Fortalecer a las policías locales

La presencia de las fuerzas armadas, se ha traducido, a nivel local, en un debilitamiento de las capacidades y recursos presupuestales de estados y municipios

Por Juan J. Sánchez Meza

De acuerdo con la organización Indice de Paz México, durante el año 2020 el gasto militar en México alcanzó su máximo histórico, al mismo tiempo que el destinado a la seguridad pública registró su nivel más bajo en los últimos 12 años.

Llama la atención que el incremento en el gasto de las fuerzas armadas mexicanas, que alcanza hoy 140 mil millones de pesos, coincida con una mayor participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, al mismo tiempo que los índices de criminalidad e impunidad van al alza.

No podemos atribuir a este gobierno la incorporación del ejército en labores de combate a la delincuencia, tomando en cuenta que ello viene ocurriendo desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y continuó a lo largo de la administración del Presidente Peña Nieto (2012-2018). A pesar de ello, no cabe duda que la administración lopezobradorista se cuece aparte en este tema.

En principio, porque cuando, desde fuera del poder, resultó conveniente cubrirse con el disfraz de una izquierda progresista, arengó fuertemente en contra de lo que llamó la “militarización de la seguridad pública” y, consecuentemente, se comprometió a hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho: regresar el ejército a los cuarteles.

Pero no solo eso. No debe perderse de vista la eficacia que tuvo, durante la segunda mitad del siglo pasado, una de las más importantes medidas para lograr en México que los mandos militares se alejaran de las ambiciones propias del poder político, lo que se alcanzó por una doble vía: por una parte, impulsando el civilismo característico de las tareas de la administración pública y, por la otra, promoviendo intensivamente el fortalecimiento y profesionalismo de la carrera militar.

Todo ello ha venido sufriendo una clara transformación durante el gobierno del presidente López Obrador. No está claro si el presidente se ha visto simplemente avasallado por una fuerza que no es capaz de contener o si, por el contrario, ese desplazamiento gradual de la fuerza civil del Estado por la fuerza militar en la realización de innumerables funciones como la administración de aeropuertos, la construcción de vías férreas, el traslado de medicamentos y vacunas, es resultado de su impericia para articular una administración pública eficiente.

En los hechos, la presencia de las fuerzas armadas, se ha traducido, a nivel local, en un debilitamiento de las capacidades y recursos presupuestales de estados y municipios, que son desde luego incapaces de competir y cuya reconstrucción parece cada día más lejana y compleja.

Por otra parte, el presidente López Obrador ha trastocado gravemente el marco constitucional mexicano que dispone, por una parte, que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil (Artículo 21) y que, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (Artículo 129).

En la reforma constitucional que habilitó a la Guardia Nacional, como una corporación civil encargada de la seguridad pública, los diputados lograron colar un artículo transitorio en el que se señaló que el presidente de la República podrá disponer, bajo determinados límites, de las fuerzas armadas para para realizar tareas de seguridad pública, se supone que mientras que la GN logre desarrollar plenamente sus capacidades.

Con esa disposición, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados que aprobaron la reforma, hicieron caso omiso de las disposiciones constitucionales que prohíben al ejército el desempeño de dichas tareas.

Más tarde, a través de un simple decreto administrativo, es decir, porque así lo quiso, el presidente de México decidió ordenar a las fuerzas armadas el participar hasta el fin de su sexenio en una serie de tareas que se supone la propia ley confiere a la GN.

Todas esas decisiones vulneran claramente las facultades municipales que la Constitución Mexicana, en su Artículo 115 les confiere a los gobiernos locales, en ejercicio de su autonomía.

Hoy que los sonorenses nos aprestamos a elegir a nuestro gobernador y presidentes municipales, pugnemos por el fortalecimiento, profesionalización y mayor presencia, precisamente de las policías locales a fin de que éstas recuperen el protagonismo que están obligadas a desplegar en la urgente tarea de la seguridad pública, no solo porque así lo ordena la Constitución Política de México, sino porque toda la experiencia a nivel internacional así lo indica y las familias sonorenses así lo exigimos.

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@JuanJaimeSM50