UNIPAF, 5 años de simulación y opacidad

Desde su creación a la fecha, la Unidad Financiera apenas ha logrado siete juicios de extinción de dominio… aunque ocultan de qué se trata 

Por Gerardo Moreno Valenzuela

La Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera (UNIPAF) de la Fiscalía General de Justicia del Estado en 5 años, un total de 92 expedientes, pero sólo ha iniciado 7 juicios de extinción de dominio y ni siquiera puede detallar dónde consiguieron sentencia a favor de los sonorenses.

Hace un poco más de un mes, Primera Plana publicó un reportaje especial donde se evidencia que esta Unidad Especializada ya había costado más de 23 millones de pesos a los sonorenses y que no tenía ningún resultado qué informar (edición del 17 al 23 de marzo).

Hoy, gracias a una solicitud de transparencia, la misma Fiscalía de Sonora y la propia titular de la UNIPAF, Alejandra Santiago Sainz, confirman que esta unidad sólo cuenta con cinco personas, tienen un presupuesto superior a los seis millones de pesos anuales, pero la efectividad es del 7.6%, al únicamente lograr 7 juicios de los 92 expedientes que han abierto en estos cinco años.

Y aunque aseguran que han logrado sentencias para aplicar la extinción de dominio a favor del Estado de un bien utilizado para cometer algún delito o que alguien lo obtuvo con actos de corrupción, también dicen que no pueden decir de cuál se trata ni cuánto vale.

Transparencia a medias

Primera Plana solicitó a través de Transparencia (bajo el expediente 261156223000222), conocer cuánto personal tiene la UNIPAF y su presupuesto anual, cuántos expedientes han abierto desde que se creó, cuántos juicios de extinción de dominio han iniciado y cuál es el estatus de cada uno, y conocer a detalle si algún bien mueble o inmueble ya se le aplicó una extinción de dominio.

En el punto número uno fue directamente la Unidad de Transparencia de la Fiscalía de Sonora la que informó que dentro de la dirección general de recursos humanos y de programación y presupuesto, se detectó que esta Unidad cuenta con tres servidores públicos adscritos presupuestalmente y dos comisionados.

Además, para este 2023 se le asignó a la Unidad un presupuesto total de 6 millones 208 mil 615.06 pesos.

El resto de los puntos fueron respondidos aparte, en un oficio firmado por la licenciada Alejandra Santiago Sainz, directora general de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Financiera. Bajo el expediente “172/2023”, emitido el 10 de abril de este año.

En esta respuesta formal simplemente informa, que desde el año 2018 a la fecha la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Financiera ha recibido un total de 92 expedientes abiertos.

Sin embargo, de todos ellos se han logrado iniciar 7 juicios de extinción de dominio de la misma unidad, y aseguran que sí se ha logrado decretar la extinción de dominio a favor del Estado.

Sin embargo, también se declararon imposibilitados para dar información detallada o especializadas de cada una de las carpetas de investigación, juicios y ni siquiera de las sentencias a favor recibidas:

“…le hago de su conocimiento que esta Unidad Especializada, se encuentra legalmente imposibilitada para proporcionar una respuesta puntual a lo referido, toda vez que las carpetas de preparación de acción de extinción de dominio se encuentran integradas por registros ministeriales, datos de prueba, actos de investigación, informes, nombres, dictámenes, actuaciones ministeriales y demás diligencias o actos de investigación de carácter penal, tal como lo establece la Ley Nacional de Extinción de Dominio”.

Específicamente cita el artículo 4 numeral IV y el artículo 16 numeral I de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como la jurisprudencia “21/2015 10ª”, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte, donde dice que la extinción de dominio sólo es “relativamente separada del proceso de Penal”, dado que tienen el mismo origen.

“Luego entonces, queda claro que el contenido de las carpetas de acción de extinción de dominio, así como su estatus procesal en juicio, es información confidencial a la que solamente las partes tienen acceso…

“Así, en este particular que nos ocupa, el daño o perjuicio que puede causarse a un particular, a una Dependencia u Organismo o la sociedad en general resulta mayor que el que pueda causarse a la solicitante al restringirle su derecho de acceso a la información”, justificó la Licenciada Santiago Sainz.

¿Para qué es la Unipaf?

La Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, fue creada el 30 de abril del 2018 mediante un acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado, es decir que está por cumplir cinco años de existencia, y tenía la finalidad de cumplir la Ley de Extinción de Dominio.

Una extinción de dominio es cuando una persona pierde derechos de propiedad por ser utilizada en un delito en perjuicio de la sociedad, esto sin posibilidad de una contraprestación o compensación, y este bien se usará a favor de los ciudadanos.

Según la Ley se aplicará en caso de delitos de robo a vehículos, narcomenudeo, contra la salud y enriquecimiento ilícito, entre otros, por ejemplo, una bodega utilizada para almacenar autos robados, casas que se usan para compra-venta de drogas, o los bienes que servidores públicos obtengan por enriquecimiento ilícito, aun y cuando estos tengan prestanombres. Entre otros casos.

Al final esta Unidad se anunció como una forma de combatir la corrupción y recuperar los bienes que se les robó a los ciudadanos, así como “pegarles” a los delincuentes donde les duele, en sus bienes patrimoniales, pero no funciona.

Pues la propia Unipaf confirma que está integrada con solo tres personas dentro del presupuesto y dos comisionados, se la etiquetó recursos por más de 23 millones de pesos y no tiene resultados, pues solamente ha iniciado 7 juicios de extinción de dominio a patrimonios decomisados a presuntos delincuentes y no podemos saber cuáles son.