Ciudadanos exigentes Vs. clientelas políticas

En la medida en que un ciudadano se convierte en titular de derechos reconocidos por la Constitución, se torna en un elemento anómalo que distorsiona la lógica del populista

Por Juan J. Sánchez Meza

En todos los regímenes de signo populista, no sólo el que ahora tenemos en México, el titular del poder, el hombre fuerte, hace un lado a las instituciones e incluso a sus propios colaboradores, porque unas y otros son auténticos estorbos que, al colocarse entre el pueblo y él, hacen que su imagen se diluya y se pierda el efecto deseado: el ser admirado, amado; el único responsable de dar y repartir.

En la medida en que un ciudadano se convierte en titular de derechos reconocidos por la Constitución y las leyes, se torna en un elemento anómalo que distorsiona la lógica del populista, porque está en condiciones de exigir del aparato público el cumplimiento de una obligación que es correlativa a ese derecho y eso rompe con la lógica autoritaria del populista que lo que busca no son ciudadanos, sino clientelas políticas agradecidas por sus dádivas: la beca, la transferencia bancaria y, en fin, todo aquello que el populista esté dispuesto a regalar no como una obligación derivada del derecho ciudadano, sino como un desprendimiento generoso de un hombre providencial y magnánimo.

Desde el mes de junio del año 2011, la Constitución mexicana reconoció que los Derechos Humanos contenidos en ella implican la obligación del Estado Mexicano —de todas las autoridades, sin excepción— de garantizar su cumplimento y más allá de eso, están obligadas a promoverlos, respetarlos y protegerlos.

Estamos hablando del derecho a la salud, que obliga al gobierno a suministrar atención médica, medicinas, estudios de laboratorio, etc., lo obliga a garantizar la educación, es decir, construir escuelas, equiparlas de forma adecuada y poner al frente del grupo a un maestro pagado por el gobierno; a suministrar los servicios de agua potable y saneamiento en forma permanente y salubre, etc., etc.

En una plática reciente, el Ministro en retiro José Ramón Cossío nos recordaba la importancia de distinguir a los ciudadanos exigentes, empoderados por el ejercicio de los derechos que la Constitución les confiere, de aquellas clientelas políticas receptoras de las dádivas que el populista les acerca, con lo que los despoja de su carácter de ciudadanos plenamente capaces de exigir sus derechos para convertirlos en dependientes suyos.    

Por eso al presidente de México le molestan los jueces, los tribunales, los órganos autónomos del Estado, los colaboradores insumisos, porque las decisiones de éstos no pasan por el ámbito de su voluntad y especialmente porque son capaces de reconocer y hacer valer derechos ciudadanos y obligar al aparato público a hacerlos efectivos.

No perdamos de vista que los Derechos Humanos solo pueden realizarse a través de la administración pública y si bien es cierto que en muchos de ellos es posible lograr su materialización a través de procedimientos judiciales, es una fantasía suponer que esa es la salida.

Vuelvo con el Ministro Cossío Díaz que pone como ejemplo la atención a la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, donde en promedio se atiende a un millón de derechohabientes al mes, entre cirugías, exámenes médicos, consultas, estudios de gabinete  y una extensa variedad de servicios. 

Se pregunta el jurisconsulto si es posible que logremos que el derecho a la salud sea plenamente realizable en México, a través de sentencias judiciales y se contesta que no, agregando que si bien es cierto que podemos obtener importantes correctivos que incidan en la mejoría del sistema de salud, la verdadera pelea del derecho a la salud, como los demás derechos sociales, están en la administración pública

Cien o mil abogados pueden ganar una sentencia al día, nos recuerda, pero ¿qué hay con las otras 999 mil?

Los derechos humanos están ahí, pero si queremos hacerlos plenamente nuestros nos los tenemos que ganar.

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@JuanJaimeSM50