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Acorralan a Padrés, México y EE.UU. investigan al Gobernador por lavado ¿a qué se enfrenta?

Por Imanol Caneyada/

La investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el supuesto delito de lavado de dinero complica seriamente la situación del mandatario sonorense; si la tradicional negociación política de la ley podría salvarlo en México, ahora tendrá que lidiar con La Convención de Viena y el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos

La sombra de Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores cubre a Guillermo Padrés. Es una sombra que tiene que ver con la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la Convención de Viena y el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Si como se rumoró en su momento el todavía gobernador de Sonora negociaba con el Gobierno federal una salida limpia a cambio de entregar a alguno de sus funcionarios por corrupción, con la investigación que el pasado mes de mayo abrió el Departamento de Justicia del vecino país, esta vía se le agota y la solicitud de extradición de Padrés por parte del gobierno estadounidense se convierte en una posibilidad real.

El otro escenario es que la investigación que lleva a cabo la PGR y la Secretaría de Hacienda no sea negociable debido a la presión de Estados Unidos, y terminen encontrando elementos para enjuiciar en nuestro país al jefe del Ejecutivo sonorense.

Como sea, a Guillermo Padrés se le empieza a cerrar la posibilidad de salir indemne y tendrá que enfrentar la cuestionable justicia mexicana, pero también la implacable justicia estadounidense cuando de lavado de dinero se trata.

Un breve recuento de los hechos

La primera vez que se hizo pública una investigación por el presunto pago de 3.3 millones de dólares que recibió la familia Padrés de parte del empresario sonorense Mario Aguirre, a cambio de la millonaria concesión para la confección de uniformes escolares, fue el 5 de marzo de este año.

El diario The Wall Street Journal daba a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México había abierto una investigación al respecto.

“Es falso de toda falsedad”, respondió el vocero del Gobierno del Estado, Jorge Morales, y enmarcó la noticia en las campañas negras que en ese entonces arreciaban a propósito de las elecciones.

La nota del diario neoyorquino daba cuenta de que la investigación de Hacienda hablaba de un total de 8.9 millones de dólares transferidos por Miguel y Guillermo Padrés de cuentas mexicanas a cuentas en Estados Unidos a nombre de dos empresas, Tenerife CV y Dolphinius CV, con sede en Holanda.

Y aclaraba: “Realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”.

El gobernador Guillermo Padrés está en la mira de las autoridades fiscales nacionales y estadounidenses, por el delito de lavado de dinero.
El gobernador Guillermo Padrés está en la mira de las autoridades fiscales nacionales y estadounidenses, por el delito de lavado de dinero.

La nota del Wall Street Journal informaba que Hacienda había puesto en manos de la PGR dicha investigación.

El Gobierno federal ni confirmó ni desmintió la noticia, en un juego típico de cautela a causa de la proximidad de la elección.

Esta semana, el diario Reforma dio a conocer que el pasado mes de mayo el Departamento de Justicia del vecino país había abierto una investigación por lavado de dinero contra Guillermo Padrés y su hermano Miguel, a raíz de las dos cuentas millonarias arriba referidas, abiertas en bancos de Arizona.

Las autoridades norteamericanas habían solicitado información a la PGR y ésta, obligada por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y la Convención de Viena, se la estaba proporcionando a sus pares gringos.

Además, trascendió que la PGR había solicitado información a las autoridades holandesas con relación a las empresas Tenerife CV y Dolphinius CV.

El lavado de dinero en el marco jurídico internacional

Durante buena parte del siglo XX, el lavado de dinero no fue considerado un delito grave, a lo mucho, una falta administrativa relacionada con la evasión de impuestos.

No es hasta finales de los años 70 que en el concierto internacional de las naciones el tema comenzó a tener importancia.

El primer intento de tipificar el lavado de dinero se dio en Italia en 1978, a raíz de una ola escandalosa de secuestros. La iniciativa no tuvo mucho éxito.

En los años 80, el senado de Estados Unidos, primero a nivel interno, comenzó a impulsar una ley para detener el blanqueo de capitales de procedencia ilícita, principalmente relacionado con el narcotráfico. Atacar las finanzas del crimen organizado era una de las mejores formas de acotar su poder.

En 1988, nos relata el investigador de la UNAM Eduardo Rusconi en su ensayo “La criminalización del lavado de dinero”, el entonces senador John Kerry introdujo la conocida como enmienda Kerry para que no fueran únicamente los bancos estadounidenses los que se sometieran al escrutinio de la autoridad, sino las entidades financieras de todo el mundo, ya que este delito tiene un carácter eminentemente internacional.

Estados Unidos presionó a la ONU para que incluyera en su agenda el tema y de resultas se llevó a cabo ese mismo año la Convención de Viena, en la que los países participantes hacían una toma de conciencia de la naturaleza de este delito y de la necesidad de combatirlo internacionalmente.

Como consecuencia, en 1990, Salinas de Gortari impulsó una iniciativa para tipificar el delito en México que no entró en vigor hasta 1994.

Pero durante una década ha sido letra muerta y las autoridades no la han utilizado para perseguir al crimen organizado, en parte por sus deficiencias.

No obstante, como señala el Dr. Arturo de Jesús Urbina Nandayapa, experto en derecho fiscal, sólo con la reforma fiscal realizada el año pasado pudo sacarse de la congeladora la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Combate al Terrorismo, que dota de plenos instrumentos jurídicos a las instituciones encargadas de perseguir este delito.

El Tratado de Extradición

Si el Departamento de Justicia de Estados Unidos encuentra indicios de que los hermanos Padrés incurrieron en lavado de dinero, y las autoridades mexicanas no proceden penalmente, podrían solicitar su extradición, ya que dentro de la larga lista de delitos incluidos en el Tratado bilateral, están:

9.- Abuso de confianza: peculado, malversación de fondos.

12.- Recibir o transportar sumas de dinero, valores o cualquier cosa a sabiendas de que fueron obtenidas delictuosamente.

20.- Delitos contra el comercio internacional y en materia de transmisión internacional de fondos y metales preciosos.

23.- Delitos previstos en las leyes relativas al control de sociedades mercantiles, instituciones bancarias y otras personas morales.

Exgobernadores como Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, han sido investigados por las autoridades norteamericanas por delitos relacionados con crimen organizado, así como delitos fiscales.
Exgobernadores como Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, han sido investigados por las autoridades norteamericanas por delitos relacionados con crimen organizado, así como delitos fiscales.

Como el delito o los delitos, en caso de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los acredite, se dieron en suelo norteamericano, en Arizona concretamente, la extradición parecería inevitable ya que en el inciso primero del Tratado se establece:

“1.- Las Partes contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente”.

Un escenario aún más terrorífico para el gobernador de Sonora sería (siempre que las investigaciones concluyan que hay una probable comisión del delito) que la PGR acreditara el lavado de dinero ante un juez y éste aplicara una pena y, posteriormente, ya cumplida ésta, fuera requerido por las autoridades estadounidenses vía la extradición, como ya pasó con el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República declaró a la luz de los acontecimientos: “Es indefendible, ya pasaron las elecciones y la investigación deberá seguir su camino, hay demasiadas evidencias y es momento de ir a fondo en este tema”.