Corrupción de gobernadores pone a prueba a Peña Nieto

Como la ostentosa ex primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, un gobernador mexicano se jactó de tener 400 pares de zapatos, cientos de trajes y mil camisas. Hoy se le acusa de haber robado 1,800 millones de dólares del estado que gobernó como feudo.

El caso de Andrés Granier, que dirigió hasta noviembre el empobrecido estado de Tabasco, está poniendo a prueba la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de dejar atrás las prácticas de corrupción que caracterizaron a su Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 71 años de gobierno hasta el 2000.

«No soy pretencioso, las tengo porque me gustan y las cuido», presumió Granier al hablar de su guardarropa comprado en exclusivas tiendas de Los Angeles y Nueva York, según una grabación difundida en mayo que recordó al suntuoso estilo de vida de la viuda del ex dictador filipino Ferdinand Marcos.

Granier, acusado por su sucesor izquierdista Arturo Núñez de llevarse 23,000 millones de pesos (1,800 millones de dólares) de las arcas de Tabasco, dijo el mes pasado que sus palabras grabadas cuando aún era gobernador fueron un exabrupto «muy pasado de copas».

Hace 10 días fueron hallados 88.5 millones de pesos en una oficina de su entonces secretario de Finanzas. Las pilas de dinero llevaron a la fiscalía estatal a citar a Granier, pero el ex gobernador no se presentó y su paradero es desconocido.

El estilo de vida de su familia tampoco ayuda a alejar las sospechas. Sus hijos, según medios locales, han comprado millonarias propiedades en Cancún y yates.

A su hija las autoridades le congelaron una cuenta bancaria con el equivalente a 1.4 millones de dólares, después de que no pudiera justificar el origen del dinero.

Pero el caso Granier, priista como la mayoría de los gobernadores del país, no es extraño en México.

Gobernantes de distintos partidos han sido señalados en los últimos años por dirigir sus estados como virreyes, desviando fondos públicos, manipulando programas contra la pobreza y amedrentando a opositores.

El PRI debió deshacerse de su líder, Humberto Moreira, el año pasado en plena campaña para las presidenciales, después de que el gobierno central lo acusara de haber endeudado de manera ilegal al estado de Coahuila cuando fue gobernador.

Otros como Tomás Yarrington, ex gobernador del norteño Tamaulipas, fue vinculado por el gobierno anterior a un cártel de la droga. Recientemente el gobernador en funciones de Veracruz, Javier Duarte, fue acusado de manipular programas antipobreza con fines electorales.

«Hay un patrón que se repite y es necesario detener pronto», dijo Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, que señala que la estela de corrupción entre gobernadores tiene que ver con laxos controles a los enormes fondos que mueven y a la falta de un fiscal anticorrupción poderoso.

OCEANO DE IMPUNIDAD

El caso Granier probablemente no dañará la popularidad de Peña, pero si queda impune sugerirá que no hay una voluntad real de combatir la corrupción, un problema que el presidente asegura es una de sus prioridades.

Son pocos los gobernadores que han pisado la cárcel. Muchos casos se han saldado con la prisión de cercanos colaboradores de los mandatarios, o directamente han sido cerrados tras breves pesquisas de las autoridades locales, como el caso del ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel (1999-2005).

El presidente Peña, entonces gobernador del estado, creó en febrero del 2006 una fiscalía especial para investigar las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra Montiel, su antecesor y mentor.

Unas horas después el fiscal designado renunció por motivos personales. El funcionario que lo reemplazó hizo lo propio al mes de haber tomado el cargo y sus dos auxiliares fueron los que concluyeron ocho meses más tarde que no hubo pruebas de delito.

«No hay una estrategia sistemática de combate a la corrupción. Hasta ahora no se ve la voluntad», opinó José Antonio Crespo, del privado Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Peña envió una señal cuando su Gobierno encarceló a finales de febrero a la poderosa líder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, considerada un intocable símbolo de corrupción en el país después de años de supuesto enriquecimiento ilícito.

Pero en otros casos, como el de Granier, el gobierno federal hasta ahora no se ha metido de lleno en el asunto.

«Hay otros peces gordos nadando por el océano de la impunidad y no los ha capturado», opinó Antonio de la Cuesta, analista del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). «No veo que le corra prisa (a Peña) por combatir la corrupción».

El presidente impulsó incluso antes de asumir un proyecto para crear una comisión nacional anticorrupción, que tenga jurisdicción sobre estados y municipios, pero la iniciativa se ha quedado estancada en el Congreso.

EL «GOBER PRECIOSO»

El PRI no saldrá a defender a nadie si hay elementos para acusarlo, dijo el presidente del partido, César Camacho.

«Si los indicios sumados o vinculados se convierten en una presunción y hay elementos para iniciar un juicio, el PRI lo apoyará, trátese de quien se trate», dijo a Reuters.

El PRI fue a menudo acusado de corrupción y autoritarismo durante sus siete décadas ininterrumpidas en el poder que acabaron en el 2000, pero el Partido Acción Nacional (PAN) también salió con manchas cuando gobernó del 2000 al 2012.

Ni siquiera el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha estado alejado del escándalo.

Los casos de corrupción de gobernadores se incrementaron cuando el PRI perdió la presidencia y se acabó la disciplina que éstos tenían con el poder central, dijo Camacho, ex gobernador del Estado de México antes que Montiel.

«De una situación donde hay un gran sometimiento, una serie de restricciones, parece haberse pasado al extremo contrario, demasiadas libertades y en muchos casos recursos a veces en demasía», señaló.

Los excesos quedaron claros en diciembre del 2005, cuando la periodista Lydia Cacho fue sacada de su casa en Cancún a punta de pistola por policías de otro estado, en algo más parecido a un secuestro que a una detención.

Semanas después, se divulgó una grabación en la que el empresario textil Kamel Nacif le agradecía al gobernador de Puebla, el priista Mario Marín, por haber encarcelado a Cacho, que lo acusó en un libro de ser parte de una red de pederastia.

Este fue uno de los más escandalosos casos de abuso de poder de un mandatario estatal, pero nunca logró avanzar en la justicia y Marín -a quien Nacif llamaba «mi góber precioso»- jamás reconoció que fuera su voz en la grabación.

«Mi caso es emblemático porque demuestra claramente cómo funciona la cadena de mando para que de un grupo mafioso llegue la petición al gobernador y éste ponga todo el sistema judicial a operar», dijo Cacho, autora del libro que llevó a la cárcel al empresario Jean Succar Kuri, amigo de Nacif.

Reuters