Caminando hacia la opacidad

Por Gerardo Moreno Valenzuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a avanzar un camino cada vez más alejado de la transparencia y la rendición de cuentas y más pegado a la opacidad, pues mientras por un lado entrega en adjudicación directa ocho de cada 10 contratos de gobierno, por el otro busca eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los cuales precisamente lo obligarían a explicar este tipo de acciones.  

Según un estudio presentado por Mexicanos Contra La Corrupción, hecho con datos oficiales de la plataforma Compranet, se detectó que el Gobierno Federal firmó 137 mil 809 contratos en 2020, de los cuales 110 mil 629 fueron entregados por adjudicación directa, es decir el 80.3%.

Esto representó un recurso público de 189 mil 488 millones de pesos, regalado, lo cual es el 48% del total ejercido. Incluso representa cuatro veces todo el presupuesto federal que envía a Sonora al año.

Además, se entregaron siete mil 549 contratos por invitación de tres participantes, y por licitación pública fueron 15 mil 370 contratos, solo el 11%, cuando debería ser la forma por excelencia según la Ley.

Por eso ahora no sorprende que sea el mismo Presidente quien busque otra jugada para no ser transparente en los hechos y quedarse solo en el discurso mañanero, y es eliminar a los organismos autónomos.

Fue esta semana cuando Andrés Manuel anunció que presentará una reforma para que las funciones del INAI pasen a la Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia del propio gobierno. El argumento es el mismo para todos sus cambios, que son aparatos que cuestan mucho.

Sin embargo, esta propuesta fue tomada por cámaras empresarias y organizaciones sociales como un nuevo ataque a los contrapesos institucionales que existen para protegernos de los abusos del poder, los cuales han costado muchos años y esfuerzo a la sociedad para construirlos.

O cómo es posible pensar en investigaciones donde se usó la Ley de Transparencia para lograr, por ejemplo, cuestionar la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, si no fuera por los resolutivos del INAI para que se abrieran los expedientes de las investigaciones, o también los casos de corrupción demostrada como fue la Casa Blanca o la Estafa Maestra.

Y aunque el presidente aseguró que con estos cambios no habrá información reservada, y que todas las solicitudes de transparencia se resolverán en un plazo de 72 horas. El riesgo de opacidad es muy alto, porque en los hechos demuestra todo lo contrario.

Esta intención presidencial parece una acción más para lograr ser menos transparentes y quitarles armas a los ciudadanos para exigir la rendición de cuentas. Es algo que realmente tiene que hacernos reflexionar, defender estas instituciones y exigir al Gobierno que sirva al pueblo y no a sus intereses personales… Así lo veo yo, cómo lo ven ustedes.