Asesinatos de periodistas en México: complacencia y complicidad del Estado

Si 2016 se presentó como un año negro para el periodismo en México, rompiendo el récord de comunicadores asesinados, 2017 lo está superando con creces; funcionarios y miembros de partidos políticos, responsables del 50% de agresiones

Por Imanol Caneyada

Uno más y suman 10 en lo que va de año. De nuevo Veracruz, esta vez se trata del reportero del “Diario de Acayucan” Cándido Ríos.

El año pasado, la organización Artículo 19 reportaba 10 homicidios de comunicadores, lo que rompía un récord en la administración de Peña Nieto y se acercaba a los 11 asesinatos registrados durante el 2011, aún con Felipe Calderón en la presidencia, siempre según la misma organización independiente defensora de la libertad de expresión en todo el mundo.

Si en 2015 agredían a un periodista en México cada 22 horas, en 2017 la ONG reportó un intervalo de 15 horas entre una y otra agresión durante el primer semestre.

El 50% de los responsables de las 276 agresiones denunciadas en los primeros seis meses del año son funcionarios o miembros de un partido político, establece Artículo 19.

En el caso de Cándido Ríos, masacrado a tiros a las afueras de una tienda en el pueblo de Covarrubias, según han reportado medios de la localidad, lo paradójico es que formaba parte de un programa gubernamental de protección a periodistas en Veracruz.

No le valió de nada, igual lo mataron. Informan sus colegas que Ríos había tenido varios enfrentamientos y desavenencias con exalcaldes de Acayucan.

El trágico panorama, que atenta contra la libertad de expresión nos guste o no, tiene su rostro más macabro en las entidades federativas, en donde los mal llamados “medios locales” han recibido la peor parte de esta ofensiva contra la prensa.

La lista de los periodistas asesinados así lo confirma: Cecilio Pineda (Guerrero), Ricardo Monlui (Veracruz), Miroslava Breach (Chihuahua), Maximino Rodríguez (Baja California Sur), Filiberto Álvarez (Morelos), Javier Valdez (Sinaloa), Jonathan Rodríguez (Jalisco), Salvador Adame (Michoacán), Luciano Rivera (Baja California) y ahora Cándido Ríos (Veracruz).

La indefensión de los medios de comunicación y sus trabajadores en los estados tiene varias aristas; la principal: la incapacidad de los gobiernos estatales de proteger a los comunicadores y, en muchos casos, la responsabilidad directa de los políticos en las entidades federativas en las agresiones contra comunicadores.

A tres meses del asesinato de Javier Valdez, no ha caído ni un solo responsable.

En el caso de Miroslava Breach, el gobernador Javier Corral aseguró en abril de este año que ya tenían identificado al autor material y a los autores intelectuales del homicidio de la periodista de Ciudad Juárez, pero desde entonces no se ha reportado ni una sola detención.

En ese mismo mes, Gabriel Federico Ochoa Cárdenas fue ejecutado en la ciudad fronteriza; a su lado apareció una cartulina que lo señalaba como el homicida de la reportera.

Desde entonces, silencio.

En el caso de Cecilio Pineda, cuyo asesinato ocurrió el 2 de marzo, el primero de esta tétrica lista, la PGR anunció que abría una carpeta de investigación.

A cinco meses, no se ha reportado ni un solo avance que pueda arrojar luz sobre el o los responsables del crimen.

En cuanto a Ricardo Monlui, asesinado 17 días después, ni la fiscalía veracruzana ni la PGR han reportado ningún hallazgo en la investigación.

El 14 de abril, el periodista Maximino Rodríguez fue asesinado en un centro comercial de La Paz. El primero de junio, la procuraduría estatal y la PGR anunciaban la detención de tres probables responsables del homicidio del comunicador; están en espera de juicio.

El pasado 10 de mayo, la fiscalía del estado de Morelos daba a conocer la detención y vinculación de uno de los presuntos autores intelectuales del crimen del locutor Filiberto Álvarez, asesinado el 29 de abril.

Confiaban en que pronto darían con los dos asesinos materiales. A cuatro meses, no ha sido así.

La investigación sobre el asesinato del periodista Jonathan Rodríguez en Jalisco, acaecido el pasado 15 de mayo, a la fecha no ha arrojado ningún avance.

Los familiares de Salvador Adame, comunicador desaparecido el pasado 19 de mayo en Michoacán, se niegan a reconocer que los restos calcinados encontrados por la fiscalía el 14 de junio sean los del periodista y exigen un peritaje internacional, ya que la procuraduría michoacana lo primero que hizo fue criminalizar a Adame aduciendo que su desaparición estaba relacionada con un pleito personal con un cabecilla del crimen organizado de la región.

Esta táctica, la de criminalizar al periodista, es constantemente empleada por las fiscalías estatales, como ya han denunciado Artículo 19 y otras organizaciones.

El 31 de julio mataban al periodista Luciano Rivera en Rosarito, Baja California. Hasta el momento, la fiscalía de la entidad ha reportado un detenido, el chofer del taxi en el que huyeron los homicidas.

Artículo 19, en su informe del primer semestre del año, también reporta tres intentos de asesinato contra tres periodistas: Sonia Córdova, madre de Luciano Rivera y directora del semanario El Costeño, donde laboraba su hijo ultimado; Julio Omar Gámez, que salió milagrosamente ileso de un atentado el pasado mes de abril en La Paz, Baja California, no así su guardaespaldas, asignado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien murió en el lugar de los hechos protegiendo al reportero; y un tercer comunicador cuya identidad la organización no da a conocer por seguridad del implicado.

Todos los casos de homicidio tienen dos denominadores comunes: el primero, fueron realizados a plena luz del día con testigos presenciales; el otro, la impunidad.

En cuanto a las agresiones físicas a comunicadores, Artículo 19 reporta 43 casos; de estos, en 37 ocasiones los presuntos responsables fueron funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos.

En las elecciones recientes, especialmente en Coahuila y Estado de México, integrantes del PRI fueron responsables de 11 agresiones a comunicadores que cubrían el día de los comicios; dos en el caso de MORENA y uno del PAN.

En el caso de Sonora, el periodista empalmense Alfredo Jiménez Mota lleva 13 años desaparecido; en todo este tiempo no ha habido una sola detención ni se han hallado los restos del joven reportero del que no se ha vuelto a saber nada.

Con el asesinato del escritor y periodista Javier Valdez, muy cercano al periodismo sonorense, se reactivó la indignación y un grupo de comunicadores acudió al Gobierno del Estado y al Congreso con la petición de diseñar protocolos y mecanismos de protección a los comunicadores, como ya existen en otras entidades.

De momento, los trabajos apuntan a la designación de un fiscal especializado y a la creación de una ley de protección; aún no hay resultados.

Si bien en la actual administración no se han reportado agresiones graves y homicidios en contra de comunicadores, sí han externado algunos de ellos fuertes presiones e intimidación por parte del Gobierno del estado cuando han sido críticos con este.

Los casos más relevantes han sido los del periodista Javier Quintero, quien optó por renunciar a Uniradio Noticias e irse a la Ciudad de México debido a las presiones de funcionarios del Gobierno del estado, y más recientemente Luis Alberto Medina, cuyo programa Proyecto Puente salió del aire en la frecuencia de Larsa Comunicaciones y en la actualidad continúa su labor informativa por Internet.