La justicia que Padrés prometió jamás llegó: Julio César Márquez

Por Imanol Caneyada/

El papá de Yeyé, uno de los 49 niños fallecidos en el incendio, señala que la PGR no ha hecho su trabajo

A seis años de la tragedia infantil más brutal sucedida en México, la novedad, resume Julio César Márquez, papá de Yeyé, uno de los 49 niños que perecieron en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, es que no hay novedad.

Esta sentencia habla de la impotencia que sienten los familiares de los bebés calcinados; seis años de ir y venir, de inocuos informes de la Suprema Corte de Justicia, de exculpaciones otorgadas a los dueños de la guardería y de la impunidad en la que parecen estar los ex funcionarios del Gobierno del Estado encabezado por Eduardo Bours.

De hecho, en un comunicado fechado el dos de junio de este año, el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, informa que “el juez Décimo de Distrito con sede en Hermosillo, amplió, a solicitud de la PGR, el plazo en 15 días más para darle cumplimiento a la sentencia del amparo concedido a las madres del GRUPO MANOS UNIDAS POR NUESTROS NIÑOS, A.C., a efecto de que se determine si el ex Gobernador del Estado Eduardo Bours Castelo y el ex Secretario de Hacienda Estatal Ernesto Vargas Gaytán, tienen responsabilidad penal en el caso de la Guardería ABC”.

Y añaden:

“Confiamos en que dentro del nuevo plazo legal PGR cumpla con dicha sentencia y defina la situación legal de ambos ex funcionarios poniéndolos a disposición de la autoridad judicial”.

A seis años, la PGR, experta en dilatar los procesos cuando se trata del poder, solicita una ampliación del plazo porque aún no tiene elementos para determinar posibles culpabilidades. Seis años han pasado, seis.

De lo anterior no está informado Julio César Márquez, quien nos concede la entrevista a título personal, no en nombre de ninguno de los movimientos surgidos después de la tragedia.

A pregunta expresa, contesta:

“Cuando Guillermo Padrés resultó gobernador electo, se dio a la tarea de declarar en cuanto medio nacional e internacional pudo, que a partir del 13 de septiembre (de 2009) habría justicia para el caso de la guardería ABC”.

Posterior a eso, recuerda Julio César, sostuvieron un par de reuniones en un corto plazo de tiempo, en las que se le cuestionó por qué mantenía en el puesto al procurador general de justicia del gobierno boursista, Abel Murrieta, cuando había sido señalado como uno de los encubridores de los posibles responsables de la tragedia.

“Pero nunca nos imaginamos que después del 13 de septiembre, el concepto de justicia que él (Padrés) manejó, sería tan diferente del nuestro”, dice Julio César.

Sí han cumplido, aclara el entrevistado, con los apoyos de tipo económico, “que es lo menos que debía hacer el Gobierno del Estado, pues es corresponsable de destrozar tantas vidas”.

“Pero la justicia que él prometió jamás llegó”.

Reconoce que el campo de acción del Gobernador era muy limitado, pues ya la PGR había ejercido su facultad de atracción del caso, pero de todas formas, no demandó ni exigió ni pidió justicia expedita desde su investidura y mantuvo en el puesto a Murrieta hasta que éste se lanzó a una candidatura a diputado local.

“Lisa y llanamente te lo digo, la mentada justicia a la que se comprometió, nunca llegó”, insiste Julio César.

De hecho, a tres años de la aprobación de la Ley conocida como 5 de junio, sigue sin operar en el estado de Sonora, cuando al gobernador le correspondía impulsarla.

Ni siquiera eso hizo.

“Deberíamos ser ejemplo para el resto del país, decir que el Gobierno del Estado aprendió de la tragedia de la guardería ABC, y no, a pesar de que posteriormente ha habido conatos de incendios y otro tipo de emergencias, aquí tenemos una ausencia de ley”.

Después de esos primeros contactos, una vez que inició el segundo año de gobierno, Padrés rompió toda comunicación con los padres de la guardería ABC, dejó de ser una de sus prioridades, ilustra Julio César, “ya que empezó a enfrentar una serie de problemas que el mismo gobierno había creado, como el impuesto de la tenencia o el enfrentamiento con la tribu yaqui por el asunto del agua”.

Así, el tema de la guardería caía al último lugar de la agenda gubernamental.

El gobernador nombró a un enlace para atender el caso, pero siempre se comportó de manera informal y nunca asumió una responsabilidad institucional.

En cuanto a la evaluación que hace Julio César Márquez de la actuación de la PGR en relación a la tragedia, afirma:

“La PGR les sigue, a nuestros hijos, y nos sigue quedando a deber; no nos ha hecho justicia; el trabajo que ha hecho en cuanto a las averiguaciones previas y la integración del expediente ha sido tan defectuoso que ha permitido que el poder judicial, incluso, absolviera a dos de los socios de la guardería ABC. A ellos ya no se les puede juzgar”.

Y en cuanto a las posibles responsabilidades que pudieran tener Eduardo Bours y los funcionarios del anterior gobierno del estado, o los diferentes funcionarios del IMSS, el ya fallecido Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, Julio César Márquez señala que la PGR tampoco ha hecho nada al respecto.

“Se habla —dice—, y esto gracias al trabajo de investigación que hizo Manos Unidas y no la PGR, que tal vez haya elementos para ejercer acción penal en contra de Eduardo Bours, tal vez, pero esto depende de muchos factores, más allá de las pruebas que ha aportado Manos Unidas”.

Ya el ex procurador general de justicia Murillo Karam, el que estaba muy cansado, manifestó que incluso con los elementos aportados a la investigación, no había forma de ligar a Eduardo Bours a los hechos de la guardería ABC.

“Con un afán proteccionista, la PGR ha encubierto a los responsables y seis años después, seguimos esperando justicia”.

Para terminar, Julio César Márquez formula el deseo de que el trabajo de investigación que ha realizado Manos Unidas, que no la PGR, insiste, tenga éxito; producto de esta investigación, Juan Carlos Lam Félix, ex secretario técnico del gobierno de Bours, está como indiciado.

Julio César Márquez, una hora después de charlar con Primera Plana, salía rumbo al DF a presentar el libro “49 razones para no olvidar” (Ed. Primera Plana, 2014), de la mano de la autora, la periodista Lourdes Encinas.

Por ello, es probable que no sepa cómo termina el comunicado de Manos Unidas:

“Igualmente pedimos a la sociedad que generosamente nos ha brindado su apoyo y solidaridad en esta larga lucha en reclamo de justicia para nuestros hijos fallecidos, que no se dejen engañar por los obscuros intereses políticos que se generan en la presente contienda electoral, porque los responsables de su muerte no son los partidos políticos, sino personas con nombres y apellidos y corresponde a la PGR señalarlos de manera oficial, así que cada persona deberá ejercer libremente su derecho al voto.

“De cualquier manera le recordamos a la persona que resulte triunfadora, que el Gobierno del Estado de Sonora es el principal responsable de la muerte de nuestros hijos y de las lesiones de 106 niños más, por lo que deberá asumir la responsabilidad institucional por tan graves hechos y proceder de inmediato a la reparación del daño”.

*Este artículo aparece publicado en el Semanario “Primera Plana” edición No. 2263.

 Especial: CASO ABC: SEXENIO DE IMPUNIDAD