Una reforma muy profunda, aunque regresiva

“Advierto un grave retroceso en lo jurídico, sin soslayar las consecuencias políticas. Se pueden crear, involuntariamente, las condiciones legislativas para tener un gobierno justiciero que someta, en forma arbitraria y selectiva, a sus opositores”

Por Marco Antonio Andrade

La modificación a 14 artículos constitucionales y 7 leyes secundarias, incluyendo la abrogación de los 32 códigos penales estatales, representa una reforma ad nútum que coloca al país y al sistema de justicia en sentido contrario a la evolución garantista del derecho penal y los tratados internacional en materia del debido proceso y los derechos humanos.

La pregunta pertinente que debemos hacernos, para identificar los objetivos de dicha iniciativa es, dicho en la lógica aristotélica, ¿cuál es la finalidad de las reformas?

¿Se profundiza en tutelar o perfeccionar nuevos y mejores derechos a favor de los ciudadanos? No. ¿Se proponen mayores garantías procesales para imputados ó víctimas de delitos? No. ¿Se privilegia la supremacía del debido proceso y del principio pro persona? No. ¿Se garantizan de mejor manera los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas? No. ¿Buscan fortalecer el sistema de justicia penal oral vigente, todavía en proceso de maduración? No. ¿Tiene el Estado la infraestructura carcelaria y la capacidad presupuestal para una reforma de este tipo? 

Entonces, ¿hacia dónde vamos con esta singular propuesta legislativa?

Creo que la finalidad del conjunto de estas reformas, tienen el aberrante objetivo de incrementar las facultades inquisitorias del Estado y dotar de nuevas potestades a las Fiscalías y a los Jueces Penales para detener, arraigar, investigar, procesar y sancionar con mayor discrecionalidad, sin sujetarse al respeto ni garantía de los derechos humanos. Es un golpe bajo al debido proceso como garantía universal en los países democráticamente más desarrollados.

Es una reforma muy profunda, aunque regresiva. En 2008 se reformaron 10 artículos constitucionales y ahora se propone reformar 14 y crear un Código Penal único para los 32 estados, lo cual me parece va en contra de la autonomía política y la soberanía normativa de los estados. Veo una tendencia antihistórica para reconfigurar un gobierno absolutista que llegado el momento puede centralizar todo el poder público en la federación. Asoma el fantasma de “el estado soy yo”.

Estamos frente a una iniciativa desfasada que, no únicamente permitirá regresar a la arbitrariedad del Ministerio Público y a posibilitar nuevos abusos de poder de autoridades judiciales ya que podrá prevalecer la presunción de culpabilidad por encima de la presunción de inocencia como hace cien años. Son reformas con matices de un estado policial y no de un estado de derecho democrático.

Considero que es una falta de respeto a la inteligencia de los profesionales del derecho y de la sociedad civil. Una bofetada legislativa a los organismos internacionales como la ONU y la OEA, aunque también subestima el esfuerzo de países, gobiernos y sociedades democráticas que han venido modernizando sus sistemas de justicia para cambiar el modelo inquisitorio por uno garantista socialmente más eficaz y civilizado. Incluso, ni la SCJN fue consultada.

Advierto un grave retroceso en lo jurídico, sin soslayar las consecuencias políticas. Se pueden crear, involuntariamente, las condiciones legislativas para tener un gobierno justiciero que someta, en forma arbitraria y selectiva, a sus opositores, ya que se propone, como atribución discrecional de los ministerios públicos y jueces, sujetar a arraigo personal y prisión preventiva oficiosa por cualquier delito a los acusados o imputados.

Buscar meter a todos a la cárcel no es sinónimo de justicia ni de contener la inseguridad pública.

Sería un gran error sepultar el espíritu garantista del nuevo proceso penal acusatorio, mismo que pese a todas sus dificultades y omisiones institucionales, como sucedió el sexenio anterior, debemos conservarlo en razón de que su aprobación se debió a compromisos de México en matería del debido proceso a través de Tratados Internacionales o Recomendaciones de la ONU que nos obligan a la modernización de nuestro sistema de justicia, incluyendo, a criterios obligatorios de la corte y la Comisión Interamericana, reconocidos como principios de convencionalidad y constitucionalidad de los derechos humanos.

Alguien debe explicar al Presidente López Obrador que, de aprobarse esta reforma, su gobierno incurriría en violaciones a compromisos y tratados internacionales firmados por el Estado y ratificados por el Senado de la República y que a la luz del artículo 133 de nuestra Carta Magna forman parte de las normas supremas del país y del orden jurídico mexicano.

No olvidemos que México implementó el debido proceso con casi 30 años de retraso a otros países. Ahora no podemos “legislar en reversa” a los avances actuales.

Considero inadmisible retroceder en la consolidación del sistema de justicia penal para sustituirlo por un adefesio jurídico o “un traje a la medida” de quienes ahora revelan, en forma inusitada, una vocación regresiva a una época del derecho penal ya superada y transformada por la fuerza de nuestras realidades sociales, jurídicas y políticas en el país y de países desarrollados.   

*Lic. Marco Antonio Andrade Aguirre

Especialista en Derecho Legislativo.

Presidente Comisión CPC del Sistema Estatal Anticorrupción.