Los desaparecidos de Ayotzinapa, la izquierda y el crimen organizado

Por Dr. Jorge Ballesteros

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa tomaron esta semana la caseta de la autopista del Sol con el pretexto de que exigir la presentación aún con vida de los 43 normalistas desparecidos en Iguala en Guerrero, en septiembre del 2014.

Los jóvenes dieron paso libre a los automovilistas a cambio de una cooperación (robo en despoblado) de entre 50 y 100 pesos, dijeron los normalistas que los dineros van a ser para financiar protestas que van a llevar a cabo entre el 26 y el 27 de este mes. A seis años y 10 meses de la desaparición de su sus compañeros.

Es sabido que la Escuela Normal Rural de Ayotzinapan “Raúl Isidro Burgos”, de la que procedían los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ha sido desde su fundación, un feudo de la izquierda y cuna de guerrilleros, de hecho, en ella se graduaron los líderes guerrilleros mexicanos Lucio Cabañas Barreiro y Genaro Vázquez Rojas de triste memoria por sus tropelías y asesinatos.

Con un largo historial de activismo político de izquierda, Ayotzinapan es conocida en México por su constante agitación y actos vandálicos de sus integrantes, hoy asociados con los grupos delictivos de narcotraficantes conocidos como “Los Rojos”. De sus muros cuelgan fotografías del Che Guevara, Fidel Castro y otros líderes de la izquierda y no han sido pocos los enfrentamientos con la policía que han protagonizado sus estudiantes.

La izquierda ha aprovechado este movimiento de los 43 desaparecidos o muertos de Ayotzinapan para sacarle todo el jugo posible, engañaron a los padres de estos jóvenes asesinados, a los cuales utilizó Morena para fines electoreros y los siguen utilizando para sacarle dinero al gobierno y a los ciudadanos, a los cuales extorsionan en las casetas de cobro de las autopistas.

Siempre trataron de culpar al Gobierno de Peña Nieto y al Ejército de su desaparición y muerte, pero no les dicen la verdad a los padres de los estudiantes, que fue la misma izquierda, coludida con los narcos, la que los asesinó. El desgaste fue impresionante para el PRI y los 43 fueron una bandera electoral que influyó en el triunfo arrollador de la “4-T”.

Los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes fueron el ex alcalde de Iguala, del PRD, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, también del PRD; ambos trabajaban directamente con el grupo de narcos Guerreros Unidos y la mujer era la “principal operadora” de la organización criminal en Iguala.

Abarca entregaba alrededor de tres millones de pesos mensuales a los Guerreros Unidos, de los cuales al menos 600 mil pesos se destinaban como pago adicional de la nómina de la policía municipal. Dos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda trabajaban para el cartel de los Beltrán Leyva. AMLO, promovió a Abarca, junto a Los Chuchos, a la alcaldía de Iguala

En el caso de los estudiantes de la Normal Superior de Guerrero, la desaparición forzada fue una acción concertada entre distintos actores de gobierno y el crimen organizado, dejando a la luz pública lo que no se quiere reconocer en los niveles más altos del gobierno morenista: el surgimiento de un Narco Estado en nuestro país.

A punto de cumplirse casi 7 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, lo que quieren ocultar los representantes del gobierno federal de Morena, es que el Narco Estado o el cogobierno del crimen organizado en México ya es una realidad.

Los casos de Guerrero y Michoacán son los ejemplos más claros de la fusión del poder político con el de las bandas del crimen organizado y de cómo este último ha avanzado hasta llegar a controlar zonas del territorio nacional donde no hay otra ley que la voluntad del jefe de la plaza que puede ser el gobernador o el jefe de la policía. En estas dos entidades hay revelaciones de los grupos criminales que afirman haber entregado a los gobernadores en turno grandes cantidades de dinero para que ganaran las pasadas elecciones.

Sidronio Casarrubias, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, reveló hace tiempo que la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero fue financiada por la familia Pineda Villa, de la cual era parte María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala y operadora de ese mismo grupo criminal.

En Guerrero se perfiló con claridad la existencia del Narco Estado con sus respectivas características similares: El control de territorio por parte de los grupos criminales; la imposición de jefes policiacos a la voluntad del crimen organizado; la corrupción de las autoridades civiles y militares; el cogobierno; la economía local en manos de industria criminal; el cobro de impuestos como el derecho de piso y la instauración del terror como principal instrumento de control y dominio social, publicó el periodista José Gil Olmos.  

Desde el 26 de septiembre de 2014 hasta la fecha, la investigación ha logrado desenredarse un poco; sin embargo, la información sigue siendo abrumadora. Omar García, sobreviviente a uno de los sucesos más graves de la historia del país, analizó pruebas e hizo sus propias conclusiones.

El ex dirigente del Comité Estudiantil de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, confirmó la presencia del crimen organizado dentro de dicha institución.

En redes sociales, García detalló en una publicación la supuesta cercanía que existió entre los narcos y algunos normalistas en 2012. “Al ser Ayotzinapa territorio en disputa, o por lo menos al estar localizada en Tixtla, Guerrrero, lugar que desde hace casi una década se vienen disputando Los Ardillos y Los Rojos, ¿por qué descartar que se hayan infiltrado los narcos en la escuela?”, cuestionó el ex dirigente.

“Tomemos en cuenta que en 2012 fueron expulsados (por acuerdo de asamblea) algunos estudiantes al ser descubiertos distribuyendo drogas (mariguana y coca) y que tras ser expulsados ingresaron a la normal acompañados de sus amiguitos sicarios y le propinaron una golpiza a dos de los principales dirigentes del Comité Estudiantil. Cabe añadir que regresaron empuñando armas de fuego”.

La teoría oficial sobre el ataque, secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, señala que estos fueron asesinados por narcos de Iguala, una capital comarcal de Guerrero, en el México profundo, e incinerados en un basurero en medio del monte.

Señalaron al alcalde de Iguala José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de tener vínculos estrechos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.

Varios testigos han sido parte de esas investigaciones, uno de ellos es Neftalí “N”, conocido también como “El Pan Crudo” sería una pieza clave para las indagatorias. Fue aprehendido por las autoridades mexicanas señalado por entregar a los estudiantes a Guerreros Unidos, el grupo delictivo involucrado con la desaparición forzada de los normalistas

En la columna “Testigo clave de la noche de Iguala”, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer que este hombre era agente de un Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal de Iguala, quienes se autodenominaban “Los Bélicos” y estaban ligados a Guerreros Unidos.

“Los Bélicos” habrían interceptado los autobuses en los que se movilizaban los estudiantes hacia la Ciudad de México para la marcha anual del 2 de octubre. La versión relata que frenaron el autobús que tenía el número 1568 y se llevaron a alrededor de 25 estudiantes que viajaban en el vehículo para trasladarlos a una comandancia.

El comunicador destacó que hay varios testimonios sobre aquel día que confirman la estancia de las víctimas en la comandancia. Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relataría que 30 minutos después, un hombre identificado como el “Patrón” fue quien habría ordenado la entrega de los normalistas a Guerreros Unidos.

“El 13 de mayo de 2012, el diario El Sur, de Guerrero, publicó la siguiente nota informativa “Al término de su discurso en Iguala, López Obrador convocó a los perredistas, petistas, de Movimiento Ciudadano y de Morena a votar y promover el voto y apoyar a José Luis Abarca, candidato de la coalición a la alcaldía de Iguala…”. Sí, el Presidente López Obrador no puede omitir su responsabilidad política en esa tragedia.