Rocha Moya da marcha atrás: 34 horas después, vuelve a pedir licencia con «carácter de indefinido»

El Congreso de Sinaloa entra hoy en escena para resolver la solicitud indefinida del gobernador; su regreso provocó el deslinde de Morena y una dura advertencia de Claudia Sheinbaum

Por Redacción 

Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa con la promesa de hacerlo “con la frente limpia y en alto”.

Pero treinta y cuatro horas después, volvió a pedir licencia con «carácter de indefinido», el gobernador presentó el sábado ante el Congreso de Sinaloa una nueva solicitud de licencia temporal, con carácter indefinido y por más de 30 días, apenas un día después de haber retomado el cargo tras permanecer 112 días separado de sus funciones.

La solicitud será analizada este domingo 23 de agosto, a partir de las 11:00 horas, por la Diputación Permanente, que fue convocada a sesión extraordinaria. Hasta antes de esa sesión, la licencia no había sido aprobada y tampoco existía un reemplazo oficialmente designado.

El movimiento ocurre después de que su regreso generara una tormenta política dentro de Morena.

Rocha Moya había anunciado el viernes su reincorporación argumentando que la Fiscalía General de la República no había encontrado elementos para acreditar su responsabilidad penal y que regresaba para cumplir con el mandato para el que fue electo. Pero su decisión no fue apoyada por el partido.

La dirigencia nacional de Morena y los grupos parlamentarios del partido también se deslindaron de su regreso y señalaron que la decisión no había sido consultada previamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue todavía más contundente. Sin mencionar directamente al gobernador, advirtió que ningún interés personal puede estar por encima del pueblo y de la Nación y cuestionó que se coloque por encima de México “la ambición desnuda del poder por el poder”.

Un regreso que duró apenas un día

Rocha solicitó su primera licencia el 1 de mayo, en medio de los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

El gobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen pruebas que acrediten que haya cometido delito alguno.

El punto fundamental es que las acusaciones no equivalen a una sentencia. La FGR mantiene abiertas investigaciones y el gobierno  ha señalado que espera que Estados Unidos entregue los elementos que sustenten sus señalamientos.

El medio Reuters reportó que las acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos incluyen presuntos delitos relacionados con narcotráfico, sobornos y protección a organizaciones criminales.

Por ello, el regreso de Rocha no cerró el caso, al contrario: lo colocó nuevamente en el centro de la discusión política nacional y de la relación entre México y Estados Unidos.

Ahora decide el Congreso

La nueva licencia plantea además un problema institucional inmediato.

Al tratarse de una ausencia solicitada por más de 30 días, corresponde al Poder Legislativo intervenir en el procedimiento y determinar quién deberá asumir temporalmente la conducción del Ejecutivo estatal conforme al marco constitucional de Sinaloa.

La Diputación Permanente recibió el documento el sábado por la tarde y convocó a sesión extraordinaria para este domingo. El trámite legislativo abre una nueva etapa de incertidumbre sobre quién quedará al frente del gobierno sinaloense mientras Rocha permanece separado del cargo.

No es un asunto menor, ya que Sinaloa enfrenta una delicada situación de seguridad y gobernabilidad, mientras el caso Rocha permanece bajo investigación en México y bajo señalamientos judiciales en Estados Unidos.

El costo político de una decisión personal

El episodio deja una imagen difícil de ignorar: un gobernador que regresó sin el respaldo de su partido y que, apenas unas horas después, volvió a solicitar licencia.

El propio gobierno federal calificó inicialmente su regreso como una decisión personal. Morena se deslindó. Sus gobernadores pidieron prudencia. Y la presidenta de México dejó claro que el interés personal jamás debe colocarse por encima de la Nación.

Ahora será el Congreso sinaloense el que tenga que resolver las consecuencias institucionales de una decisión que, en apenas 34 horas, dio un giro completo.

Rocha Moya tiene derecho a defenderse y a presumir su inocencia mientras no exista una sentencia en su contra.

Pero también hay una responsabilidad pública que no puede ignorarse: cuando la permanencia de un gobernador genera incertidumbre política, tensión institucional y cuestionamientos sobre la relación de México con Estados Unidos, el problema deja de ser personal.

Y hoy, Sinaloa espera saber quién llevará las riendas de su gobierno.