delito, porque aparte son usuarios de los servicios de los compañeros y eso los convierte en patrones y responsables de esos trabajadores”.

En este sentido, el líder de los casi 2 mil 500 vigilantes, presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ejecutivo del Estado, Contraloría, Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Trabajo, por no respetar y aplicar las leyes de Seguridad Pública, Ley Federal del Trabajo, de Contraloría, del Seguro Social (que obliga a las empresas a requerir que coticen).

El problema, revela Huidobro Cárdenas, es que ni la CEDH actúa contra las dependencias estatales. Pero advierte, de no tener respuestas “clausurarán” simbólicamente la Comisión.

Ley de Seguridad es letra muerta

En julio de 2011, los diputados de la 59 Legislatura aprobaron la “Ley de Seguridad Pública del Estado”, es en el Libro Tercero donde se aborda la regulación de los Servicios de Seguridad Privada.

Previo, en la argumentación presentada por los diputados, ya hacían referencia del contexto de explotación y la expansión anárquica: “…actualmente existen 360 empresas de seguridad, de las cuales solo unas 50 tienen permiso para operar en el Estado, el resto son conocidas como “piratas”, no cuentan con ningún permiso ni registro, asimismo evaden el pago al estado del 2% sobre nómina y las prestaciones sociales de ley”.

En el artículo 203 de la referida Ley, señala como una obligación del titular del Ejecutivo, por conducto del Secretario de Seguridad, como la figura que debe autorizar a quienes presten los servicios y a la vez están obligados ―según la fracción V del mencionado artículo― a “Sancionar conforme a lo dispuesto en esta Ley, a los prestadores de este servicio, cuando operen sin autorización o dejen de cumplir con los requisitos establecidos en la misma o en las demás disposiciones aplicables”.

Además en el “Reglamento de Prestación de Servicios Privados de Seguridad Pública” ―publicado en 2006 por el gobierno de Eduardo Bours― señala que se sancionará con multa de cien a 5 mil veces el salario mínimo a quien esté prestando cualquiera de las modalidades de servicio privado de seguridad y no cuente con autorización y registro.

El terreno legal luce muy claro para que trabajen las autoridades competentes y por más lustradas que se vean las botas del vigilantes aún queda la incógnita de qué habrá detrás de esos 18 mil vigilantes. Por lo pronto sus familias apenas y podrán completar la comida esta semana, rogando no enfermarse porque no habrá servicio médico, muy a pesar de trabajar a la puerta del mismo Hospital.