El pleito de las aguas residuales de Hermosillo

Los ciudadanos debemos estar atentos y exigir, antes que nada, que este asunto se conduzca por los cauces legales; que se denuncien formalmente los hechos

Por Juan J. Sánchez Meza

Aunque a algunos nos parezca de mal gusto, no tiene mucho sentido criticar el espectáculo con el que algunos políticos suelen acompañar sus apariciones públicas y, en algunos casos, sus decisiones lo cual ocurre en todos los partidos y quizá en todas las culturas, si bien con ciertos matices y distintos niveles de calidad. La política es, también, espectáculo.

En ocasiones esas apariciones se acompañan de algún tipo de montaje en el que se teatraliza alguna decisión de gobierno y en donde no importa tanto comunicar, sino impresionar y conmover a la audiencia.

En el caso de Hermosillo, la alcaldesa Célida López gusta de difundir audiovisuales, al final de las cuales promete la continuidad de las historias. Hasta ahora, la que ella llama historia de terror agotó tres capítulos. Por su contenido y de acuerdo con las categorías de Netflix, parece que esta será una serie corta. La historia central de la trama es la operación de unas instalaciones dedicadas al saneamiento de las aguas residuales que generamos los hermosillenses.

De acuerdo con lo dicho por la Alcaldesa, el contrato que celebró AGUAH para la construcción y operación de esas instalaciones proviene de lo que ella llamó “el negocio de unos mañosos” por el que AGUAH paga 18 millones de pesos mensuales, agregando que han encontrado hallazgo tras hallazgo —así dijo— de los que se desprende que la empresa de los mañosos no está cumpliendo con las cláusulas del contrato. Señala además que el contrato está afectado de una gran corrupción, desde su adjudicación, denunciando la presencia de un sobreprecio, gracias a lo que llama contubernio de las autoridades municipales y la empresa contratista. Resulta curioso que califique al convenio de mañoso y abusivo y al mismo tiempo acuse al contratista de que no cumple con éste, aunque tal vez eso sea lo de menos. 

Por otra parte, el jueves 3 de diciembre la Alcaldesa celebró una reunión pública —tercer capítulo— en la que mostró, como resultado de una auditoría, los hallazgos que había ofrecido, en los que se mencionan violaciones a la Ley de Aguas Nacionales, a Normas Oficiales Mexicanas, así como a varias cláusulas del contrato celebrado con los mañosos.

En principio, creo que debemos de dar la bienvenida a toda decisión de gobierno que se oriente no solo al restablecimiento de la legalidad vulnerada por actos de corrupción, sino que se extienda al castigo a quienes desde la responsabilidad pública y privada se coludieron para burlar la ley y beneficiarse de ello, incluyendo desde luego el justo resarcimiento del perjuicio económico generado al patrimonio público.

No perdamos de vista la gravedad de los señalamientos hechos por la autoridad municipal: en principio, se trata de una operación que ha sido calificada de ilegal desde su adjudicación, que se formalizó en un contrato firmado el 11 de abril del año 2012, amén de una serie de violaciones a distintas cláusulas del contrato, en relación a la prestación de un servicio público que constitucionalmente está obligado a prestar el gobierno municipal y que, para decirlo rápido, tiene el propósito de salvaguardar la salud pública de los hermosillenses, evitar la contaminación de suelos y fuentes de agua superficiales y subterráneas y en cuyo desarrollo es obligada la observancia de normatividad de orden federal y local en lo sanitario, ambiental y fiscal y cuya prestación se sostiene financieramente con las aportaciones de todos los que pagamos el recibo de agua.

De ser ciertos los hechos denunciados, comprometerían en grados de probable responsabilidad —que esperamos que la Alcaldesa señale con toda claridad— no solo a la administración de AGUAH a cuyo cargo estuvo el proceso de adjudicación y firma del contrato, es decir, la que correspondería a la gestión municipal 2009-2012, sino a todas aquellas que se sucedieron desde entonces y que, en el mejor de los casos, incurrieron en omisión al no denunciar la hoy llamada historia de terror, por lo menos en lo que se refiere al contubernio al que se refirió la Alcaldesa y que trajo como consecuencia la adjudicación del contrato y el sobreprecio pactado entre los mañosos y los funcionarios de AGUAH. Eso incluiría a quienes han ocupado cargos de responsabilidad directa durante la presente administración municipal. Recordemos que la denuncia formal y documentada de los hechos constitutivos de probable responsabilidad, oficial y/o privada no es una opción, sino una obligación de la autoridad.

Finalmente, los ciudadanos hermosillenses debemos estar atentos y exigir, antes que nada, que este asunto se conduzca por los cauces legales; que se denuncien formalmente los hechos constitutivos de probable responsabilidad pública o privada; que se resarza el daño patrimonial que, en su caso, se haya causado al organismo operador; que los funcionarios que llevaron a cabo los hechos denunciados así como aquellos que los toleraron haciendo la vista gorda, asuman las consecuencias legales y, en todo caso, que quienes, con el carácter de ciudadanos, integran hoy día la máxima autoridad dentro de AGUAH, es decir la Junta de Gobierno, honren su compromiso ante los hermosillenses y acompañen con madurez y responsabilidad este proceso, transparentando ampliamente su actuación.

Le ofrezco, amable lector, leer el convenio en el que se pactó la construcción de la planta y darle mis comentarios sobre la magnitud de los compromisos que tendría que asumir AGUAH para cumplir con su obligación de sanear el drenaje de la ciudad. Mientras tanto, dígame ¿cómo la ve?    

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