Faltó voluntad para implementar el Nuevo Sistema Penal  

Por Lourdes Encinas Moreno/

Aunque entre 2011 y 2015 el Poder Judicial en Sonora obtuvo casi 100 millones de pesos de apoyos federales para implementar el nuevo sistema, la entidad ocupa el último lugar a nivel nacional

La falta de voluntad de las anteriores autoridades estatales provocó que Sonora se rezagara hasta el último lugar nacional en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia de Penal, y que ahora se tenga que remontar en nueve meses lo que no se hizo en siete años, señala Raúl Guillén López.

En entrevista para Primera Plana, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado, expone que encontró un escenario poco favorable: No se había adecuado la normatividad, no se capacitó con suficiencia a los operadores, no se construyó infraestructura y ni siquiera se había hecho la Declaratoria de Inicio.

Desde 2008, los estados tenían facultades para comenzar a implementar el sistema acusatorio e irlo mejorando para que llegaran de la manera más óptima al 18 de junio de 2016, fecha constitucional en la que debe estar operando en todo el país. En Sonora, se hizo muy poco.

“Faltó voluntad política y sin voluntad política no se hace absolutamente nada. En el caso de la Gobernadora, la verdad tiene mucha voluntad política, y a mí me ha dado instrucciones de forma directa y personal de que esto es prioritario para su gobierno, que quiere modernizar y mejorar el sistema de justicia penal y que no va a escatimar esfuerzos”.

Destaca que esa voluntad también la han demostrado, hasta ahora, los diputados locales de todos los partidos, hay un apoyo especial del organismo implementador a nivel nacional y estados más avanzados, como Chihuahua y Durango, están compartiendo con Sonora su experiencia y sus mejores prácticas.

No se avanzó, pero sí se gastó

Aunque el avance fue mínimo el organismo sí ejerció presupuesto, Guillén detalla que según los registros que recibió, entre 2011 y 2015 se obtuvieron casi cien millones de pesos de apoyos federales y 14.3 de recurso estatal, tan solo para suministros, servicios generales y bienes inmuebles.

Actualmente se encuentran en la revisión para saber en qué y cómo se gastó ese dinero y si sus antecesores incurrieron en irregularidades, malos manejos u omisiones que hubieran incidido en el retraso de la implementación del sistema.

“La entrega recepción fue apenas hace unos días, tengo todavía unos días para terminar ese estudio y, desde luego, si hay una situación fuera del marco legal pues se va a determinar si hay responsabilidad o no, ya sea que lo enviemos a Contraloría o, de plano si es un delito, a la Fiscalía Anticorrupción”.

Se empieza a mover la maquinaria

El pasado 7 de octubre el Congreso del Estado aprobó la Declaratoria de Inicio, a partir de ahí se tienen 60 días naturales para que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que marca el inicio formal del nuevo Sistema Penal, proyectado para el 15 de diciembre, exceptuando los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional (homicidio doloso, violación, delincuencia organizada, entre otros).

En ese lapso deben aprobarse once iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo estatal para adecuar la normatividad, así como reforzar la capacitación a jueces, ministerios públicos, policías y los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, pues  las consignaciones que realicen después del arranque deben procesarse bajo el nuevo modelo.

Además, el gobierno del estado y el federal van a ejercer 256 millones de pesos para adecuar los edificios judiciales de San Luis Río Colorado, Caborca, Navojoa y Agua Prieta y construir nuevos en Obregón, Nogales y Guaymas; por la premura, en Hermosillo se acondicionará un tribunal para adolescentes y para el próximo año se edificará el propio.

Explica que el nuevo sistema empezará a funcionar a la par que el sistema tradicional, pues éste tiene que agotar los casos que ya tiene procesados, pero habrá personal dedicado para cada uno de ellos y de esa manera acelerar la implementación.

Un sistema más razonable

Guillén López asegura que Sonora estará listo para cumplir con el plazo constitucional, pero también advierte que habrá un período natural de ajuste. Por la experiencia de otras entidades, se requieren entre dos y tres años para que el modelo empiece a madurar y uno de los mayores retos es cambiar la cultura policial, jurídica y ciudadana.

“Es imposible, ningún estado lo ha logrado, ni en América Latina, que el sistema entre sin ninguna fisura, el tema es que se entre de la mejor manera e irlo ajustando lo más rápido posible para que la implementación sea lo más exitosa posible”.

Si bien los juicios orales son la parte más llamativa del nuevo sistema y todos los delitos pueden llegar a esa etapa procesal, el modelo busca privilegiar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en aquellos que no sean graves.

De lo que se trata, dice, es de agilizar y facilitar las cosas para los ciudadanos, pero también de hacer más eficiente y distribuir mejor el recurso destinado a la procuración de justicia.

“El nuevo sistema no es la panacea, pero es más funcional y es más razonable… vamos a ver un sistema donde que se gaste más en los delitos de impacto social o graves, y vamos a ver un sistema delitos no tan graves, pues vamos a resolverlos de manera diferente, con salidas alternas, con justicia restaurativa, con mediación”.