Mina El Parián: devastación y despojo en Bacoachi

Por Imanol Caneyada/

Además del despojo, las actividades de la mina han tenido un impacto ecológico en las tierras comunales de Nuestra Señora de Guadalupe  

Ignorados, ninguneados, amenazados por el Gobierno del estado con usar la fuerza pública; silenciados, humillados, la historia de agravios contra la comunidad de origen ópata del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe, a quince kilómetros de Bacoachi, ha llegado a su máxima expresión con la mina de oro El Parián, la cual trabaja de forma clandestina en los terrenos comunales de este poblado hundido en el rezago social.

Son muchas las historias en las que estas cincuenta familias de origen ópata, reunidas en 2,662 hectáreas, han visto violentados sus derechos, tanto humanos como de posesionarios.

Este asentamiento carece de servicios de agua, luz y drenaje; no tiene centro de salud ni escuela ni pavimento; olvidados por el Estado, sobreviven de la ganadería y la agricultura.

A pesar de contar con un decreto presidencial fechado en 1976 que reconoce como tierras comunales el asentamiento de esta comunidad, las autoridades no siempre respetan los límites, bien por corrupción, bien por indiferencia.

Es el caso de Juan Manuel Gallegos, un cacique, lo definen los comuneros, que ha sido tres veces alcalde de Bacoachi y que ha invadido las tierras de la comunidad con 200 cabezas de ganado.

El pasado mes de noviembre, los días tres, cuatro y cinco, realizaron una corrida ganadera en el lugar y se encontraron con estas 200 cabezas de ganado que no pertenecen a Nuestra Señora de Guadalupe.

Como marca la ley de ganadería, procedieron a ubicar en un corral a los animales y durante cinco días les dieron de comer, mientras el dueño, Juan Manuel Gallegos, pasaba a recogerlos.

Ha transcurrido mes y medio de aquello y el mencionado Gallegos no ha respondido por su ganado, alegando que él también tiene derecho a usar esas tierras.

Si bien reportaron el incidente a la Secretaría de Ganadería de Sonora para que haga cumplir la ley y obligue al dueño del ganado a retirarlo, la dependencia no ha movido un dedo y las 200 reses siguen en la comuna, con un costo ya de 500 mil pesos en pienso, veterinarios y medicamentos.

Los comuneros están convencidos de que las relaciones políticas de Gallegos lo protegen y por ello no se aplica la ley.

Lo anterior es apenas una de las gotas que ha rebasado el vaso y ha orillado a los comuneros a bloquear el paso a su comunidad, hartos de los abusos.

Una mina clandestina, devastación y despojo

¡Ya basta!, han dicho los integrantes de Nuestra Señora de Guadalupe, encabezados por su presidente Francisco Martínez Figueroa, y se han plantado en el acceso a la comunidad para que no pase nadie.

En 2009, un ciudadano estadounidense de nombre Aaron Spencer, asociado con la Unión de Gambusinos El Parián, iniciaron la explotación de la mina El Parián, de la que principalmente extraen oro.

Según los gambusinos, sacan un promedio de seis kilos mensuales, es decir, 72 kilos al año.

El problema es que esta mina se asienta en 500 hectáreas que pertenecen a las tierras comunales de Nuestra Señora de Guadalupe, por lo que la Unión de Gambusinos El Parián ha incurrido en despojo.

La explotación de la mina, según los denunciantes, no está registrada en la Secretaría de Economía, no tiene la anuencia de la comunidad, no cuenta con el traslado de uso de suelo de ganadero a minero y no posee un estudio de impacto ambiental.

Es decir, funciona en la clandestinidad.

Además del despojo, las actividades de la mina han tenido un impacto ecológico devastador en las tierras comunales de Nuestra Señora de Guadalupe.

Los comuneros han podido constatar la destrucción de tres kilómetros de árboles, plantados en el marco del programa de reforestación de CONAFOR, del que la comunidad es participante. Mientras que los comuneros reforestaron la zona con 14 mil árboles de mezquite de julio de 2013 a la fecha, los explotadores de la mina han arrasado con más de tres mil metros de bosque.

Además, la mina El Parián, sin autorización de Conagua, ha construido siete represos para lavar el mineral que extraen.

Las aguas con que lavan el oro, muy altas en arsénico y mercurio, van a dar al arroyo Buenos Aires, afluente del Río Sonora. De este arroyo beben animales y personas de la comunidad.

Ya se ha presentado una alta mortandad en reses y fauna silvestre de la zona, como coyotes, y enfermedades gastrointestinales en los comuneros.

Tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como la Conagua tienen conocimiento de esta situación, mediante la denuncia que hace dos años presentaron los comuneros.

No obstante, apenas el mes pasado acudieron autoridades de ambas dependencias para dar fe de los hechos.

El 11 de noviembre, la Profepa levantó un acta circunstanciada en la que confirmaba los daños al ambiente. Desde entonces los comuneros no han tenido noticias de la autoridad ambiental y no han sabido de ninguna acción en contra de la mina.

Por esas fechas la Conagua realizaba la verificación de que la mina, de manera ilegal, había construido los represos e invadido el cauce del arroyo. Tampoco ha habido ninguna acción legal consecuente.

También pusieron las correspondientes denuncias ante el Ministerio Público del Fuero Común de Cananea, la primera en 2009 y la segunda en 2012; pero a estas fechas la autoridad ministerial ni siquiera consigna el expediente ante un juez.

Hartos del silencio, la complicidad y la indiferencia de las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, los comuneros, el pasado 11 de septiembre decidieron cerrar el acceso a la comunidad, impidiendo el paso a la Unión de Gambusinos El Parián, por lo que los trabajos en la mina clandestina, de momento, se encuentran detenidos.

Esto ha creado una gran tensión en Bacoachi que amenaza con degenerar en violencia.

La única autoridad que de momento ha respondido al conflicto es la del Tribunal Agrario No. 28, con sede en Hermosillo, que el pasado 27 de noviembre emitió un fallo a favor de los comuneros, ordenando a la mina restituir 10 hectáreas e indemnizar por los daños ocasionados a la comunidad, además de obligar a Juan José Gallegos a retirar sus cabezas de ganado de las tierras comunales.

Ni Gallegos ni los mineros han acatado el fallo; muy al contrario, la reacción de la Unión de Gambusinos ha sido tomar las instalaciones del Palacio Municipal de Bacoachi.

Los comuneros de Nuestra Señora de Guadalupe están dispuestos a mantenerse firmes en su lucha, aseguran, y ni las amenazas del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, quien en la entrevista que sostuvo con los comuneros los quiso amedrentar con el uso de la fuerza pública si no liberaban el paso, harán que cedan un ápice.

Ya basta, claman, de esta historia de abusos que se pierde en el tiempo.