¿A qué sabe la actual transición?

Se están dejando llevar por las presiones de reacomodo de fuerzas que caracterizan a cada intervalo presidencial, donde un día sí y otro también, se generan presiones para ganar espacios y posiciones de poder

Por Bulmaro Pacheco

Como generación, nos tocó vivir la transición entre los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, a finales de 1976. Años agitados, por los conflictos agrarios de fin de sexenio, coronados por la primera gran devaluación del peso frente al dólar, ocurrida en agosto de 1976, cuando el dólar se fue de 12.50 —una paridad sostenida desde 1954— a cerca de 20 pesos para finales de ese año.

Hubo un alza desproporcionada de precios, y la gente sintió por primera vez que las posibilidades de movilidad social que ofrecían tanto la educación superior como el esfuerzo propio, se detenían por las confusiones y las complejidades de la economía, que necesariamente gravitaban sobre las expectativas de progreso de la población.

En julio de 1976 se eligió a José López Portillo, y ese intervalo de cinco meses previos a su toma de posesión estuvo plagado de rumores, tensiones, conflictos y presiones, en un enfrentamiento directo entre el Gobierno y el sector privado.

La crisis económica estalló en 1982 y en el inter de la elección-toma de posesión (López Portillo-De La Madrid) devino en la expropiación de la banca privada, y de nuevo tensiones, enfrentamientos y crisis política, atenuada por el arribo de un nuevo presidente de la República.

En el lapso elección-toma de posesión de 1988 nos tocó vivir la tensa transición tanto de la “caída del sistema” como la reunificación de las izquierdas, y la crisis del PRI.

En el interregno se negociaron y diseñaron importantes reformas políticas y económicas que contribuyeron a disminuir las tensiones y reorientar al país. Un nuevo presidente, Carlos Salinas, hizo importantes reformas en tres años, a grado tal que el PRI se recuperó tres años después ganando 290 de los 300 distritos electorales federales.

La otra transición que a muchos nos marcó fue la de 1994. En enero, la explosión político social de Chiapas con el EZLN; en marzo, el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio; en abril, el cambio de candidato del PRI (En el PAN, la fuerza de la candidatura de Diego Fernández de Cevallos, que con el tiempo se opacó); en junio, la amenaza de renuncia de Jorge Carpizo a la Secretaría de Gobernación; en agosto, la abrumadora participación política del 77 % de los votantes en la elección presidencial de Ernesto Zedillo; y en septiembre, el asesinato del secretario general del PRI y líder de la mayoría en la Cámara de Diputados: José Francisco Ruiz Massieu.

El periodo de julio a diciembre de 1994 fue muy complicado y tenso, y culminó con el llamado “error de diciembre”: otra devaluación del peso frente al dólar. Y para agravar la situación, en 1995 se presentó la dolorosa caída cercana al 7% de la economía mexicana.

Después de esa crisis ya nada fue igual en México. El PRI se desgastó, crecieron las oposiciones y se amplió la pluralidad en la representación política, perdiendo en poco tiempo el PRI 12 de los 32 gobiernos estatales más la capital del país.

En la elección del 2000, el PRI perdió por primera vez la Presidencia de la República, y el lapso julio-diciembre fue terso y en paz por la contribución del presidente Ernesto Zedillo, que evitó cualquier disputa post electoral en esos meses.

Nadie en sus cinco sentidos sabía lo que realmente podría pasar en México con la victoria electoral de Vicente Fox y el PAN para los seis años que seguían. Hubo abundantes tesis políticas —como ahora—, sobre el derrumbamiento del sistema político tradicional, sobre la muerte del PRI y sobre el cambio de gobierno, por el exceso de confianza y de expectativas desmedidas que había generado la candidatura del ex gobernador de Guanajuato. Amplias capas de la población votante, no dudaron en apostarle a un cambio, sin que necesariamente se supiera de qué se trataba o hacia dónde se dirigía dicho cambio. Nunca hubo definiciones claras.

Fox tuvo que hacer malabares para que no se le descompusiera el gobierno y echó mano de las alianzas con el PRI y otros partidos, porque nunca supo cómo gobernar con los adversarios. No le entendió de fondo a la compleja maquinaria del gobierno federal, y se deduce que en muchas ocasiones pensó que con solo ganar una elección las cosas iban a cambiar en automático en México. No fue así. Ahí está el juicio de la historia sobre su sexenio.

En 2006, el interregno entre Fox y Calderón fue difícil, porque se reeditó el conflicto post electoral que se creía desterrado de la política mexicana, por lo cerrado de la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Por primera vez en la historia se puso en riesgo la toma de posesión de un presidente de la República en la Cámara de Diputados en diciembre del 2006. De no haber sido por la colaboración de los legisladores PRI, otra hubiera sido la historia.

Ese conflicto post electoral dio pie a reformas que con el tiempo cubrieron vacíos constitucionales relacionados con la figura presidencial (artículos 84 y 87 de la CPEUM). También de ahí viene la disposición agregada a las leyes electorales de que si los resultados de la elección se deciden por menos de un punto porcentual, se da derecho a la revisión (artículo 311 LEGIPE) voto por voto casilla por casilla, en todos los niveles. Algo que no existía antes del plantón del Paseo de Reforma (en 2006) y se ha aplicado recientemente en la elección de Puebla.

La transición de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto no tuvo mayores alteraciones. Peña Nieto ganó por más de tres millones de votos.

Las izquierdas procesaron su quinta derrota en elección presidencial desde 1988 (las cinco con solo dos candidatos) y fue en ese 2012 cuando se intensificó la desbandada y se multiplicaron las escisiones.

Quizá por eso se desató la violencia del sector más radical en la Ciudad de México el día que el presidente Peña Nieto tomó posesión. Hordas de jóvenes se dieron a la tarea de quebrar cristales y apedrear los comercios de la zona centro de la ciudad, como una forma se protestar el primer día de gobierno con el PRI de regreso a la Presidencia de México.

La actual transición tiene otro sabor, por varios factores que nunca se habían presentado en México: La cesión de la agenda pública del presidente en funciones al electo; la revelación de los nombres de los integrantes del gabinete presidencial meses antes de la toma de posesión; la toma de decisiones públicas —de autoridad— sin tener la investidura constitucional todavía; la crisis de los partidos políticos tradicionales; una deficiente calidad de los trabajos del Poder Legislativo; y un activismo radical del partido triunfante en la elección para construir su estructura territorial, creando expectativas con los programas de gobierno más cercanos al interés de la gente (jóvenes, adultos mayores, becas, gratuidad de la educación, mujeres), y buscando aglutinar con la operación de los compromisos de campaña que más efectismo político les generó (pensiones de los ex presidentes, cancelación de las reformas, etcétera).

Sin embargo, salvo en lo referente al proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, el gabinete y los programas sociales, en ningún capítulo de la política pública hay definiciones todavía del próximo gobierno. Las definiciones en torno al nuevo aeropuerto, básicamente por la cuestionada consulta —que ignoró totalmente la Constitución—, reabren un capítulo importante de los enfrentamientos del gobierno entrante con el sector privado, que se había cerrado en los últimos 40 años (desde la expropiación de la banca privada).

Las ofertas en torno a los traslados de la burocracia federal a algunos estados, han puesto en tensión a los propios trabajadores y a los sindicatos federales, que hasta la fecha permanecen sin diálogo con el nuevo gobierno. Igual las amenazas de reducción de los sueldos.

La estrategia de recibir en audiencia —por parte del presidente electo—a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que solo representa en lo nacional dos secciones completas (7 y 22) y dos compartidas (9 y 18) antes que a la dirigencia nacional del SNTE —que ostenta la verdadera titularidad de los derechos de los trabajadores de la educación en las 55 secciones—, representa un mal precedente para la estabilidad política y laboral de los próximos meses, y una mala señal de que no se está entendiendo lo que realmente pasa en ese sector.

Todo indica que se están dejando llevar por las presiones de reacomodo de fuerzas que caracterizan a cada intervalo presidencial, donde un día sí y otro también, se generan presiones para ganar espacios y posiciones de poder mediante la inflamación de conflictos reales y artificiales.

Dice Zepeda Patterson: “El uso de una consulta pública improvisada para oponer la voluntad del pueblo al interés de las élites, sienta un precedente peligroso para las siguientes controversias. Apelar al supuesto sentir de la calle es un procedimiento utilizado por regímenes de muy dudosa reputación cuando se hace irresponsablemente”.

“No es deseable que el temor a los mercados financieros gobiernen a un país, pero es suicida cargar contra ellos. La pregunta de fondo es si López Obrador tiene la sensibilidad y capacidad política para bregar en ese delicado terreno o está dando palos de ciego. Lo sabremos pronto”.

¿Nuevos estilos y nuevas reglas? Parece que sí, pero mientras no se reforme el actual régimen político ni se cambie la Constitución que nos rige, resulta temerario ignorar lo elemental y negar radicalmente lo que se ha logrado con muchos sacrificios de mexicanos, que no necesariamente militaban en un partido político y que lo dieron todo por México.

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