2 de octubre no se olvida: las balas del cambio

Por Bulmaro Pacheco

La bala que mató al presidente electo Álvaro Obregón en julio de 1928, influyó necesariamente en los cambios constitucionales que se realizaron posteriormente (abril de 1933), para prohibir la reelección presidencial y de paso la de gobernadores y el resto de los cargos de elección popular. Como medida compensatoria, en 1934 se inauguraron los períodos sexenales para la Presidencia y a partir de la reforma de enero de 1943 al artículo 115 de la CPEUM (después pasaría al 116) para los gobernadores.

81 años después, la reelección sería autorizada solo en los cargos legislativos y en los ayuntamientos; quedaría intacta la del presidente de la República y los gobernadores.

Las balas disparadas el 2 de octubre de 1968 (40 años después) contra centenares de personas en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, conocida como “la matanza de Tlatelolco”, desataron una serie de cambios en el sistema político que aún no terminan.

Los dirigentes políticos del sexenio 1964-1970 se alarmaron ante el crecimiento de la protesta social y todo indica que creyeron las teorías de la “conspiración internacional”. Ante la desesperación y la deficiente información, optaron por la represión para atender un conflicto político.

Años antes, en México ya habían surgido las guerrillas y se multiplicaban los conflictos electorales en municipios; el PAN empezó a ganar desde 1967 en zonas urbanas; las universidades —a falta de partidos— comenzaron a convertirse en centros de movilización política.

El sistema de partidos estaba representado por solo cuatro fuerzas partidistas: PRI, PAN, PARM, y PPS, los últimos tres con una débil presencia en el Congreso de la Unión y los municipios.

El 22 de diciembre de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz promovió la reforma al artículo 34 constitucional que redujo de 21 a 18 años la edad para adquirir el estatus de ciudadano (Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir). La reforma no resolvió el problema de fondo.

Las balas y los hechos violentos del 10 de junio de 1971 (jueves de corpus) provocaron división y encono entre una parte muy importante de la sociedad, la clase política y los medios de comunicación.

Tres años después del 68 había regresado el fantasma de la violencia, como un mecanismo sustituto de la política para resolver problemas sociales. El gobierno federal amplió el gasto público hacia las universidades y las preparatorias, creó la UAM y Universidades estatales.

Para 1973, se promovió una reforma política que contemplaba bajar el porcentaje de votación exigido a los partidos políticos para acceder a diputados de “partido”. El porcentaje bajó del 2.5% al 1.5% del total de la votación alcanzada en una elección, y el número máximo de diputados se amplió de 20 a 25. También se redujo la cantidad de militantes exigidos para autorizar un partido político: pasó de 75 mil a 65 mil.

Las tensiones siguieron, entre otras, porque las izquierdas no se sentían representadas en las opciones partidistas de entonces.

El Partido Comunista Mexicano, el más antiguo, fundado en 1919, no salía de la clandestinidad y sus principales dirigentes habían sido encarcelados.

Aún con las tenues reformas de principios de los setenta del siglo pasado, seguían las organizaciones guerrilleras actuando y algunos gobernadores de los estados abandonaban sus cargos por los problemas políticos y de inestabilidad en las universidades públicas: Puebla, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Nuevo León y Michoacán, por ejemplo.

En 1975 el PAN no pudo elegir candidato presidencial. El candidato del PRI José López Portillo participó prácticamente solo y eso presionó aún más al sistema político, urgiéndole reformas de mayor calado.

Es hasta la reforma política convocada por el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles en 1977, que se propicia el reconocimiento legal a los partidos políticos clandestinos y amplía la representación hacia otras organizaciones partidistas, como el PST y el PDM, entre otros, que tuvieron su primera prueba en la elección de 1979.

A la vez, dichas reformas también impactaron en los estados y en los ayuntamientos. La figura de diputado de partido evolucionó hacia la de representación proporcional, y se amplió la representación en el Congreso de la Unión, en los congresos locales y en los ayuntamientos.

La crisis de 1988 en la elección presidencial agotó el tradicional modelo de las elecciones en México. Ya no se sostenía, por falta de credibilidad que las manejara el gobierno federal a través de la Comisión Federal Electoral y en los estados a través de las comisiones locales.

Por eso las reformas de 1990, que impulsaron la creación del IFE y que posteriormente evolucionaría a INE. También la creación del Tribunal Electoral Federal, que evolucionó hasta ser “La máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF)”, con la reforma del artículo 99 de agosto de 1996.

Las balas de Chiapas en 1994 promovieron otras reformas en materia política y social. Se reformó la totalidad del artículo segundo de la Constitución y las políticas de atención a los indígenas se ampliaron en todo el país, involucrando a los otros niveles de gobierno.

¿Qué decir de las balas que asesinaron a Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu?

La crisis fue profundamente política y moral. A México le sucedía en 1994 lo que a los Estados Unidos de América le había pasado en los sesentas cuando en menos de cinco años cayeron tres de sus líderes más populares: John y Robert Kennedy y Martín Luther King. Una doble crisis que provocó replantear en serio el rumbo de México.

Todo eso impulsó la reforma de mayor trascendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 1996 la reforma del artículo 122 constitucional, para instaurar la elección del jefe de Gobierno del Distrito Federal; “por votación universal, libre, directa y secreta”… y abunda: “ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección”. Años después, otra reforma le daría su propia Constitución, la elección de ayuntamientos y su propio Congreso.

Los cambios políticos y económicos se vinieron en cascada: El Tratado de Libre Comercio; la alternancia política en estados y capitales; la pérdida de la mayoría priista en la Cámara de Diputados; la alternancia en la Presidencia de la República; el primer juicio por genocidio a un ex presidente de México (Luis Echeverría); el encarcelamiento de un hermano de ex presidente (Raúl Salinas); y nuevos desafíos como el de la seguridad pública, la política mundial y la estabilidad social.

En 51 años, México ha pasado de 48 millones de habitantes a 134 y de un régimen de partido casi hegemónico a uno de más de 30, de los cuales solo 8 se mantienen vigentes. México, una nación plural políticamente.

Desde 1997 la Ciudad de México ha sido gobernada por el PRD y Morena. El PAN gobernó 30 años en Baja California y lleva 28 en Guanajuato. 27 Estados han experimentado alternancias en sus gobiernos. Ya se pudo, un gobernador independiente. Sin duda, el cambio político más importante de México en las últimas cinco décadas, impulsado por la gente, por las balas, por los gobiernos, por los partidos y acelerado primero con la bala del 17 de julio de 1928, y 40 años después… con las del 2 de octubre de 1968 que por eso, no se olvida… ni se olvidará.

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