Desaparecer en Sonora: el arte del silencio

Por Imanol Caneyada/

Las autoridades, tanto en el estado como en el resto del país, han creado archivos muertos con las denuncias  y no investigan, señalan organizaciones civiles; desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico se calcula que en México 30 mil personas están en paradero desconocido, como los 11 jornaleros que se esfumaron en Sonora a principios de mayo

No han merecido la atención de los medios de comunicación nacionales ni internacionales como los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero como diría el poeta sonorense Abigael Bohórquez, los 11 jornaleros procedentes de Sinaloa que se esfumaron de la faz de la tierra, al parecer a la altura de Guaymas, son carne y alma como nosotros.

Tienen nombre y apellido, familia, un pasado, un presente, pero tal vez un futuro ya no.

El 3 de mayo de 2015 salieron de Choix los 11 jóvenes rumbo al viñedo Los Gemelos, en la costa de Hermosillo. Se reunieron en La Capillita, un poblado cercano a Choix, de donde son originarios, y de ahí partieron en una camioneta para trabajar en los campos de uva.

Por un camino de terracería se adentraron al estado de Sonora. Los familiares de los jornaleros lo último que supieron mediante un mensaje de texto es que estaban comiendo en Guaymas y que todo iba bien. Luego de eso, nada, el silencio; los celulares repiquetean pero nadie contesta o bien mandan la llamada al buzón.

Pero el silencio no sólo es de los jóvenes desaparecidos, también de las autoridades sonorenses, cuya investigación simplemente no avanza, como denunció hace poco más de un mes la visitadora regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la zona norte de Sinaloa, Araceli Sepúlveda, a medios de comunicación sinaloenses: “No estoy autorizada para dar mayores datos sobre la problemática, pero reitero que existe lentitud y los nulos resultados provenientes de las investigaciones que se realizan para dar con el paradero de los jornaleros”.

A los pocos días de denunciarse la desaparición de los once jornaleros, el procurador de justicia de Sonora, Carlos Navarro Sugich, mediante un comunicado, dio a conocer: “No sabemos en qué momento se perdieron estos jóvenes, no sabemos en qué momento dejaron de tener contacto con sus familiares. Todavía estamos en la integración de la averiguación respectiva y espero que podamos esclarecer pronto esta triste situación”.

A mediados de mayo, los familiares de los desaparecidos lograron extraer de las autoridades la información de que la búsqueda por los viñedos había sido infructuosa y que en el rastreo de celulares resultó que sólo uno de ellos sigue encendido y se localiza en Navojoa.

Poco después, las autoridades sonorenses volvieron a hablar, esta vez en voz del secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro, quien en una estrategia muy común en todo el país durante todos estos años de violencia, hizo responsable a las víctimas de su situación.

Declaró que seguramente los jornaleros se encontraban bien pero que no se comunicaban con sus familias por falta de recursos.

Después de eso el silencio total y absoluto, tanto de las autoridades sonorenses como de las sinaloenses.

A dos meses de los hechos, José Everardo, de 15 años; Jesús Hernán Antelo Rivas; Gabriel Alonso Berrelleza Rábago; Jesús Gastélum Contreras; Arturo Medina Berrelleza, y Jesús Izaguirre Valenzuela; Miguel Omar Berrelleza Izaguirre; Santiago Berrelleza Izaguirre; los hermanos Luis Enrique Rosas Berrelleza y Édgar Adrián Rosas Berrelleza y los hermanos Abel Antonio Lastra Berrelleza siguen desaparecidos y no hay una sola pista en relación a los hechos.

Desapariciones forzadas, la vergüenza internacional de México

En febrero de este año, el gobierno de México fue puesto en ridículo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a la ONU en Ginebra. El informe que rindió el organismo fue demoledor.

Las autoridades mexicanas de ningún nivel de gobierno saben con certeza cuántos desaparecidos hay en el país. Pero no sólo desconocen la cantidad de personas desaparecidas, tampoco saben quién es el responsable de las desapariciones: ¿Son los cárteles de la droga o los agentes del Estado? ¿O los dos coludidos como pasó con la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

En el informe de 35 páginas que presentó la CNDH a la ONU, se asienta que no existen bases de datos confiables ni estadísticas, que en los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno reina el caos.

Según el documento, se registran dos bases de datos a nivel federal, una que consigna 4 mil casos reportados de diciembre de 2012 a diciembre de 2014.

La otra, hasta diciembre de 2012, abarca el gobierno de Felipe Calderón y reporta casi 25 mil personas desaparecidas.

Los expertos consideran que son muchas más.

Otro de los problemas es que en estos reportes no se asienta la causa de la desaparición, por lo que es imposible saber cuántas de ellas son desapariciones forzadas.

Son varias las organizaciones civiles preocupadas por las desapariciones forzadas en todo el país que han señalado que las autoridades, sean estatales o federales, han ido creando archivos muertos con las denuncias y simplemente no investigan.

En 2013, la cadena televisiva Univisión, con base en los datos que proporcionaba el Gobierno calderonista, se dio a la tarea de realizar un mapa de desaparecidos entre 2006 y 2012 en México.

El estado de Sonora, en la zona sur y en la sierra que colinda con Chihuahua, aparecía con un promedio de 50 desaparecidos por cada cien mil habitantes.

Este mismo mapa asentaba los diez municipios con más desaparecidos en el país; el primer lugar lo ocupaba Cucurpe, seguido de Ónavas, ambos en Sonora; el resto de municipios eran Mier, Tamaulipas; Guerrero, Tamaulipas; Momax, Zacatecas; Chimaltitán, Jalisco; Magdalena, Jalisco; Camargo, Tamaulipas; Matamoros, Tamaulipas; y Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.

Un delito tipificado a medias

Tanto informes de la PGR, como de las víctimas de desaparición forzada que han logrado escapar para contarla y los habitantes de las zonas con mayor presencia de cárteles de droga en el país, han ilustrado en repetidas ocasiones que el narcotráfico secuestra personas pertenecientes a grupos vulnerables para ponerlas a trabajar a sus servicios, sean como “burreros”, como esclavos en plantaciones de mariguana o laboratorios de drogas sintéticas, y en el caso de las mujeres, en la prostitución.

A pesar de ello, hasta el pasado 30 de abril de 2015, tanto la legislación federal como las locales, reconocían el delito de desaparición forzada únicamente si lo cometían agentes gubernamentales (policías, militares, etc); es decir, la ley no sancionaba a aquellos particulares que desaparecían forzadamente a personas, práctica común del crimen organizado.

Es el caso del estado de Sonora, cuyo Congreso reformó en octubre de 2013 el Código Penal y el Código de Procedimientos para tipificar la desaparición forzada, que los diputados locales definieron así: “Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley”.

La reforma a la ley no incluía la desaparición forzada en manos de particulares.

El pasado 30 de abril, en gran medida por la reprimenda que le endilgó la ONU por el caos y la desidia que reinan respecto a esta situación, el Congreso de la Unión reformó la Constitución con el objeto de facultar al Poder legislativo a expedir leyes generales sobre la desaparición forzada de personas.

Lo anterior deberá impulsar la regulación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual, según señaló en un informe la CNDH, se encuentra paralizado y sumido en la inoperancia.

La reforma permitirá que el delito aplique a particulares que hagan uso de esta práctica.

Mientras tanto, pasan los días y las familias de los jornaleros siguen sin conocer su paradero, con la firme sospecha que fueron secuestrados por el crimen organizado para ponerlos a trabajar a su servicio.

“Nosotros creemos que pudo ser el narco, ellos capturan a los jóvenes para que les sirvan de escudo en sus peleas, o sean sus esclavos. A la gente rica la secuestran por dinero, pero al pobre para que sea su sirviente o su carne de cañón, eso pasa en el norte y en los últimos años en la franja entre Sonora y Sinaloa, que incluye a Choix, de donde muchos han escapado para no ser asesinados o esclavos del narcotráfico”, dijeron a los pocos días de la desaparición los familiares de las víctimas.