AI denuncia la implicación de funcionarios en desapariciones

Amnistía Internacional denunció este martes que funcionarios públicos están implicados en muchas de las miles de desapariciones reportadas en México los últimos seis años y pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que los casos sean investigados y los responsables rindan cuentas.

En la presentación del informe «Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México», la ONG denunció que las desapariciones son perpetradas por bandas del crimen organizado, pero también por «un número importante de actores estatales».

«Es un hecho que en muchos de los casos están involucrados actores del Estado, que pueden ser actores coludidos con el crimen organizado o que están realizando operativos contra el crimen organizado. Ambos son desapariciones forzadas», dijo a la AFP el investigador principal de AI para México, Rupert Knox.

Desde 2010, la ONG con sede en Londres, ha documentado 152 casos de personas desaparecidas en siete de los 32 estados mexicanos, de los cuales en al menos 85 «hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos», señala el reporte.

De acuerdo con cifras del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que asumió el poder en diciembre pasado, en México se reportaron 26.121 personas desaparecidas entre 2006 y 2012, en el contexto de la cruenta lucha del narcotráfico que ha vivido el país.

El actual gobierno avanzó que este registró será depurado porque supuestamente muchos de los casos son salidas voluntarias de hogares o migraciones.

Knox consideró que dicha revisión debe hacerse con una metodología que garantice una investigación en cada una de las denuncias.

Human Rights Watch, otra organización defensora de los derechos humanos, divulgó en febrero pasado un informe en el que documentó 149 casos de desaparición forzada en los últimos seis años.

Ante esta situación, AI pide a los gobiernos estatales y al federal que se aseguren que «el delito de desaparición forzada se enjuicia cuando haya indicios de implicación de funcionarios públicos, incluso cuando se trate de autorización, apoyo o aquiescencia».

El experto calificó como «terrible» y «horrorosa» la situación que viven las familias de las víctimas, que deben lidiar su dolor con el hecho de encabezar la investigación de los casos ante la «impunidad» y la «negligencia» de las autoridades.

«Nos vemos obligados a peregrinar, a hacer un viacrucis ante autoridades omisas e insensibles que no hacen la investigación», se lamentó entre lágrimas Lucía Baca en la rueda de prensa en la que se presentó el informe y cuyo hijo de 34 años desapareció en 2011 en la ciudad de Monterrey, un importante polo industrial del norte del país.

A su llegada al poder, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un amplio despliegue militar contra los poderosos carteles narcotraficantes que, junto a las disputas entre estas organizaciones, generó una ola de violencia en el país en la que fueron asesinadas más de 70.000 personas.

Amnistía Internacional considera que el nuevo gobierno ha dado pasos «importantes pero insuficientes» con respecto a los desaparecidos.

Celebró la nueva ley de atención a las víctimas, su compromiso para elaborar una base de datos nacional de desaparecidos y recientemente el lanzamiento de una unidad especial de investigación y búsqueda de personas, pero consideró erróneo no haber reconocido la implicación de funcionarios.

«Todavía le falta reconocer que la participación de actores estatales es muy alta», indicó el investigador.

Knox señaló que la reciente desaparición de un grupo de 11 jóvenes en un bar de la Ciudad de México, de los que aún se desconoce el paradero, es un «aviso» de que «las autoridades no están preparadas para implementar una búsqueda inmediata».

En ese sentido, exigió al gobierno que de al tema de las desapariciones un «respaldo político del más alto nivel» y un presupuesto suficiente para que de resultados.

De acuerdo a AI, actualmente «cualquier persona» puede ser víctima de desaparición en México. Los principales motivos de las desapariciones son los secuestros para obtener un rescate o una extorsión, así como el robo o errores de identidad, ajuste de cuentas entre bandas, trata de personas o reclutamiento forzado.

Amnistía Internacional denunció este martes que funcionarios públicos están implicados en muchas de las miles de desapariciones reportadas en México los últimos seis años y pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que los casos sean investigados y los responsables rindan cuentas.

AFP