Todo el poder contra la Corte 

De 1917 a la fecha —ni en las peores etapas del bipartidismo— no se había visto en México; un gobierno sin diálogo, sin el menor respeto a las formas y enfrentado a cada rato al poder judicial

Por Bulmaro Pacheco
En Sonora presumimos de los presidentes de la República originarios de la entidad que ha tenido México (Félix Zuloaga, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez) y también de secretarios de Estado cercanos a presidentes, pero casi nunca hemos reflexionado sobre la cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia originarios de estas tierras, cuando menos de 1917 a la fecha. 
Solo dos ministros de la Corte han nacido en Sonora: José María Ortiz Tirado nació en Álamos, en 1894 fue nombrado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1934. Fue presidente de la Corte en 1934 y se retiró en 1947; Gilberto Valenzuela Galindo. Nació en Sahuaripa, en 1891. Fue nombrado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953, y se retiró en 1961. También fue gobernador provisional de Sonora del 16 de diciembre de 1916 al 15 de enero de 1917, redactor y firmante del Plan de Agua Prieta en 1920, secretario de gobernación con Calles e impulsor del Plan de Hermosillo en 1929. 
La historia registra que ambos personajes tenían convicciones firmes y una gran formación jurídica. Los dos participaron en el Poder Judicial en tiempos complicados —pero de respeto— hacia el equilibrio de poderes. 
Hoy también vivimos etapas complicadas por la falta de respeto del Poder Ejecutivo hacia los otros poderes incluyendo a los partidos, el pacto federal, los organismos autónomos, los gobernadores que no son de Morena, el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia. 
Quizá haya pasado inadvertido, pero algunos sí registraron el movimiento realizado en 2018 por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, de origen priista, después del Verde Ecologista y ahora de Morena. 

Velasco ingresó en calidad de senador siendo todavía gobernador del Estado de Chiapas (diciembre 2012 a diciembre 2018) a pesar de que el artículo 55 de la Constitución mexicana señala: “Los gobernadores de los Estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el período de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”. Inédito en México, pero eran diferentes. 
El antecedente más cercano a esos excesos fue cuando el gobernador de Campeche (1973-1976), Carlos Sansores Pérez, solicitó licencia como gobernador en 1973 para postularse candidato a diputado federal por la Ciudad de México. Sansores ya traía la consigna de ser el líder de la XLIX Legislatura en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Otros tiempos, otras formas, igualmente ofensivas para el desarrollo político. 
El presidente Carlos Salinas de Gortari decidió nombrar a Carlos del Río Rodríguez, presidente de la Suprema Corte de Justicia (1986-1990), como su representante personal al cambio de poderes en un país sudamericano. Esto encendió la polémica con el abogado Ignacio Burgoa Orihuela en torno a las facultades del presidente y la autonomía del Poder Judicial por disponer de un ministro-presidente como si fuera empleado del Poder Ejecutivo. Esa polémica abrió de nuevo y por un tiempo, el debate sobre la división de poderes en México. 
Una desaseada propuesta de reforma fue la de tratar de ampliar el período del gobernador Jaime Bonilla (Baja California; 2019-2021) de dos a cinco años, «para diseñar y ejecutar debidamente el plan de desarrollo para satisfacer las necesidades de la ciudadanía» (sic). 
Aprobada la iniciativa por el Congreso local, no fue publicada por el gobernador saliente, y la reforma fue desechada por la Suprema Corte. Bonilla tuvo que concluir su período de dos años en 2021. 
Hasta hoy la reforma más importante en el Poder Judicial ha sido la impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 (de 21 a 11 ministros, ternas propuestas por el presidente para la aprobación de las 2/3 partes del Senado, de 3 a 4 años la duración de la Presidencia y 15 años en el cargo, entre otras), 1996 (incorporación del Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial) y 1999 (naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura).
Dice Joel Carranco Zúñiga: «La incapacidad para desahogar las grandes presiones ocasionadas por los crímenes que conmocionaron al país y al mundo, el proceso de designación de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, así como los demás vicios que comenzaban a afectar la imagen de la judicatura puso al descubierto una Suprema Corte de Justicia desgastada por los acontecimientos políticos y sociales que aquejaban a la nación, así como el descrédito de algunos de sus funcionarios». Según al autor se trató de: «La más densa reforma en comparación con las demás. Es la única ocasión en que todos los artículos (14) del capítulo IV de la Constitución Federal fueron objeto de reforma». 
Siguieron otras reformas de menor calado en los gobiernos de Felipe Calderón (quitó la facultad de investigación en materia electoral), de Enrique Peña Nieto (órganos autónomos, cambio de PGR a Fiscalía general, y la transformación del IFE en INE) y con López Obrador (paridad de género, defensoría pública federal, entre otras). 
En 2021 se promovió la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con dedicatoria para ampliar en dos años más, la duración de la Presidencia de la Corte del ministro Arturo Zaldívar (2019-2022). Fue aprobada en el Senado y en abril de 2021 por la Cámara de Diputados (262 votos a favor, 182 en contra, y 7 abstenciones); pero la misma Corte la desechó por inconstitucional, ya que contradecía al quinto párrafo del artículo 97 de la CPEUM, que al efecto establece: «Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior». 

¿En qué estarían pensando los que llegaron al Poder con relación a la promoción de reformas abiertamente inconstitucionales y desechadas en su mayoría por la Corte? Ellos siempre han pensado que en México todo lo pueden hacer sin problema y si ganaron el Poder en 2018 fue porque «son diferentes a los anteriores». Por lo tanto, tienen permitido hacer de todo, aun cuando se violente el orden constitucional y la relación entre los Poderes de la República… para eso ganaron, ¡faltaba más!
De ahí proviene también el fanatismo al que se llega cuando se debate con algunos morenistas. Se aferran a su credo y prejuicios con un radicalismo único, como si fueran a durar para siempre. De 1917 a la fecha —ni en las peores etapas del bipartidismo— no se había visto en México; un gobierno sin diálogo, sin el menor respeto a las formas y enfrentado a cada rato al poder judicial. 
Solo así se explica el selectivo coro político que acompaña al presidente López Obrador al momento de descalificar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. No pudo prolongar el período de Bonilla en Baja California ni el de Zaldívar en la Corte, no le aceptaron sus reformas electorales, no pudo imponer a Jazmín Esquivel como presidenta y se ha negado a opinar sobre el plagio de su tesis de licenciatura, y desde el Poder se impulsa una implacable y violenta batalla contra fiscales estatales que no son del agrado de los gobernadores morenistas. 
El Ejecutivo ha enfocado con dureza sus baterías contra la ministra presidenta Norma Piña y otros ministros. Los ha calificado de corruptos y conservadores (sin prueba alguna) y ha prometido una reforma —para que los ministros sean electos por el voto popular— para septiembre de 2024, cuando ya haya presidencia electa y le quede apenas un mes en el Poder Ejecutivo, pensando que tendrán mayoría calificada en el Congreso. ¿barruntos de tormenta? Puede ser, porque al parecer todavía no hemos visto la película completa…
 
[email protected]