¿Quién frenará a los casinos?

Por Gerardo Moreno/

Una ola de iniciativas anti casinos llegó al Congreso del Estado; tanto el PRI como el PAN presentaron reformas a diversas leyes, sin embargo están en riesgo de terminar siendo ‘letra muerta’ al no tener una garantía de su correcta aplicación

Los diputados de la 60 Legislatura respondieron a las denuncias sobre las problemáticas que la proliferación de casinos ha traído a los sonorenses. Con varias iniciativas buscan atacar y frenar la apertura de más centros de apuestas y atender la adicción al juego. Sin embargo ninguna garantiza su correcta aplicación en la realidad, una vez aprobada y fuera del papel.

La primera propuesta fue presentada el 23 de mayo por el diputado priista, Samuel Moreno Terán, llamada: “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Sonora y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora”. Esta reforma en teoría pondría ponerle un verdadero freno a la proliferación de Casinos en el estado de Sonora y además viene a darle la seriedad que merece la adicción al juego (ludopatía).

Un par de iniciativas muy similares fueron presentadas por el diputado del PAN, Raúl Augusto Silva Vela el 28 de mayo, llamadas: “Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora” e “Iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones y de la Ley de Salud”.

En la primera busca erradicar sin ninguna consideración la creación de más casinos en el Estado y en la segunda que se acepte a la ludopatía con una enfermedad mental al igual que cualquier otra adicción.

La última propuesta fue presentada por el Diputado panista Javier Neblina Vega, como “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones y de la Ley de Salud, ambas para el Estado de Sonora”, donde busca prohibir la venta de bebidas alcohólicas dentro de los casinos.

El principal problema de las iniciativas presentadas ―las cuales apenas fueron turnadas a comisiones―, como muchas leyes que se promulgan, es que corren el riesgo de terminar como letra muerta dentro del Congreso, ya que ninguna crea un órgano o brinda un mecanismo formal que regule y vigile que las propuestas sean acatadas como se tiene previsto y solo le pasan la responsabilidad a las autoridades de Desarrollo Urbano y Salud, quienes en un principio permitieron que el problema creciera hasta donde está.

El Congreso debe actuar

En la propuesta del diputado Samuel Moreno Terán señala, en su parte expositiva que los centros de apuestas “parecen no tener control”, pues en tiempo muy corto se han proliferado a tal grado que se encuentran fácilmente en lugares frecuentados por las familias como supermercados, centros comerciales, centros de trabajo y escuelas. (El documento al día del cierre, 29 de mayo, aún no se encuentra en la sección de iniciativas de ley de la página web del Congreso del Estado, solo en la Gaceta del 22 de mayo).

El documento es contundente al señalar el principal problema que los casinos traen que es la adicción al juego. Donde la señala a la ludopatía como una enfermedad mental que no solo afecta al adicto ―el 20% llega a atentar contra su propia vida― sino a toda la sociedad, ya que cada ludópata perturba a 20 personas directamente y muchas más indirectamente.

Por lo cual dice que “el Poder Legislativo debe prestar atención a este grave problema y se avoque al combate de esta enfermedad mental que amenaza con extenderse a la par de la desmedida proliferación de los centros de apuestas…”

Por esto, explica el documento, la iniciativa va en dos sentidos, primero ampliar la Ley de Salud en el renglón de combate a las adicciones aceptando a la ludopatía como enfermedad mental y obligando al estado a crear programas para atenderla desde la prevención, combate, hasta erradicarla.

Y por otro lado evitar que se sigan abriendo casinos, modificando la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya que dicha ley tiene la finalidad “de mejorar el nivel de vida de los sonorenses, en todos sus aspectos, combatiendo todo aquello que implique una afectación directa o indirecta a los individuos como a la sociedad en conjunto”. Basados en su artículo segundo de dicha ley donde dice las construcciones deben estar acorde con el bienestar social de la población.

Aceptando de esta manera que el Congreso del Estado no solo tiene la posibilidad de impedir que más casinos se abran en la entidad, sino que tiene la obligación y la responsabilidad social de evitarlo.

Iniciativa concreta           

La propuesta planea la reforma al artículo 60 de la Ley de Salud, para agregar en el inciso primero donde se refiere a las enfermedades mentales la palabra ludópatas, aceptándola así como una enfermedad. Además agrega el capítulo V al título décimo donde responsabiliza al Ejecutivo del Estado para realizar acciones coordinadas con la Secretaría de salud y destinar recursos para ejecutar programas de atención contra la ludopatía, enfocados en la prevención, educación y fomento de actividades principalmente donde existen casinos.

Por otro lado adiciona el artículo 122 Bis-A a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Donde señala que se determinará los polígonos para la ubicación de casinos bajo las siguientes condiciones:

1.- Sobre accesos a carreteras, autopistas o libramientos. Así como zonas hoteleras o de atracción turísticas, siempre y cuando estén fuera del área urbana. Señala que deberán estar a una distancia cuando menos de cinco mil metros de áreas residenciales, instituciones educativas centros de desarrollo infantil, guarderías, hospitales, clínicas o centros de rehabilitación.

2.- Deberán cumplir con las disposiciones en materia de protección civil, ambiental, seguridad y demás legislaciones aplicables.

3.- Solo se autorizará una licencia de uso de suelo para el establecimiento de un centro de apuestas por cada 300 mil habitantes.

Además aclara que previo a iniciar las obras de edificación, licencia, permiso o autorización estos centros de apuestas requerirán del directamente favorable de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado y además obtener el dictamen favorable de la autoridad competente en materia de protección civil y ambiental. De tal forma que no se les debe permitir iniciar la construcción o remodelación de un casino sin el permiso de uso de suelo y el dictamen de responsabilidad social y no solo con iniciar los trámites como actualmente sucede.

Para que se cumpla con lo anterior, la propuesta señala en sus artículos tercero y cuarto transitorios que los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y además tendrán la autorización de supervisar a los centros de apuestas y casinos una vez que empiecen a operar para que cumplan con la normatividad.

Alcances reales

La iniciativa del diputado Samuel Moreno actualmente se encuentra en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud que presiden los legisladores José Abraham Mendívil y Raúl Augusto Silva Vela respectivamente. Y está en su etapa de análisis, discusión o en su caso dictaminar.

En términos generales las iniciativas anti casinos frenarían la proliferación de estos centros de apuestas, además ya le dan un sentido real y en su justa dimensión al problema de la ludopatía. Sin embargo dejan la responsabilidad de su aplicación a la autoridad, misma que permitió que la problemática creciera hasta este punto. Por lo tanto esta reformas, de ser aprobada, están en riesgo de terminar siendo letra muerta al no tener una garantía de su correcta aplicación.

Según información obtenida a través de la Ley de Transparencia, la Secretaría de Hacienda ha recaudado gracias al impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos ―que agrava a los casinos y que inició a cobrarse en el 2011―, la cantidad de 17 millones 460 mil 734 pesos.

El primer año que recaudó este gravamen fue en 2011 y logró cobrar $3,395,243.00 pesos. Para el siguiente año, la Secretaría de Hacienda recaudó por este concepto $11,367,718.00 pesos. Y de enero a abril del presente año han llegado a las arcas estatales $2,697,773.00 pesos.