Así lo veo yo | Se viene la Cuenta Pública

Por Gerardo Moreno

A más tardar este 30 de agosto el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) deberá entregar el informe general de la revisión de la Cuenta Pública 2018, la cual incluye al Gobierno del Estado, organismos autónomos y a los 72 municipios.

En él se verá, con auditorías claras hechas por los expertos del ISAF si hay o no mal ejercicio del recurso público, como se ha venido denunciando en algunos espacios públicos, si hay indicios de corrupción y hasta casos que puedan dar pie a denuncias penales.

Sin embargo, si sucede como lo anunció el diputado Fermín Trujillo Fuentes, presidente de la comisión de vigilancia del ISAF en el Congreso, que hay claros indicios de faltas graves en los ayuntamientos que podrían tener consecuencias administrativas y hasta penales según los informes trimestrales.

“En cuanto a lo que viene, de acuerdo al informe trimestral y al semestral, hay algunos municipios del pasado y del reciente que están en condiciones de observación serias que se darán a conocer en el momento adecuado por parte de la autoridad”, dijo Trujillo Fuentes.

Ya fueron muy sonados los casos de los ex alcaldes de Empalme, Carlos Enrique Gómez Cota, y el de Nogales, Cuauhtémoc Galindo Delgado. Donde a ambos se le atribuye un daño patrimonial millonario que dejó en serios problemas financieros a sus municipios.

También están casos como el de Hermosillo, donde la actual administración ha comentado hasta el cansancio la mala administración de Manuel Ignacio Acosta, pero nunca presentó denuncia formal.

Sin embargo, ahora con los informes del 2018 ya podrá saber si las denuncias en los municipios como Guaymas y Navojoa, hay algunos elementos claros para demostrar malversación de fondos ya de los actuales alcaldes.

De ser así, las consecuencias son claras y están marcadas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora y la Ley de Contabilidad Gubernamental y por supuesto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde tanto los funcionarios que la incumplan como los alcaldes podrían ser alcanzados.

En ese sentido, solo se espera que si el ISAF detectó malversación o desvió de recursos en los municipios haya consecuencias, tanto administrativas que lleguen a inhabilitaciones como penales. De lo contrario, como hemos dicho en este espacio, los funcionarios creen que es muy fácil robar o mal gastar el dinero de los ciudadanos y lo seguirán haciendo.

Así lo veo yo, cómo la ven ustedes.