Un complejo que contará con todo, menos con ética

Por Iván Ballesteros Rojo/

“El asunto debe llevarse a los terrenos de la ética ambiental y la justicia social. Se supone que en el país hay un marco de política ecológica que tiene que tomar en cuenta”: Milton Aragón, investigador del Colson

Muchas zonas cercanas a las presas en México en un principio eran ejidos que fueron expropiados o se dio una indemnización por el terreno, por lo que las personas que vivían allí tuvieron que salirse. Con la reforma del artículo 27, realizada en 1992, en cuestiones de uso de suelo prácticamente se vale de todo, esto gracias al predominio del mercado libre de suelo en el cual los gobiernos municipales fungen como intermediarios. El municipio está facultado para otorgar cambios de uso de suelo. La propiedad ejidal, en pocas palabras, se puede privatizar generando grandes especuladores de tierra. En cuestiones de uso de tierra no hay mucho que discutir. Aquella empresa que tenga el dinero, y las relaciones, podrá usar el suelo como le plazca. Pero hay una discusión pendiente en este sentido. Una que tiene que ver más con cuestiones éticas.

Lo anterior viene al caso por el anuncio de la construcción de un complejo residencial, promovido por la empresa Misión XXI, en las inmediaciones del río San Miguel y la presa Abelardo L. Rodríguez. Un complejo que contará con lago artificial, campo de golf, zonas arboladas, albercas y demás pretensiones a las que podrán acceder los altos jerarcas, y la nueva burguesía, de la economía sonorense. Primera Plana platicó sobre este proyecto con el investigador (experto en asuntos urbanos) del Colegio de Sonora, Doctor Milton Aragón.

¿Los territorios estatales, incluyendo presas y ríos, son parte de la oferta que un municipio puede ofrecer?

De lo que no estoy seguro es si el vaso de la presa es territorio federal, supongo que sí. Imagino que está administrado por Conagua o algún organismo municipal. En el gobierno de Fox hubo una modificación en la reforma que dejó a los gobiernos municipales como administradores de los márgenes de los ríos en sus zonas, lo cual fue muy discutido. Hay un caso sobre esto en Monterey. Se instaló una pista de go cars, juegos, canchas de futbol rápido privadas, cuando ese espacio antes era para el público en general. La empresa pagaba una renta o se dejaba en comodato ese territorio natural para lucrar con él.

Además de ofrecer un lago artificial a sus moradores, este complejo también ofrecerá un campo de golf. ¿Qué supone esto?

Creo que esta es la verdadera discusión. Como sabemos, los empresarios que quieren realizar construcciones en ese tipo zonas tienen todos los elementos legaloides para hacerlo. Después de todo el asunto del impacto ambiental y demás formalidades, son resueltos casi con una fórmula, con un discurso. Estas constructoras contratan a despachos que saben cómo presentar el proyecto para que sea legal. Pero para el asunto del campo de golf, o del lago artificial, allí estamos hablando de una incoherencia en el discurso de los políticos. Estamos hablando que un campo de golf requiere un mínimo 3,000 metros cúbicos de agua al año. Apenas en el 2012 en Hermosillo llovió 218 metros cúbicos. Entonces, si estamos hablando que en Hermosillo hay una disputa con el Sur del estado por el agua, y además que los gobiernos hablan de sustentabilidad, y de repente promueven estos modelos de urbanizaciones cerradas y elitistas, no hay lógica. La cuestión del campo de golf, y el lago artificial, son estrategias para subir el valor de tu terreno. Nosotros lo llamamos Esternalidades. Si tú tienes un terreno que vale 100 pesos el metro cuadrado, cuando le agregas estos elementos subes su valor hasta 5,000 mil pesos.

¿La discusión sobre este tipo de proyectos no pasa tanto por cuestiones legales, ya sabemos que de eso las empresas saben mucho, entonces por dónde?

El asunto debe llevarse a los terrenos de la ética ambiental y la justicia social. Se supone que en el país hay un marco de política ecológica que tiene que tomar en cuenta todos estos asuntos. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos 3,000 metros de agua que necesita el campo de golf? ¿O el otro tanto que requiere el lago artificial? Podrán decir que ellos tendrán su propia tratadora de agua, pero entramos a la discusión de si el agua es un recurso natural al que todos tenemos derecho, o es un bien al mejor postor. Si es lo primero el agua debe llevarse a otros lugares, como parques públicos. Si utilizamos la ética en este tipo de cuestiones, el agua debería abonar a un mejor ambiente para todos, sin ser excluyente.

¿Pero esta discusión sobre ética ambiental, dónde se puede dar, qué mecanismos hay para darle un cause?

Se puede dar en los medios informativos y en las instituciones competentes. Debería estar incluida también en los procesos de impacto ambiental. No tomar en cuenta los aspectos éticos en estos asuntos, nos conduciría a un doble discurso. Uno donde se está hablando del bienestar común, y otro donde se privilegien a los que pueden comprar paraísos artificiales.