Otra vez, uno más

Por Gerardo Moreno

No puede haber otras palabras más que indignación y rabia por la facilidad en que en México se puede matar a periodistas y comunicadores que ejercen el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, sin que haya consecuencias al respecto.

Lo comento por el cruel asesinato del colega Rafael Murúa Manríquez, quien el pasado sábado 19 de enero fue reportado como desaparecido en el municipio de Mugelé, Baja California Sur. Pero el domingo apareció asesinado en un paradero ubicado en el kilómetro 40 de la carretera de San Ignacio a Santa Rosalía con una herida de bala en el Tórax.

Rafael Murúa se convirtió en el primer periodista asesinado este 2019 y el segundo durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Un comienzo nada halagador para el gremio.

Lo más preocupante es que Rafael ya es la víctima 122 desde el primero de enero del año 2000 a la fecha, según el recuento de la asociación Artículo 19. Sin dudas ser reportero, camarógrafo, articulista y comunicador se ha vuelta una profesión de alto riesgo en México.

Según la asociación Reporteros Sin Fronteras, en el 2018 se asesinaron en el país a nueve comunicadores. Colocando a México en tercer lugar mundial como “el lugar más mortífero para periodistas”, solo por debajo de Siria que tuvo 11 y Afganistán que está en primer lugar con 15.

Sin embargo, México es el “país en paz” con mayor número de asesinatos de periodistas y al parecer la situación no cambiará este 2019.

Lo que indigna es la facilidad en que se puede secuestrar y asesinar personas en nuestro país. Rafael ya había denunciado amenazas de muerte, fue incluido en el programa de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos del Gobierno Federal y aun así apareció muerto.

Con eso solo podemos cuestionar sí los mecanismos del Estado para proteger los derechos humanos de los ciudadanos son suficientes y reales, o son pura simulación para decir que están haciendo algo. El problema es que la evidencia apunta hacia lo segundo.

Según el presupuesto de Egresos del 2019 del Gobierno Federal, hay una disminución real del 28% del presupuesto para la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), al pasar de 17.89 millones de pesos en 2018 a 12.88 millones este año.

Además la Feadle mantiene sin resolver más del 90% de los casos que se denuncian, tanto de agresiones como de asesinatos de periodistas y comunicadores, un porcentaje que es claro ejemplo de la impunidad.

Y mientras exista impunidad seguirán los crímenes contra la prensa y también contra los defensores de los derechos humanos. Generando un país donde nadie se atreva a señalar, investigar y publicar los excesos de las autoridades, perdiendo así toda la sociedad. Por eso el crimen de Rafael Murúa no puede quedar archivado y sin respuesta.

Pero, así lo Veo yo. ¿Cómo lo ven ustedes? 

Twitter @GerardoMorenoV