DestacadaNoticias_Recientes

Crean Policía Procesal para nuevo sistema de justicia penal

El pleno del Congreso local aprobó la creación de la Policía Procesal cuya función será resguardar la seguridad de la infraestructura de las Salas de Juicios Orales y de funcionarios que participan en las audiencias.

En sesión ordinaria del pleno, las y los diputados de los diversos partidos políticos aprobaron el dictamen sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, a fin de crear la nueva corporación.

De acuerdo con el dictamen aprobado en forma unánime, la Policía Procesal también tendrá la responsabilidad de la custodia de los inculpados que comparecen a juicio.

Las reformas al marco legal sobre seguridad pública de Sonora se dan con la finalidad de crear el marco legal que permita la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora.

Además, plantea una reordenación de la seguridad pública, redefine los conceptos para alinearlos al Sistema de Justicia Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, elimina conceptos del anterior sistema como los términos de indiciado o averiguación previa y asigna nuevas competencias y responsabilidades a las diversas dependencias que integran la estructura del sistema de seguridad pública estatal.

También define en forma más amplia las funciones de las corporaciones policiales Estatal Investigadora, Estatal de Seguridad Pública y Municipal.

Se crea también la Dirección General de Ejecución de Penas que tiene como función de llevar el control de la aplicación de la sentencia en los Centros de Readaptación Social y la asignación de beneficios de ley que apliquen a la sentencia.

Dicha dependencia atenderá las necesidades de vigilancia y supervisión sobre las diversas medidas de seguridad, medidas cautelares y condiciones interpuestas en la suspensión condicional del proceso, además de las penas dictadas por el órgano judicial.

La modificación a la Ley de Seguridad Pública es un avance hacia un nuevo orden que deberá generar las condiciones para que el Estado pueda obsequiar, a los gobernados, un sistema de justicia penal justo, profesional e imparcial.

Notimex