Senado aprueba en lo general cuarto dictamen en materia energética

El Senado aprobó en lo general el dictamen que contiene la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

El dictamen fue avalado por 85 votos a favor del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, frente a 26 votos en contra del PRD y PT.

Con las nuevas disposiciones se reglamentan las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

En este mismo dictamen se aprobó la regulación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

Durante el debate, la panista Sonia Mendoza aseguró que los órganos reguladores contarán con facultades clave para garantizar el combate a la corrupción, pues la normatividad establece que los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que otorguen o celebren estarán sujetos a la Ley Federal de Anticorrupción.

El panista Francisco Búrquez explicó que los órganos deberán cumplir con el mandato de máxima publicidad, por lo que deberán gravar y almacenar sus audiencias y hacer públicas sus resoluciones.

La perredista Dolores Padierna afirmó con este día pasará a la historia como el día en la que la mitad del territorio y mar mexicano queda a expensas de los intereses privados.

«En esta ley de órganos reguladores no sólo se aniquila la propiedad social, como los ejidos, la propiedad comunal, las tierras de la propiedad indígena y los pueblos originarios, sino que además se dan facultades a estos órganos para conducir ese proceso de despojo, porque tendrán a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos», dijo.

«Los órganos reguladores facilitarán en todo lo necesario a las empresas privadas para que puedan disponer de los predios que requieran para hacer sus negocios, el entreguismo privatizador llega al extremo de poner a remate todos los activos de nuestras empresas estatales ahora propiedad exclusiva del Gobierno federal y sus aliados en estos negocios energéticos».

A nombre del PRI, Miguel Ángel Chico lamentó que los perredistas sólo hayan pasado a tribuna para «desinformar» o «malinterpretar» el contenido de la legislación ante la opinión pública.

«Hay intervenciones agresivas, ofensivas que hemos escuchado; hay algunas que no varían mucho de discurso en discurso y en ese sentido poco enriquecen el debate. Emplear más tiempo en cuestiones generales que en definiciones precisas. Su objetivo es atacar el indudable impulso reformador del Presidente Peña Nieto», agregó.

De acuerdo con la reforma, los órganos reguladores tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión, además de contar con personalidad jurídica

Internamente, contarán con un órgano de gobierno integrado por siete comisionados que serán designados en periodos escalonados de siete años

Los comisionados serán propuestos por el Presidente la República, quien someterá a consideración del Senado una terna.

Los aspirantes deberán comparecer ante la Cámara alta y sólo podrán ser designados si alcanzan el voto de las dos terceras partes, es decir, mayoría calificada.

El Senado sólo podrá rechazar las propuestas del Presidente en dos ocasiones, ya que, después, quedará en él la facultad de nombrar a los comisionados.

Los funcionarios sólo podrán ser removidos de su cargo por no asistir a las sesiones, aprovechar la información en su poder para su beneficio, incurrir en conflicto de interés o haber sido declarados en interdicción.

El Senado realizó modificaciones a la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para que los nuevos órganos reguladores del sector energético queden sujetos a la Ley Federal Anticorrupción.

Las dos comisiones contarán con un órgano de control adscrito a las áreas de Responsabilidades, Quejas y Auditoría.

Los órganos quedan obligados a establecer disposiciones y políticas para prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones irregulares, así como ilícitos o negligentes.

Para evitar los actos de corrupción, los órganos deberán identificar, sistematizar y administrar los factores de riesgo que puedan presentarse durante los procesos para la suscripción u otorgamiento de contratos, autorizaciones o permisos.

También tendrán que prevenir, detectar y canalizar a las autoridades competentes los actos y omisiones que pueden constituir prácticas de corrupción.

En los artículos transitorios se establece que mientras las comisiones integran sus órganos internos de control o sus unidades encargados de la auditoría interna, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Energía ejercerá sus facultades.

Adicionalmente, se faculta a los órganos reguladores a imponer sanciones económicas.

Se puntualiza que las conductas previstas en la Ley de Hidrocarburos podrán ser castigadas por la nueva Agencia, en el ámbito de su competencia.

Se advierte que también podrá castigar, con la suspensión o revocación de licencias, las autorizaciones permisos y registros en los casos previstos en la Ley.

Además establecen sanciones económicas por infracciones graves o reiteradas a la Ley de la Agencia o de Hidrocarburos.

«La Agencia podrá suspender a recoger licencias, autorizaciones, felices y registros conforman los términos previstos en las mismas», agrega.

«Sin perjuicio las sanciones económicas aplicables, la Agencia podrá sancionar violaciones graves o reiteradas a lo establecido en esta Ley y la Ley de Hidrocarburos, con amonestación, suspensión, remoción o inhabilitaciones personal que preste sus servicios a una signatario contratista».

REFORMA