¡Ya basta! ¿Qué quiere esta gente de mí?: Gisela Peraza

Por Imanol Caneyada/

Mientras expertos en derecho aseguran que el recurso del abogado de la familia Padrés no puede prosperar, pues la parte ofendida está impedida por ley de solicitar una modificación en la sentencia, el defensor de la ex trabajadora doméstica del gobernador teme que el Tribunal acepte la línea que le dicte el Ejecutivo

“¡Ya basta! —clama Gisela Peraza— Ya estoy cansada, ¿qué quiere esta gente de mí?”, se pregunta la ex niñera de la familia Padrés-Dagnino, protagonista involuntaria de una de las historias más siniestras de la actual administración.

Cuando parecía que se cerraba el último capítulo de esta kafkiana novela, hace una semana se hizo público que el abogado de la familia Padrés, Luis Fernando Sánchez Lara, había interpuesto un recurso en el que solicitaba se modificara la sentencia y se ampliara a diez años.

Tuvimos oportunidad de entrevistar una vez más a Gisela, y nos confesó que estaba muy atemorizada, que no salía de su casa, que vivía arraigada en su hogar, que la libertad lo único para lo que le había servido era para estar con su familia, pues no se atrevía ni a ir a la tienda de la esquina por temor a sufrir algún tipo de represalia.

“Esta gente es capaz de cualquier cosa”.

Nos aseguró que estaba muy preocupada y en la desesperación le pidió al gobernador de Sonora y a su esposa que den la cara, que se sienten a dialogar con ella y le digan de una buena vez qué quieren de ella, porque la situación de zozobra que viven ella y su familia es ya insoportable.

A principios del mes de junio, Gisela Peraza salió en libertad después de pagar una condena de cuatro años por robar una cantidad que nunca quedó muy clara y unas joyas del dormitorio de Guillermo Padrés y su esposa, en la Casa de Gobierno.

En su momento, mayo de 2011, dimos a conocer cómo la ex trabajadora doméstica había sido sujeto de tortura por parte de agentes de la PEI para arrancarle una confesión que, no obstante, nunca obtuvieron: Gisela Peraza siempre se proclamó inocente.

Un día antes de que llegara su liberación, esta historia sufrió un nuevo giro, cuando le sembraron cinco globos de cristal en la celda, con la intención de abrirle un nuevo expediente por posesión con intención de venta.

El motivo: emisarios del gobernador habían intentado negociar su silencio una vez que saliera del Cereso, pero Gisela Peraza no aceptó la oferta de 200 mil pesos a cambio de abandonar el estado al menos hasta diciembre.

El juez, de forma expedita, desestimó la actuación y por fin la ex niñera de la familia Padrés salió libre.

Ahora enfrenta esta nueva amenaza, aunque se consuela con la idea de que el gobernador va de salida y ya no tiene el poder que ostentaba antes de las elecciones.

Su abogado no opina lo mismo; el licenciado Juan Antonio Ortega nos dice que hasta septiembre de este año, Guillermo Padrés Elías es el gobernador constitucional de la entidad y puede influir descaradamente en el tribunal.

Legalmente, aclara, el recurso no puede prosperar ya que el ofendido está impedido por ley para solicitar una modificación en la condena, “eso está muy claro y te lo puede decir el Colegio de Abogados o el pasante de derecho que aún está en la universidad”.

Un recurso de esta naturaleza sólo podría interponerlo el Ministerio Público, pero éste no es el caso, explica el abogado de Peraza; la iniciativa es del representante legal de los Padrés.

El problema, subraya el litigante, es que en esta administración el Poder judicial ha estado supeditado al Poder ejecutivo, ha trabajado a sus órdenes, en una afrenta clara al Estado de derecho; Guillermo Padrés se ha comportado como un dictador.

Según Juan Antonio Ortega, todo el proceso de Gisela Peraza resultó así; las resoluciones fueron ridículas y arbitrarias; y pone un ejemplo: uno de los agravantes fue que Gisela Peraza no tenía autorización para estar en el domicilio donde se perpetró el robo, cuando la joven vivía y trabajaba ahí; a ese grado de inoperancia.

Las irregularidades y la violación al debido proceso fueron una constante durante el juicio, el cual duró año y medio y terminó con una sentencia de cuatro años.

En esta nueva ofensiva, el abogado de la familia Padrés-Dagnino, “el cual nunca ha dado la cara y sólo se entiende con el ministerio público y los jueces, con quienes planea sus triquiñuelas en lo oscuro”, denuncia el licenciado Ortega, la intención es que Gisela Peraza regrese a la cárcel para pagar seis años por un delito que ya purgó.

Al respecto, los abogados consultados del despacho Avilés-Moreno coinciden con su colega en que la ley no faculta al ofendido para solicitar una modificación en la sentencia, únicamente en lo que tiene que ver con la reparación del daño.

Lo anterior lo basan en el Artículo 310 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, que dice:

“Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido y sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de primera instancia. En este último caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarlos”.